RESUMEN. En el presente artículo se analiza la adopción del sistema de partidos políticos en Costa Rica, a finales del siglo XIX, a partir del estudio de lo local. En este caso concreto, estudiamos la comunidad de Santo Domingo de Heredia. De esta forma, es un abordaje de lo electoral en un contexto donde la economía y la sociedad han sufrido grandes transformaciones, teniendo un notable impacto en las poblaciones del centro del país. Los partidos políticos, al ser estructuras para la movilización de los ciudadanos, responden a la realidad de una sociedad más compleja; pero también recogen el legado de las pugnas por el poder vinculados a los problemas locales y a la influencia de diversos sectores. De ahí que nos interesa describir ese contexto y el rol de los diferentes actores políticos. En síntesis, es un estudio sobre el tránsito de las facciones a los partidos y cómo se manifestó en él la participación de los individuos y grupos sociales.1

PALABRAS CLAVE. Partidos políticos; historia local; historia política; democracia.

ABSTRACT. This article analyzes the adoption of the political party system in Costa Rica, at the end of the 19th century, based on the study of the local. In this specific case, we study the community of Santo Domingo de Heredia. In this way, it is an approach to electoral matters in a context where the economy and society have undergone great transformations, having a notable impact on the populations in the center of the country. Political parties, being structures for the mobilization of citizens, respond to the reality of a more complex society; but they also collect the legacy of struggles for power linked to local problems and the influence of various sectors. Hence, we are interested in describing this context and the role of the different political actors. In summary, it is a study on the transition from factions to parties and how the participation of individuals and social groups was manifested in it.

KEYWORDS. Political parties; local history; political history; democracy.

1. EL CONTEXTO NACIONAL Y LA POLÍTICA LOCAL

“A nuestros compañeros de partido, a todos los partidarios y especialmente a los miembros de los clubs electorales, damos las más cumplidas gracias por la oportunidad de sus servicios.”2

En la edición del 30 de mayo de 1885, el periódico LA CHIRIMÍA, un medio caracterizado por su
liberalismo radical, publicó un escrito anónimo donde se hacía un conjunto de señalamientos contra las principales autoridades locales del cantón de Santo Domingo. El redactor puso especial énfasis en denunciar que

Muy notable curiosidad es la manera como están enlazadas a esta fecha las autoridades de aquella (Villa): el Presidente Municipal es un amigo antiquísimo de los otros dos Munícipes, y hermano político y compadre del que actualmente hace de Jefe Político, el cual en estos dos últimos años pasados que sirvió la alcaldía única, con buen director, no aprendió siquiera a hacer una orden de citación. (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 30 de mayo 1885, 1).

Y terminaba el denunciante con una acusación muy directa:

Dicho Jefe Político ha sido y es como un hijo adoptivo del Padre Benito Sáenz al calor del cual se ha criado, y del cual es compadre espiritual y este cura es hermano político del actual gobernador de Heredia. Esta notable curiosidad huele a monopolio de destinos públicos. (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 30 de mayo de 1885, 1).

La cita anterior refleja algunos aspectos del desarrollo de la política local, a fines del siglo XIX. Queda en evidencia la existencia de pugnas entre grupos, relacionadas con el acceso y mantenimiento del control de las instituciones cantonales. Además, se reflejan algunos mecanismos utilizados en esa dinámica, lo cual permite identificar ciertos rasgos del poder político local. En este artículo pretendemos identificar cómo se desarrollaron las prácticas electorales a nivel del cantón de Santo Domingo, a finales del siglo XIX, y cómo influyó en ellas el naciente sistema de partidos. Por eso, identificamos los diversos actores políticos y su significado para el régimen político local.

La dinámica municipal estaba influenciada por los rasgos presentes en la política nacional costarricense. Consecuentemente, para precisar mejor las claves del poder local y su ligamen con los procesos electorales se requiere identificar los factores del proceso político costarricense que le afectaban directamente. En concreto, y conforme al periodo en estudio, señalamos ciertos aspectos globales de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo aquellos ligados a la apertura del sistema político, el marco de la ciudadanía, el desarrollo del sistema de partidos, el auge de la opinión pública y la prensa.

Poco antes de morir, en 1882, el presidente Tomás Guardia restableció la Constitución de 1871. No obstante, su gobierno dictatorial hizo intentos por legitimarse al tratar de emitir una nueva constitución, situación que no se consolidó dada la naturaleza independiente de las distintas asambleas constituyentes electas para tal fin. De hecho, el dictador terminó clausurándolas. El grado de represión y el estrecho ligamen con la Iglesia Católica generaron, tras la muerte de Guardia, una fuerte reacción liberal, lo que implicó un fortalecimiento de los medios de prensa y un resurgimiento de las prácticas electorales. De esta forma, prensa y sufragio tuvieron un nexo muy estrecho que contribuyó a agitar la política y a incidir con fuerza en las luchas locales (Blen, 1983, 17-39). Consiguientemente, la denuncia a través de los periódicos se hizo constante y esta se consolidó, a su vez, como una herramienta para influir sobre los gobernantes y en la lucha por el control de las instituciones del Estado.3

En el espacio municipal esta práctica también se presentó con fuerza. En efecto, fue común proyectar en los periódicos los avatares de la lucha política local. La denuncia trascrita al inicio, donde se atacaba a las autoridades domingueñas, era una manifestación de lo que acontecía en otras comunidades del país. En efecto, los señalamientos contra jefes políticos, alcaldes, regidores, curas, y hasta maestros y telegrafistas, fueron constantes y cada vez más intensos. El afán por denunciar tanto la falta de idoneidad de un funcionario como sus conductas abusivas e ilegales, o la existencia de rivalidades entre grupos locales, motivaba el recurso a la prensa. Aunque los periódicos decimonónicos se redactaron e imprimieron fundamentalmente en las principales ciudades y, principalmente en San José, su presencia en el resto del país fue indiscutible. Fue un recurso para influir en la opinión pública de las otras ciudades y villas. Tal como lo indicaba un periódico liberal: “En estos momentos dedicados a preparar la opinión pública, para hacer luz y enseñar a los ciudadanos a escoger el camino que deben seguir en los instantes más delicados de su vida, como miembros de una comunidad política.” (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 23 de febrero 1886, 2).

Para tal fin, la figura del agente (a veces denominado también como corresponsal) cobró una notable relevancia. Fue éste a quien se atribuyó la responsabilidad de distribuir el periódico en cada localidad. Según la naturaleza del medio, los beneficios de este personaje podían traducirse en una remuneración económica. De todas formas, al tener un carácter fuertemente politizado, normalmente los agentes trabajaban de forma voluntaria. Incluso, podrían ser actores directos en la lucha electoral. Por otra parte, la constante referencia a los acontecimientos en cada población denota la importancia que podía tener una referencia negativa en un periódico. La denuncia podía ser breve o muy extensa, pero su simple existencia difícilmente pasaba desapercibida. Independientemente de la veracidad del texto publicado, éste podía servir tanto como recurso contra el abuso en el ejercicio de la administración pública como un arma de algún dirigente local para debilitar a su rival. Textos como el siguiente son constantes en la prensa de finales del siglo 19: “Don Timoteo prende a ciudadanos porque no quieren votar y los amenaza con venir a decir que son enemigos del Gobierno los que no votan por una lista en que figuran sus parientes y paniaguados”4 (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 13 de marzo 1886, 2). No era extraño que algún aludido contestara e intentara descalificarla, sobre todo por el uso constante del anonimato. Por supuesto, la referencia en el periódico cumplía otras finalidades más allá de informar sobre el conflicto. De hecho, existía otra intencionalidad que se desprende del contenido de los textos, así como de la insistencia en atacar y cuestionar a ciertos personajes e individuos. Por lo anterior, se deduce que el impacto de la publicación tenía consecuencias importantes en el ámbito local, tales como contribuir al acrecentamiento y prolongación de la controversia como en proyectar entre la población cierta imagen (negativa en la mayoría de los casos) sobre el otro. De cara a un proceso electoral, esto último fue significativo. No en vano, algunos conflictos se ventilaron durante varias ediciones y en diversos periódicos a la vez, lo que conllevó, en no pocas ocasiones, a una descripción detallada de los eventos. Por supuesto, esto magnificaba la intensidad del conflicto y reproducía con fuerza la visión del redactor. En el caso de Santo Domingo de Heredia, esto fue visible en ciertas coyunturas que mencionaremos adelante.

También, el contexto nacional explica parte de esa dimensión. En el caso de nuestro período de estudio, y tal como lo indicamos atrás, tras la muerte de Tomás Guardia hubo un resurgir de las prácticas electorales y del ejercicio de las libertades. El liberalismo imperante, con un marcado carácter positivista, se interesó en debilitar a la Iglesia Católica y en romper con el legado guardista. No en vano, la época de los gobiernos de Guardia, sobre todo el segundo (1877-1882), fue representado como la época del “oscurantismo”, de la “dictadura”, y un conjunto de señalamientos similares que pretendía ligar su gobierno con la Iglesia Católica y evidenciarlo como violador de las garantías individuales y causante de múltiples males.5 Los eventos de 1884 y las importantes reformas jurídicas de los años siguientes reflejan el proyecto de los liberales y la necesidad de debilitar a algunos sectores ligados al anterior régimen (eventualmente por razones económicas y hasta personales) o aquellos representados como más conservadores por su cercanía con la Iglesia (Badilla Gómez, 1988; Vargas Arias, 1991). Incluso, el conjunto de intereses a la sombra del poder o conflictos de otro origen (comercial, financiero) incitaban a etiquetar a los rivales para descalificarlos y, con ello, debilitarlos. La política de la época era turbulenta tanto en el espacio de los supremos poderes como en la esfera local (Figueroa, 2010).6 En síntesis, con el cambio de régimen hubo facciones que, en el ámbito nacional, paulatinamente perdieron influencia. Otras, por el contrario, tomaron mayor vigor. Un caso concreto es el de la oligarquía herediana, estrechamente ligada a Guardia, que entró en permanente conflicto con los liberales positivistas durante la década de 1880 (Sánchez, 2013). Dicha oligarquía tenía una influencia importante sobre sectores influyentes originarios de las poblaciones vecinas, entre ellas el grupo dominante en la política local de Santo Domingo.

Lo anterior también permite comprender el involucramiento de la prensa dentro de los conflictos locales. En efecto, los periódicos expresaban la posición política de su propietario y éste tendía a evidenciarla a la hora de hacer referencia sobre algún grupo político local. Así, por ejemplo, el periódico Otro Diario, de inspiración liberal, promovió como su candidato a diputado por Heredia, en 1886, a Félix Arcadio Montero, abogado de Santo Domingo y rival de un grupo local de este cantón ligado al cura Benito Sáenz. (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 3 de abril de 1886, 3). No es de extrañar los constantes ataques publicados en ese medio contra esta facción, ataques posiblemente redactados por Montero. En una de sus ediciones, bajo la firma anónima de “Unos vecinos” se hizo referencia a un actor político protagonista del cantón, Agapito Bolaños, a quien se descalificó insinuando sobre “la torpeza que [se] comete con indicar para munícipes a hombres tan sencillos y que no saben leer ni escribir.” Como Bolaños era Jefe Político se denunciaba, además, que él “no es el hombre de espíritu público llamado a regentar la Jefatura Política de nuestra villa” (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 30 de enero 1886, 3). Aunque la filiación de cada periódico se expresara sin tapujos, este tipo de ataque o denuncia generalmente se hacía por la vía mencionada atrás: la del anonimato. Los periódicos tenían una sección denominada Remitidos, que no era más que cartas enviadas al redactor, donde un supuesto grupo de vecinos o un personaje anónimo individualizado, denunciaba alguna situación relacionada con la comunidad local. De esta forma, los periódicos liberales (mayoritarios desde 1882) atacaron con insistencia a los candidatos y grupos políticos de corte opositor.

Las coyunturas electorales, durante las dos décadas siguientes, evidenciaron una notoria agresividad a través de la prensa. Durante el proceso electoral de 1885-1886, la prensa liberal atacó a los sectores vinculados al candidato opositor Víctor Guardia (hermano del expresidente Tomás). La exigencia de otorgar la adhesión al candidato oficialista, a la postre el presidente en ejercicio Bernardo Soto, denotó una actitud intolerante y autoritaria, propia del liberalismo de la época.7 La descalificación ante la prensa formaba parte de esa postura. La constante de denuncias y ataques contra algún grupo local, rayando casi en la difamación, reflejaba una estrategia más extendida para triunfar en la política nacional.

En tal sentido, se reflejan dos aspectos ligados al sistema político y con fuerte incidencia en el espacio local. Por un lado, reaparece la denuncia contra los abusos de poder o la mala gestión en la administración pública, lo cual expresa el resurgir de las formas democrático-liberales al tolerar y/o estimular ese espacio de fiscalización. Por el otro, advierte que el conflicto político se trasladaba a la prensa, espacio donde se dirimían asuntos específicos contra actores políticos concretos, ya fuera un individuo o un grupo rival. Así, la opinión pública alcanzaba nuevos cauces. La actitud crítica contra la gestión de un jefe político, de un alcalde o de un regidor, a lo sumo contra un gobernador, era la norma, máxime si se trataba de un antagonista. El autoritarismo vigente, al igual que los subsidios estatales y el excesivo cálculo político para contar con la venia de las más altas autoridades, contribuyeron a limitar la reprobación contra las autoridades del Poder Ejecutivo. No en vano, desde los inicios del periodo en estudio, es posible identificar un servilismo que podía rayar en un cuasi culto hacia la persona del presidente de turno.8

Un tercer factor que liga la prensa nacional con la política local es el desarrollo del sistema de partidos políticos. En efecto, tras la breve experiencia de la Convención Constitucional, en 1868, los gobiernos de Tomás Guardia afectaron la competitividad, así como la extensión del disenso y la práctica efectiva del sufragio universal presentes desde 1859. Fue hasta el final de su gobierno cuando, gradualmente, los grupos en pugna tuvieron un escenario relativamente más favorable para desarrollar una confrontación electoral. Al menos, se torna posible en la investigación histórica identificar los grupos a nivel nacional y local. La prensa jugó ahí un papel significativo, fundamentalmente gracias a su carácter partidista y en el marco del proceso de resurgimiento liberal presente durante las dos últimas décadas del siglo XIX. Un caso que lo ejemplifica con claridad es el periódico El Boletín Electoral, principal órgano del oficialista Partido Liberal, en 1886, y del Partido Liberal Progresista, en 1889. Para la primera elección mencionada, además de presentarse como el representante de dicho partido, y su Consejo editorial asumir la condición de directiva nacional, hubo especial interés en evidenciar el apoyo que el candidato Soto recibía en el espacio local. Tal como lo expresaba en una de sus ediciones: “Se han organizado juntas en las villas, que se comunican con los corresponsales que nuestro Club tiene en las cabeceras de provincias” (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 4 de febrero de 1886,2).9 Para el caso concreto de Heredia, se agradeció “… a los miembros del comité central de la ciudad de Heredia, la buena voluntad con que secundan nuestros esfuerzos. Ellos mismos han ido a las villas y barrios importantes a dejar organizadas las juntas correspondientes” (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 9 de febrero de 1886, 2). De esta forma, en cada edición se adjuntaban listados de ciudadanos que suscribían su apoyo al candidato Soto, a la vez que, comúnmente, se indicaban los miembros de la directiva o “club” local.10 Era una manifestación de organización y de apoyo ciudadano que pretendía evidenciar cual era el grupo más fuerte. No en vano, distintos círculos locales, en pugna entre sí, competían para alcanzar un mayor apoyo en la comunidad y, así, obtener la venía desde las alturas en San José. En este marco, no era extraño que grupos rivales a nivel local apoyaran, por convicción u oportunismo, al mismo candidato a nivel nacional. Tal como veremos, esta situación se hizo presente en Santo Domingo y fue reflejo de los avatares de la política cantonal.

Un último factor que favoreció el recurso a la prensa como medio para incidir en la opinión pública fue la existencia de un régimen amplio de ciudadanía masculina. En 1859, tras el golpe de Estado contra Juan Rafael Mora, se convocó a una Asamblea Constituyente, la cual eliminó los altos requisitos económicos exigidos para ser ciudadano que imperaron durante más de tres lustros. En adelante, y retornando al sistema imperante con la Constitución Política de 1825, se indicaba que:

“Art. 52 Son ciudadanos costarricenses todos los naturales de la República o naturalizados en ella, que tengan veinte años o dieciocho si fuesen casados o profesores de alguna ciencia, siempre que unos y otros posean alguna propiedad u oficio honesto, cuyos frutos o ganancias sean suficientes para mantenerlos con proporción a su estado.”

Esta redacción prácticamente se mantuvo íntegra en la Constitución de 1871 (artículo 9), la que rigió durante el periodo en estudio. Si bien se conservó el sistema electoral de dos grados, donde los ciudadanos votaban únicamente para electores (quienes sí debían contar con un capital o ingreso mínimo), el ejercicio pleno del sufragio para los hombres adultos fue evidente. Es decir, se consolidó el sufragio universal masculino. Tal como lo indicaba un influyente periódico: “El sufragio popular es a la democracia lo que la sangre es al cuerpo” (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 3 de marzo de 1886, 2). Así, el establecimiento y desarrollo del voto universal masculino pretendía, formalmente, hacer partícipe de la vida política a la mayoría de los hombres adultos. Con ello, el rito del sufragio se extendió a una parte significativa de la población. Ésta, gracias a la dinámica de organización y movilización de los partidos, se involucró de forma más activa en los procesos electorales. Esto se evidenció desde la década de 1860 y, tras la interrupción ocasionada durante los gobiernos de Guardia, fue aún más claro a partir de 1882. Los partidos políticos alcanzaron su plena madurez en la primera década del siglo XX.

La prensa se convirtió en una herramienta para acceder a amplios sectores de la población. Aunque, a finales del siglo XIX, el tiraje de ejemplares de cada periódico era relativamente limitado dados los costos de impresión, y había un alto porcentaje de analfabetismo, su impacto debe medirse como un proceso en aumento. En 1873, solamente había 85 escuelas en 285 pueblos y barrios del país, donde apenas concurrían 5000 niños (Quesada, 205, 19). En el caso del cantón de Santo Domingo, el gobernador de Heredia reportaba, para 1880, la existencia de seis escuelas de primera enseñanza (sobre 36 en toda la provincia) atendidas por once personas entre maestros y ayudantes. El total de alumnos en la provincia era de 3510.11 Los datos del censo levantado en noviembre de 1883 indican que Santo Domingo contaba con una población de 4254 personas, de las cuales 833 solamente sabían leer y 813 podían leer y escribir (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 1975, 90). No obstante, las reformas educativas iniciadas a partir de 1886 contribuyeron a una paulatina disminución del analfabetismo en las primeras décadas del siglo 20 (Quesada, 2003, 11). Conforme a lo anterior, debe notarse que la lectura que algunos hacían del contenido de las publicaciones tenía una evidente proyección social gracias al comentario, la discusión en la pulpería o la plaza y la difusión de la injuria y el rumor. De hecho, el texto de los comentarios publicados parece reflejar una intencionalidad: tener un impacto importante dentro del público al cual se dirigía.12

Las décadas siguientes a la muerte de Tomás Guardia se caracterizaron por el desarrollo de un liberalismo positivista y, en ese sentido, anticlerical. Esta fue la tónica de los gobiernos de Próspero Fernández (1882-1885), Bernardo Soto (1885-1886 y 1886-1889), Carlos Durán (1889-1890), José Joaquín Rodríguez (1890-1894), Rafael Iglesias Castro (1894-1898 y 1898-1902), Ascensión Esquivel (1902-1906) y Cleto González Víquez (1906-1910). La Iglesia Católica sufrió un debilitamiento en su control sobre ciertos espacios de poder como consecuencia de las reformas liberales de la década de los ochentas (secularización de los cementerios, expulsión de los jesuitas, matrimonio civil, divorcio, educación laica, Registro Civil) y reaccionó apoyando a Rodríguez para revertir la situación. Al no lograr su objetivo, participó en las elecciones de 1894 con el Partido Unión Católica. Esta coyuntura terminó en una fuerte represión a los electores y principales dirigentes. Esta situación conllevó al establecimiento, en 1895, de la prohibición constitucional de usar motivos religiosos con fines electorales. Tras este proceso, las relaciones retornaron a la tranquilidad. En dicha dinámica, los grupos locales se caracterizaron por tomar posición con respecto a los actores nacionales, lo cual se manifestó en los procesos electorales y el desarrollo del sistema de partidos políticos. De eso trataremos en el siguiente apartado.

2. ACTORES Y RÉGIMEN POLÍTICO LOCAL EN SANTO DOMINGO

2.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

Aunque los conflictos políticos nacionales impactaron en los grupos locales de Santo Domingo de Heredia, lo que se evidencia en el choque entre liberales y personas más cercanas a la Iglesia Católica liderada por el cura Benito Sáenz, es necesario identificar también los aspectos estrictamente cantonales que influyeron en el régimen político local. En ese sentido, nos planteamos: ¿Cuáles son los actores políticos que lo configuran? Y, como consecuencia de lo anterior, ¿cómo interactúan dichos actores? Precisamente, esta interacción define el régimen. En primer lugar, y tomando como referencia (con las diferencias del caso) una clasificación hecha por Charles Tilly (2006) como herramienta conceptual para definirlos en el espacio estatal,13 proponemos la siguiente lista: 14

a) Actores protagonistas: Formales Informales Externos

b) Actores subordinados

c) Sujetos leales

En el primer caso, señalamos aquellos individuos que manifiestan un liderazgo efectivo, es decir, aquel que les permite el ejercicio constante (no necesariamente continuo) de cargos públicos, quienes son, a la vez, los que determinan el contenido de la toma de decisiones. En éste apartado incluimos también a aquellos actores que, aunque no ocupan cargos en las instancias estatales locales, si influyen directamente sobre los individuos que los ocupan. Esta primera categoría es la más relevante por su complejidad, pues requiere reconocer líneas divisorias que, al fin y al cabo, no son más que la identificación de liderazgos. Por eso los definimos como actores protagonistas. Tomando como base la realidad de un sistema electoral, en el marco de un naciente sistema de partidos como el vigente en la Costa Rica de finales del siglo XIX, y conforme a las características de un cantón como Santo Domingo de Heredia, debe considerarse la interacción colaboradora, competitiva y/o confrontativa de dos o más actores de este tipo. Dentro de los aspectos a tomar en cuenta, proponemos la publicitación de ese liderazgo bajo la forma del ejercicio de cargos públicos, lo cual lo torna en un protagonista formal dado que así es representado dentro del sistema jurídico político. Éste aspecto debe tomar en cuenta algunos elementos:

a. El líder de un grupo no siempre ocupa cargos públicos, pero cuando su grupo triunfa en las elecciones es él quien lo ocupa.

b. El liderazgo está determinado por factores diversos tales como carisma, capacidad de negociación, visión estratégica, padrinazgos, influencia social, condición económica, lazos familiares.

c. En ciertas condiciones, el líder no puede ocupar un cargo (suspensión, prohibición legal, conveniencia y otros), pero esto no le impide influir sobre las personas que lo ejercen, considerando que, a futuro, será él quien ostente los puestos públicos.

d. Un líder tiene un margen de acción limitada, por lo cual requiere entrar en colaboración con otros líderes. De esta forma, en un mismo grupo político puede haber diversos protagonistas formales e informales. Hay una situación de conveniencia recíproca, por lo cual el éxito del grupo, en términos de efectividad en el alcance de sus objetivos, está ligado a esa colaboración. En ocasiones, pueden darse alianzas muy coyunturales con líderes espontáneos o ciertos sectores. Pero entre ellos puede, luego, surgir la competencia y hasta el conflicto.

Por otra parte, están los protagonistas informales. Estos pueden ocupar algún cargo público, pero en ello no reside su peso o influencia. Más bien, este surge de condiciones específicas, tales como una capacidad notable para usufructuar de la influencia social y/o de la condición económica. En tal sentido, este actor podría ser el líder real por encima de cualquier actor formal. Basta un ejercicio plenamente efectivo de las condiciones que le otorgan capacidad política (coincidentes con el punto b) expuesto atrás).

Finalmente, los protagonistas externos corresponden a actores que no se desenvuelven directamente en el escenario local, pues su situación particular lo orienta simultáneamente en otros y diversos escenarios, posiblemente de mayor relevancia para él. De todas formas, logra tener presencia en las decisiones políticas locales y es un factor de notable influencia en ellas. Al respecto, y de acuerdo con nuestro tema de investigación, identificamos como actores a los políticos nacionales y, fundamentalmente, al gobernador de Heredia.

En torno a la dinámica de partidos políticos, hay otros participantes en los conflictos quienes, aun cuando ocupan cargos públicos o participan en la toma de decisiones, lo hacen de forma subordinada a los líderes. El activismo de estos actores subordinados es visible y puede orientar la labor de los dirigentes principales o de los líderes a la sombra, pero no son ellos quienes definen o imponen el rumbo. En otras palabras, forman parte de la estructura del grupo y contribuyen con las necesidades de organización de éste; son encargados de la carpintería electoral, no de la ideación de estrategias. Así, son actores necesarios, algunos potenciales líderes, pero su participación se inscribe con menor peso o trascendencia. En este apartado, podemos incluir tanto a actores individuales como a actores colectivos. En el marco de la movilización propia de los procesos electorales, y en la necesidad de mostrar fuerza política en determinadas coyunturas, abarcamos otro tipo de actor: el sujeto leal. Generalmente son ciudadanos que apoyan con su voto, con su presencia y/o con su firma la labor de los líderes, siendo incorporados por los actores protagonistas y por los actores subordinados, aunque la dinámica de grupo orienta y exige que sean estos últimos quienes asuman la mayor responsabilidad en la movilización directa. En el marco de un sistema de partidos políticos, los sujetos leales pasan a ser la clientela, los activistas de base y los votantes que sostienen al grupo.

A la luz de esta tipología, abordamos la definición de estos actores en el escenario de la política local de Santo Domingo de Heredia a finales del siglo XIX.

2.2. LA DEFINICIÓN DEL ESCENARIO

La dinámica municipal estaba regida por las Ordenanzas Municipales de 1867. Al amparo de esta legislación funcionaba en cada cantón la Municipalidad, cuyos miembros eran electos por sufragio universal masculino; y el Jefe Político, nombrado por el Poder Ejecutivo (generalmente a instancia de cada gobernador de provincia). Las autoridades locales de Santo Domingo, en las dos últimas décadas del siglo XIX, trataban asuntos tales como la edificación de casas de enseñanza y del templo parroquial, la construcción y mantenimiento de caminos y puentes, la preservación de la salud pública a través del abastecimiento del agua y la regulación de ciertas actividades económicas tales como el beneficiado de café y la matanza de ganado de carne, el orden público y la generación de rentas para el municipio. Al respecto, los informes de los jefes políticos describen con una gran riqueza la cotidianidad de la administración pública local y la complejidad cada vez mayor que esta iba adquiriendo.15

En este marco, surgían conflictos pues cada decisión afectaba de forma distinta a los vecinos. Por ejemplo, constantemente se presentaban pugnas en torno a las pajas de agua, pues las tomas de los ríos abastecían tanto a la Villa y los vecindarios como a los beneficios en las fincas de café. Así, se presentaban escenarios donde los dirigentes de barrio o distrito promovían la presentación ante dichas autoridades de escritos firmados por ellos (quienes los encabezaban) y por una gran cantidad de vecinos. Por otra parte, los beneficiadores gestionaban concesiones de agua y, en algunos casos, hicieron valer su influencia ante el Poder Ejecutivo para lograr el acceso a la cantidad de agua requerida. En este aspecto, encontramos la conducta de los distintos actores políticos, algunos asumiendo la representación de su comunidad, otros respondiendo a lazos familiares u otro tipo de nexo. Así, por ejemplo, Félix Arcadio Montero (con la ayuda de Albino Villalobos) asesoró a muchos vecinos, la mayoría pobres, ante el eventual perjuicio que les ocasionaría la construcción de una zanja por donde correría agua desde “…Tures hasta las Bermúdez...” (Archivo Nacional de Costa Rica, serie Gobernación, 7179, ¿f.4-6v). Otros políticos reconocidos, como es el caso de los hermanos Arce Vargas (Rafael, Blas, Pilar, Francisco), representaron a más de cien vecinos en sus reclamos por derogar una concesión de agua que consideraban les perjudicaba. En el otro lado de la acera, los beneficiadores favorecidos directamente con dicha concesión, tales como los hermanos José María, Juan José y José Manuel Zamora, mantenían estrechos lazos económicos con Santiago Zamora, posiblemente derivada de algún vínculo familiar, siendo este uno de los principales políticos locales (Archivo Nacional de Costa Rica, serie Gobernación, 2249, f. 4-9). Llama la atención que los Arce y Zamora, desde la anterior década, defendían intereses electorales contrapuestos. También, la Iglesia estuvo involucrada en este tema dado que la construcción del templo generó reclamos por el desvío que ocasionó de las aguas. No en vano, la representación de intereses colectivos, a través de gestiones o luchas en el escenario de las instituciones locales, era reflejo del activismo de ciertos individuos, el cual se proyectaba, también, en el plano electoral.

Los espacios de interés para cada grupo local fueron diversos y la lucha por coparlos caracterizó el conflicto político. Era un escenario más complejo. Por un lado, encontramos los puestos electivos, específicamente los de munícipe. Por el otro, aquellos de designación, tales como el de la jefatura política. Entre ellos apreciamos una amplia esfera de participación en asuntos públicos, donde se refleja un extenso involucramiento ciudadano. Así, las juntas escolares, las juntas itinerarias económicas, los comités de verificación, las juntas de construcción, y otras, reflejan la participación activa de ciertos individuos que se fogueaban, de esta forma, en la administración y gestión de lo público. Este aspecto es de notable importancia pues contribuye a clarificar el marco de la actuación de los individuos en el control de las instituciones. Con ello, se refleja que el espacio de participación era amplio y diverso. La esfera institucional abarcaba múltiples opciones, y los individuos contaban con posibilidades reales para involucrarse. De por medio, ellos tenían influencia en la administración de fondos públicos o en el ejercicio de potestades públicas con incidencia en la resolución de aspectos conflictivos en la comunidad: agua, linderos, expropiación de terrenos y otros. Y el control sobre las instituciones locales tenía un carácter de grupo.

En general, las autoridades locales tenían múltiples funciones, cuyo ejercicio implicaba cierta discrecionalidad en la toma de decisiones sobre aspectos conflictivos. Tal como lo precisa con claridad la historiadora Patricia Alvarenga: “Los agentes locales (…) además de cumplir funciones represivas, son los intermediarios entre el estado y los diversos sectores sociales que componen las colectividades en las que los individuos se desenvuelven cotidianamente, es decir, las comunidades” (Alvarenga, 2004, 16). Eso le otorgaba peso efectivo y, por lo demás, atractivo al ejercicio del cargo. Junto a ello, debe incluirse el
rol de la legitimidad, dado que esas autoridades (sobre todo el Consejo Municipal) asumían la representación formal de la comunidad, y sus manifestaciones podían tomarse idealmente como expresión plena de la voluntad colectiva. De esta forma, las gestiones ante autoridades de los supremos poderes adquirían una fuerza más efectiva que la realizada simplemente por un conjunto de ciudadanos. Y, en términos de poder, esto era relevante. No en vano, y en un contexto difícil para el cura Benito Sáenz, la Municipalidad le externó con vehemencia un agradecimiento y apoyo manifiesto a raíz de la construcción de la Basílica. Evidentemente, éste era el pretexto pues la finalidad se orientaba en sostener al cura en su puesto en el marco de las presiones que sus enemigos hacían para que fuera sustituido.16

Podemos identificar otros espacios importantes en el ámbito local como de dos tipos. Por un lado, puestos burocráticos de cierto nivel, tales como tesorero municipal, secretario del municipio y secretario de la jefatura política. Por el otro, los miembros de las juntas económicas para la construcción de alguna edificación (como el caso de la Basílica del cantón), las comisiones itinerantes distritales (a las que correspondía la reparación de caminos), las comisiones para asuntos varios (verificación de linderos, problemas diversos, compra de lotes) y las juntas de educación. La participación de los individuos en esas instancias les proporcionaba espacios para involucrarse en los asuntos públicos y manifestarse, así, como actores subalternos. Su nombramiento se realizaba por el nuevo Consejo Municipal, en las primeras sesiones de cada año, salvo las comisiones nombradas expresamente para algún asunto (que se conformaban cuando se requería). Su conformación concreta denotaba la relevancia del objeto tratado. Así, cuando encontramos algún actor protagonista en una de ellas lo interpretamos como un asunto de especial interés, ya fuera por las consecuencias de lo tratado o por la naturaleza de la cuestión. Un ejemplo que ilustra lo anterior es la Comisión nombrada, en 1892, para recibir al Presidente de la República, José Joaquín Rodríguez, cuyos miembros eran vecinos con notable influencia política y poder económico: Antonio Vargas, Félix Barquero y Blas Arce como señalan las actas municipales de Santo Domingo, sesión del 1 de agosto de 1892 (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Municipal. 16216. f. 121.).

Por otra parte, los rasgos que caracterizaron el conflicto político, en la Costa Rica de finales del siglo XIX, se manifiestan desde el ámbito nacional hasta el local. En otras palabras, no es posible desligarlos. Las fuentes reflejan cómo uno tenía resonancia en el otro. En este marco de análisis, podemos identificar cómo, en Santo Domingo, los actores locales reprodujeron en el escenario municipal las diversas coyunturas presentes en el país. Así, por ejemplo, los distintos grupos interactuaron según los contenidos de cada uno de los procesos electorales presidenciales. En cierta forma, se presentó una retroalimentación en el sentido de que los políticos nacionales acudían a los cantones para obtener el apoyo de los líderes locales. Y estos, a su vez, utilizaban ese apoyo para consolidar sus intereses locales.

El cura Benito Sáenz fue el eje de la política domingueña en las últimas décadas del siglo XIX. En tal sentido, es un actor protagonista. En efecto, dicho personaje es un referente clave para comprender la dinámica local y su relación con los procesos nacionales. En 1869, Sáenz ya era sacerdote en Santo Domingo y se le identifica como impulsor de las gestiones de varios vecinos ante las autoridades nacionales para proveer de agua a esa población (González Salas, 1978: 61). En los años siguientes, y en plena era guardista, el padre Benito destacó por un fuerte activismo dentro de la comunidad. Eso ocasionó que, en 1876, en el marco de las elecciones locales, su condición de cura en esta Villa fuera, precisamente, lo que estuviera de por medio en la pugna entre los grupos políticos, siendo protagonistas antagónicos el Jefe Político y el Comandante de Plaza (Pérez Zumbado, 2013: 101). Desde entonces, el sacerdote tejió una serie de alianzas con determinados personajes del ámbito local, permitiéndole ejercer un liderazgo importante. La ambición de éstos políticos locales por adquirir y conservar ciertos cargos o espacios de influencia tuvo su punto de encuentro en el hábil manejo del cura. No en vano, el apoyo municipal y la colaboración de diversos jefes políticos le permitieron ejercer pleno control sobre un centro de enseñanza (que, incluso, actualmente lleva su nombre) y construir, sin obstáculos de las instituciones estatales, la Iglesia parroquial (Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Municipal, 16216, f. 121). Más bien, pudo obtener los recursos suficientes (de origen diverso) para la construcción de un gran edificio y para su suntuosa ornamentación -esta iglesia fue consagrada por el obispo Bernardo Augusto Thiel el 24 de julio de 1891 (Herrera Sotillo, 2009). Ya en 1880, el gobernador de Heredia, admirado, informaba a su superior sobre el desprendimiento material de los vecinos del lugar y su relación con la edificación del templo:

En el importante i rico cantón de Santo Domingo se ha emprendido la construcción de la nueva Iglesia Parroquial i de una casa- colejio para cuyas obras aquellos vecinos han ofrecido sus recursos, no diré ya con generosidad sino con profusión, pues para la primera han suscrito mil pesos, aparte de sus frecuentes donativos (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7130. folio 47 v).

Aunque correspondió a una Junta tener a su cargo la construcción, es posible que el diestro protagonismo del cura Sáenz generara, en la memoria de la comunidad, la imagen de ser él quien asumió la plena responsabilidad de la edificación. No en vano, treinta años después de la consagración del templo, se le atribuía todos los méritos del proyecto. Al respecto, un autor destacó su capacidad de movilización entre los vecinos y la habilidad para obtener de ellos contribuciones y trabajo voluntario (Zamora, 1924: 299 -301). En efecto, los fondos recaudados (a través de turnos y donaciones) fueron de tal magnitud que la nueva basílica tuvo ornamentos suntuosos, órgano y detalles en oro. Al respecto, las autoridades del Poder Ejecutivo apoyaron los esfuerzos del cura.17 La construcción de la Iglesia de Santo Domingo y sus activas gestiones en el abastecimiento del agua y en la enseñanza lo sitúan en el centro de las necesidades de la comunidad. Por lo demás, dicho sacerdote llegó a tener, en los asuntos de carácter político, un contacto estrecho con algunos gobernadores de la provincia de Heredia. Incluso, un cuñado suyo rigió la gobernación durante unos años, lo cual también salió a la luz pública (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 30 de mayo 1885, 1). No es extraño, entonces, que en la prensa se le identificara como actor central en la vida cotidiana de Santo Domingo. En una publicación suscrita por “Unos domingueños” se le denunciaba de la siguiente forma:

Efectivamente, el Cura y el Jefe Político y Comandante son la remora del progreso de esta villa. El primero consulta con su hermano político Maquiavelo, tercia en toda cuestión; y si alguien inicia una medida progresiva, lo condenan a las tinieblas eternas de que son dueños nuestro Cura y compañeros de la raza clerical (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 19 de febrero 1886, 3).18

Por otra parte, las fuentes reflejan cómo Sáenz supo conservar la proximidad suficiente con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, nombrado en la diócesis desde 1880, sin entrar en conflicto con las autoridades del Poder Ejecutivo. De hecho, a pesar de su lealtad hacia la jerarquía eclesiástica, supo actuar con la diplomacia adecuada. La difícil coyuntura de 1884, y los años inmediatos posteriores, ejemplifican esa capacidad. Así, cuando Thiel pudo regresar al país, en 1886, tras su expulsión dos años atrás, Sáenz se preocupó por tender algunos puentes (o consolidar los que había creado antes). No en vano, los términos de su carta al Presidente Bernardo Soto, en 1886, reflejaban un lenguaje directo claramente conciliador y formalmente complaciente. Luego de felicitarlo por su ascenso a la presidencia de la República “en virtud del voto popular de los pueblos” le agradecía por “… darnos una prueba de hidalguía en el momento mismo en que tomabais posesión del mando, cual es el decreto que concede franca entrada al País al Ilustrísimo Prelado Gobernador de esta Diócesis.” (Archivo de la Curia Metropolitana. Fondos Antiguos. Caja 350. f. 393). En efecto, el presidente Soto, nombrado en un proceso electoral donde la oposición sufrió una fuerte represión, permitió el regreso de Thiel una vez que asumió de nuevo el poder.19 Dos semanas después, el cura Sáenz suscribió otra carta, esta vez dirigida a su Obispo, donde se congratulaba por su regreso al país. Con ello, le manifestaba al Obispo su lealtad y evidenciaba la influencia que mantenía en la comunidad. La introducción de la nota es reveladora de sus propósitos:

El cura y fieles de la iglesia de Santo Domingo que al pie firmamos, porción escogida de vuestra grey que os dignasteis encomendar a los cuidados del primero de nos [Benito Sáenz], así como sentimos en lo más hondo de nuestra alma vuestra temporal separación del seno amado de vuestra diócesis, así es el profundo placer que experimenta hoy nuestro corazón por vuestro feliz regreso al rebaño que se os encomendó. (Archivo de la Curia Metropolitana. Fondos Antiguos. Caja 350. folios 411 a 412 v).

CUADRO 1. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR ANTONIO VARGAS (1880-1895)

FECHA DE NOMBRAMIENTO O INICIO DEL CARGO	CARGO
19 de abril 1880	Regidor Propietario 1)
21 de mayo 1880	Jefe Político
20 de julio 1880	Jefe Político (reasume cargo) 2)
1 de agosto 1880	Elector a Asamblea Constituyente por Santo Domingo
29 de octubre1881	Jefe Político
1 de enero 1882?	Jefe Político
14 de mayo 1883	Elector
1 de enero 1885	Regidor Propietario 1)
1 de enero 1890	Regidor Propietario 1)
28 de abril 1890	Jefe Político (interino)
1 de enero 1891	Regidor Propietario 1)
24 de diciembre 1892	Jefe Político
18 de noviembre 1893	Jefe Político
1 de enero 1895	Regidor Propietario 1)
12 de enero 1895	Jefe Político 3)

NOTAS:
1) Ejerce además como Presidente Municipal

2) La Secretaría de Gobernación lo había suspendido temporalmente

3) Por ser presidente municipal, el Poder Ejecutivo lo nombró en recargo

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica Fondo Gobernación 20 folio 4 y 184; Gobernación 2436 folios 4 y 11; Gobernación 7208 folios 55-55v., 58-58v. y 60; Gobernación 7179 f.9v.; Gobernación 7130 folios 59, 106 y 116 v.; La Prensa Libre (10 diciembre de 1889); y Colección de Leyes y Decretos de Costa Rica años 1881, 1890, 1892, 1893 y 1895.

Un aspecto especialmente interesante de este documento es que lo suscribe, además del cura, un conjunto de personas de diversa condición social. Por un lado, y al final, aparecen los nombres de algunos individuos humildes, muchos firmando a ruego, con lo cual se abarcaba un número relevante y suficiente para completar cuatro folios con firmas. Actuaban como sujetos leales. Por el otro, es posible identificar los nombres de las personas que formaban parte del círculo más próximo al sacerdote. En efecto, dicha nota fue suscrita por individuos cercanos a Sáenz y, por lo demás, tanto ocupantes habituales (unos más que otros) de cargos de importancia local como ricos cafetaleros. Precisamente, dada la naturaleza del documento y el contexto en el cual se redactó, quienes los firmaron se identificaban con la causa del sacerdote, siendo algunos actores protagonistas y otros actores subalternos. Así, la lista de suscribientes permite tener una idea muy aproximada de los individuos que formaban parte del grupo del cura Benito, entre los que destacan políticos locales tales como Agapito Bolaños Vargas, Antonio Vargas Chacón, Manuel Fonseca, Francisco, Rafael y Blas Arce Vargas, Melisandro Alvarado, Félix Barquero, Ramón Rodríguez, José María González y Timoteo León (Ver Cuadros 1 y 2).

CUADRO 2. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR AGAPITO BOLAÑOS (1880-1899)

FECHA DE NOMBRAMIENTO O INICIO DEL CARGO	CARGO
1 de agosto 1880	Elector para Asamblea Constituyente por Santo Domingo
7 de diciembre 1881	Alcalde suplente
1884-1885	Alcalde
24 de marzo 1885	Jefe Político
1 de enero 1887	Regidor
18 de agosto 1887	Alcalde interino (como recargo)
1 de enero 1890	Regidor Propietario
1 de enero 1892	Regidor Propietario 1)
12 de agosto 1892	Jefe Político
3 de julio 1899	Jefe Político

NOTA: 1) Ejerce además como Presidente Municipal

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica Fondo Gobernación 7130 folio 116 v.; Gobernación 7263, folio 8; La Chirimía 30 de mayo de 1885; La Prensa Libre 10 de diciembre de 1885; Colección de Leyes y Decretos 1881 (decreto 54), 1885, 1892 y 1899.

Un documento previo complementa lo anterior. En la edición del 22 de enero de 1885, el Diario de Costa Rica publicó un escrito firmado por un grupo de vecinos de Santo Domingo de Heredia, donde brindaban un reconocimiento a Pantaleón Bonilla por sus servicios como jefe político del cantón. Bonilla dejaba su cargo para ser sustituido por Tomás Herra. Tanto Bonilla como Herra ostentaban el grado de coronel, por lo cual, además de la jefatura política, ambos simultáneamente tuvieron a su cargo la comandancia del lugar. Entre los vecinos que suscribieron la carta se encontraban muchas de las personalidades más reconocidas del cantón. La amplia lista era encabezada por Benito Sáenz, y nuevamente destacaban en ella Antonio Vargas, Agapito Bolaños, Ramón Rodríguez, Timoteo León, el policía del pueblo Mercedes Madrigal, Melisandro Alvarado, el maestro Antonio Escalante, Francisco Arce y José María González (Biblioteca Nacional, Diario de Costa Rica, 22 de enero 1885, 3). A la luz de los conflictos locales y las denuncias ante la prensa, se refleja una proximidad entre estas personas, dado que, en diversos procesos electorales, actuaron en conjunto. Por lo demás, suscribir junto al cura era reflejo de una postura común en el marco de un liberalismo anticlerical y de ataques directos contra Sáenz, tal como veremos luego.

Muchos de los actores en cuestión tenían una condición económica desahogada, sobre todo porque eran beneficiadores. Esto permite ligar la condición de actor político relevante con una cómoda situación económica, sin que necesariamente todas las personas en esa situación pertenecieran al mismo grupo electoral. Una revisión de las estadísticas levantadas por la historiadora Gertrud Peters permite identificar a algunos de ellos como medianos y grandes exportadores de café. Así, menciona a Agapito Bolaños, los hermanos Arce Vargas, Antonio Vargas Chacón, Melitón León y Santiago Zamora (Peters, 2007, 163 -181). De la misma forma, para Santo Domingo, Lowell Gudmundson identifica algunos clanes ganadores en el proceso de transición a la propiedad privada de la tierra, mencionando, entre otros, a los Zamora, Arce, Rodríguez, León y Barquero (Gudmundson, 2001: 196-199).

Además de lo anterior, cabe plantearse cuáles otros factores contribuyeron en generar y consolidar la influencia de Sáenz en el cantón de Santo Domingo. Tomamos como axioma que la condición de cura otorgaba un ascendiente destacable. No obstante, su detentador debía administrarlo adecuadamente para no sufrir un debilitamiento. Leyendo entre líneas, alguna evidencia sugiere que Sáenz otorgó pequeños favores que facilitaron el establecimiento de alianzas o, al menos, una relación de confianza con algunas personas. Un marco adecuado para ello corresponde a las visitas del obispo Bernardo Augusto Thiel. Generalmente, tal evento reunía a buena parte de la comunidad gracias a los ritos religiosos que le acompañaban (instrucción a los niños, bendición de los templos, predicas diversas y otros). Esta situación era propicia para que Sáenz acrecentara su influencia al permitir a ciertos individuos escoltar al Obispo durante su traslado y travesía por el cantón. En el reporte de las visitas pastorales se indica alguna información relacionada. Así, en 1881, Thiel salió desde San José hacia Santo Domingo en compañía de Sáenz, algunas altas autoridades eclesiásticas y “… una parte de todos los principales caballeros de esta villa” (Herrera, 2009, 117). Al día siguiente, visitó el distrito de San Miguel, adonde se dirigió con Sáenz, un asistente personal de Thiel y “… otros caballeros.” Tras hacerse presente en la iglesia del lugar y predicar sobre “las glorias del patrón San Miguel, uno de los arcángeles más gloriosos” se dirigió a tomarse un refresco “en casa de uno de los principales del pueblo.” Al dejar este pueblo, retornó a la Villa “en compañía de seis caballeros” (Herrera, 2009, 117). En otra visita, la iniciada el 28 de diciembre de 1898, Sáenz lo recibió “… con unos 20 hombres a caballo”, y dos días después el obispo se dirigió a San Miguel acompañado del mismo Sáenz y “10 vecinos a caballo” (Herrera, 2009, 510). Es dable considerar que al presbítero Sáenz le correspondía organizar las visitas en el cantón y, consecuentemente, invitar a los “caballeros” que estarían cerca del Obispo. De la misma forma, suscribía correspondencia conjuntamente con algunos de los cafetaleros y políticos más influyentes del cantón.

CUADRO 3. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR SANTIAGO ZAMORA (1887-1893)

FECHA DE NOMBRAMIENTO O DE INICIO DEL CARGO	CARGO
12 de marzo 1887	Jefe Político 1)
18 de mayo 1887	Jefe Político 2)
27 de junio 1887	Jefe Político
8 de noviembre 1889	Jefe Político
1 de enero 1892	Regidor Propietario
15 de setiembre 1893	Jefe Político

Notas:

1) Nombramiento interino por 8 días dado que es alcalde único de Santo Domingo

2) Nombramiento interino por 30 días dado que es alcalde único de Santo Domingo

FUENTE. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 7262 folio 46, 95 y 113; Gobernación 7263 fs.70-71; y Fondo Municipal 16216 f.85; Colección de Leyes y Decretos años 1887, 1889, 1890 y 1893.

Del rol fundamental que ejercía Benito Sáenz, en la política local de Santo Domingo, eran plenamente conscientes los grupos liberales del cantón. Esto explica los diversos intentos para lograr su salida, y también los esfuerzos del cura por mantenerse en su puesto. Así, la experiencia de 1876 no fue única (Pérez, 2013, 101). Durante la década de 1880, hubo manifestaciones en la prensa donde se le cuestionaba por sus actuaciones, tanto por la actitud conservadora que reflejaba como por la manipulación o influencia que ejercía sobre muchas autoridades locales. En 1886 se llegó a solicitar sustituir a Sáenz por el cura de la Unión Diego Vargas Arce, originario de Santo Domingo (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 19 de febrero 1886, 3). Unos pocos años después, en 1891, la ofensiva fue aún mayor. Esto llegó a un grado tal que Braulio Morales, uno de los principales cafetaleros del país e influyente político católico, debió intervenir ante monseñor Thiel para lograr la permanencia del cura, ante los ataques de “ciertos vecinos liberales de allí, inclusive el alcalde.” (Archivo de la Curia Metropolitana. Sección Fondos Antiguos. Caja 401. F.5).20 El alcalde en cuestión era Santiago Zamora, uno de los principales dirigentes liberales y, tal como vimos atrás, ligado al beneficiado de café (ver Cuadro 3).

Para las dos últimas décadas del siglo 19, encontramos un ejercicio de la política electoral local ligado al control constante de los puestos públicos por parte de un grupo de individuos. En otras palabras, a pesar de las condiciones o limitantes personales que implicaba ocupar un cargo público, ciertos individuos los ejercían de forma reiterada. Incluso, esta situación se presenta entre miembros de una misma familia (ver Cuadros 3 y 4). El grupo encabezado por el cura Benito Sáenz representa un caso de estudio muy interesante pues contiene todos estos rasgos. El seguimiento a otro de sus miembros, Antonio Vargas, nos da mayores elementos para una mejor comprensión de la lógica de los actores locales y su relación con el régimen político cantonal.

CUADRO 4. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR LOS
HERMANOS EULOGIO Y MANUEL FONSECA (1880-1893)

Nombre	Fecha de nombramiento, período de ejercicio o inicio del cargo	Cargo
Eulogio	Primer semestre 1880 (fecha no confirmada)	Jefe Político
Eulogio	13 de julio 1889	Jefe Político
Eulogio	1 de enero 1890	Regidor Propietario
Eulogio	7 de abril 1890	Jefe Político
Manuel	22 de abril 1890	Jefe Político
Manuel	13 de setiembre 1890	Jefe Político
Manuel	1 de enero 1892	Jefe Político
Manuel	1 de enero 1893	Regidor Propietario

FUENTE. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 7130 f.59, Gob. 7179 f.10, Fondo Municipal 16216 fs. 85 y 163; Periódico La Prensa Libre 10 de diciembre 1889; y Colección de Leyes y Decretos años 1889, 1890

Antonio Vargas fue, posiblemente, el individuo más exitoso en la política local domingueña.21 En tal sentido, lo caracterizamos como un actor protagonista por excelencia. Desde la época de Tomás Guardia ocupó cargos importantes, tales como regidor propietario y Jefe Político, además de elector para la Asamblea Constituyente de 1880. Es decir, desde entonces ya había logrado establecer contactos fuera del cantón. Esto le permitió ser nombrado por el Gobierno en los cargos más relevantes. Por lo demás, evidenciaba capacidad para negociar, establecer alianzas (y romperlas oportunamente) y disputar con éxito en el terreno electoral. Esta persona se muestra próxima a la Iglesia y, especialmente, al padre Benito Sáenz, reflejo de lo cual es su participación relevante en junta constructora de la Basílica (Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación 7179 f. 9v; Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación 7130 f. 59 y 116). En los años siguientes, su involucramiento en la vida local se manifestó de forma muy directa, alternando los cargos de jefe político y de regidor propietario. En este último caso, siempre ocupó la presidencia municipal. Todo ello delata una carrera exitosa en las elecciones locales de primer grado y una notable capacidad negociadora. En una denuncia citada más atrás, de 1885, se indica que él es “un amigo antiquísimo de los otros dos Munícipes y hermano político y compadre del que actualmente hace de Jefe Político.” (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 30 de mayo de 1885, 1).

CUADRO 5. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR BLAS,
FRANCISCO Y RAFAEL ARCE VARGAS (1880-1893)

NOMBRE	FECHA DE NOMBRAMIENTO O INICIO DEL CARGO	CARGO
Rafael	1 de agosto 1880	Elector para Asamblea Constituyente por Santo Domingo
Francisco	7 de diciembre 1881	Regidor principal
Rafael	14 de mayo 1883	Elector
Francisco	15 de noviembre 1886	Munícipe
Francisco	10 de diciembre 1889	Regidor suplente
Rafael	1 de enero 1891	Regidor propietario
Francisco	1 de enero 1891	Regidor suplente
Rafael	1 de enero 1893	Regidor propietario
Blas	1 de enero 1893	Regidor suplente
Blas	13 de mayo de 1893	Jefe Político

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 2436 f.7v., Fondo Gobernación.7130 f.116 v., Fondo Gobernación 7208 fs.58-58v, Fondo Municipal 16216 f.17 y 163, Decreto 54, 7 de diciembre de 1881, Decreto 11 del 13 de mayo de 1893, La Prensa Libre 10 de diciembre de 1889

Llama la atención cómo aparece ejerciendo el cargo de regidor principal ese año cuando, en los años previos, había tenido problemas graves ligados con su paso por la administración pública del cantón. En efecto, en 1880, la Secretaría de Gobernación lo había suspendido del cargo de jefe político, aunque regresó en julio de ese año y logró permanecer en el cargo, con algunas vicisitudes, hasta mayo de 1883, año en el cual también funge como elector (Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación. 7130. f. 106; Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208. f.58, 58 v., 60). Aquel evento refleja algunos aspectos de la política local, específicamente lo relacionado con el ejercicio de los cargos públicos. Dado que los dos polos formales de poder, la jefatura política y el consejo municipal tenían, desde 1882, un origen distinto en su nombramiento, podían ser ocupados por personas pertenecientes a grupos distintos o sin afinidad entre sí. De esta forma, en una situación como esa no se encontraba presente un factor que ayudaba a contener los efectos de fuertes discrepancias y conflictos.

En 1883, las autoridades locales entraron en un severo enfrentamiento donde los protagonistas fueron el Consejo Municipal y Antonio Vargas como jefe político. Desconocemos las raíces del conflicto, aunque tuvo estrecha relación con los asuntos del cantón. Por ejemplo, Vargas fue nombrado jefe político siendo tesorero en la construcción de la Iglesia Parroquial. En este asunto, insistentemente, la Municipalidad le había exigido cuentas y aquel no las había dado. El inicio de dicha exigencia fue, aparentemente, un conjunto de acusaciones de vecinos del cantón, quienes alegaban mala rendición de cuentas sobre dichos fondos. Finalmente, el ayuntamiento le ordenó que, en el término de ocho días, él depositara esos dineros en el Banco de la Unión o en el Banco Anglo. A la vez, nombraron a dos vecinos de Heredia (no de Santo Domingo) para que revisaran las cuentas que también Vargas debía presentar en ese plazo. (Archivo Nacional de Costa Rica. serie Gobernación. 7208 f. 48-48v, 51). Esto hizo que Vargas le indicara al Gobernador de Heredia que, como esas providencias “sin motivo alguno legal pudieran traer malas consecuencias tanto en perjuicio de mi persona como de mis propios intereses por la marcada prevención que la actual Municipalidad tiene para conmigo”, era mejor que se lo comunicara al secretario de Gobernación para lo que él estimara conveniente (Archivo Nacional de Costa Rica. serie Gobernación. 7208. f.60-61v.). En definitiva, el Poder Ejecutivo avaló que Antonio Vargas presentara las cuentas, cosa que éste, de por sí, no hizo. Por tal motivo, se le efectúo una nueva prevención de tres días “bajo la pena de apremio”. Es posible que Vargas Chacón saliera airoso de este trance, tomando en cuenta que, dos años después, uno de sus críticos (y posiblemente rival político) lo atacara por ser un “ex-acusado Tesorero de fondos públicos.” (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 13 de junio 1885, 2).

Con respecto al conflicto local en cuestión, Antonio Vargas reaccionaba contra sus rivales con una actitud muy directa: simplemente ejercía una notable discrecionalidad al acatar los acuerdos de los regidores. Para éstos, tal postura generaba un motivo adicional para censurarlo y quejarse ante el Gobierno; a la vez, le expusieron su versión sobre el origen del conflicto en los siguientes términos:

Vista la oposición manifiesta que a los acuerdos de esta Corporación hace el Sr. Jefe Político de este Cantón a extremo de no ejecutar sino los que se ponen de acuerdo con su modo de pensar, cuya oposición es infundada (…) que de este es imposible realizar ningún bien positivo a favor del cantón que representa este Municipio, que esto por otra parte quita la autonomía propia que la ley da a las corporaciones de esta clase, nulificándolas por completo, que los miembros que componen esta Municipalidad al aceptar el cargo de tales lo hicieron animados del noble deseo de ser útiles en cuanto alcanzaran sus escasas aptitudes, al país en general y en especial al pueblo donde nacieron, practicando el bien posible dentro del círculo de las atribuciones que la ley les demarca; que la práctica de ese bien es ilusoria con un obstáculo como el indicado donde se estrellan sus más puras y sanas intenciones, que en consecuencia es inútil su permanencia en el destino para que fueron nombrados si ese obstáculo no se remueve por quien tiene el poder de hacerlo (…) Se acordó: suplicar al Supremo Poder Ejecutivo se sirva poner remedio a este mal adoptando la medida que estime más conveniente, manifestándole que en caso negativo los miembros de esta corporación están en disposición irrevocable de presentar su dimisión. (Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación. 7208 f.40-40v).

El Secretario de Gobernación devolvió el asunto al gobernador de Heredia para que le enterara sobre los motivos de queja de los miembros de la Corporación Municipal. En el escrito que aquel remitió informó al Poder Ejecutivo que los acuerdos de la municipalidad habían sido rechazados por él mismo (y algunos por el propio Secretario de Gobernación) dado que no estaban dentro de las competencias del gobierno local y muchos eran simples asuntos de policía. En este sentido, señalaba que los vecinos afectados debían acudir ante el Jefe Político o ante el mismo gobernador para buscar una reparación, no ante la municipalidad. (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208. f.41-42). De hecho, el gobernador informó que se daba una intromisión constante y recíproca en torno a las atribuciones del gobierno local y del Jefe Político. Además, el alto jerarca provincial dudaba de la capacidad y condiciones de los regidores para ejercer sus cargos y cuestionaba la amenaza de aquellos de renunciar.22 Los términos bajo los cuales los describió permiten suponer una actitud parcializada del gobernador a favor de Antonio Vargas:

Siento, sin embargo, tener que manifestar a Ud. Señor que el Consejo Municipal del cantón de Santo Domingo, dirigido sin duda por consejeros destituidos de todo noble sentimiento y animados de mezquinas ideas, ha solido desviarse alguna que otra vez, y hasta en cierto modo sirve de rémora al desarrollo del adelanto del pueblo, cuyos intereses representa, no tan bien como sería de desearse, y como Ud. Señor tendrá no muy tarde ocasión de notarlo” (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208. f.29v).

Finalmente, ante la presión realizada por diversos medios, y en el marco de un conflicto cuyo resultado podría serle desfavorable, el Jefe Político presentó la renuncia al cargo que había ocupado desde tiempo atrás y, en forma consecutiva, los últimos dieciocho meses. En su carta, le indicaba al Gobierno lo siguiente:

Animado de los mejores deseos, aunque en perjuicio de mis intereses, acepté este encargo, no por ambición, de honra personal ni por dinero sino por puro patriotismo. Hasta hoy he creído cumplir con mi deber y me cabe la satisfacción de ver que sino he hecho todo lo que deseaba en bien de este pueblo, no ha sido por falta mía sino porque algunos de mis mismos compatriotas, por saciar venganzas personales han pasado hasta por sobre la tranquilidad de su mismo pueblo (…) mis intereses me reclaman y mi dignidad ofendida no me permitirían ser, según el dicho de algunos individuos, la rémora para el engrandecimiento de este pueblo (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación 7208. f.55-55v).

Su sucesor, Juan González, era próximo al grupo que controlaba la Municipalidad. Por su parte, el secretario de la Jefatura Política, Federico Sáenz, era partidario de Antonio Vargas (Biblioteca Nacional, Diario de Costa Rica, 22 de enero 1885, 3). Tal contraposición de lealtades pronto generó un conflicto entre ambos, donde Sáenz comenzó a cuestionar la autoridad de González. La situación desembocó en una fuerte discusión verbal, luego de la cual el jefe político terminó despidiéndolo. Luego lo echó con violencia de la oficina alegando que cumplía instrucciones de la Corporación Municipal, mientras continuaba amenazándolo con su bastón.23 La predisposición contra Antonio Vargas por parte del nuevo Jefe Político podría tener su origen en un reclamo que hiciera González a la Municipalidad, en 1880, por un desagüe público que desembocaba en una propiedad suya. La resolución del Consejo Municipal, presidido por Antonio Vargas, no le resultó del todo favorable, aunque reconoció su derecho a una indemnización (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7179 f.1 -13).

En éste marco, no fue mucho el tiempo que trascurrió para que el reclamo de sus intereses y “mi dignidad ofendida” alejaran a Vargas de los cargos públicos. En ese año de 1883, él y otros copartidarios, tales como Ramón Rodríguez Chacón y Pedro Carrillo, ejercían como electores (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208. f. 58-58v). Esta situación se repitió en 1884, por lo cual lograron controlar la municipalidad electa para el año 1885. Así, estos tres políticos domingueños ocuparon los tres puestos de regidor propietario, siendo Vargas el presidente municipal y Rodríguez el vicepresidente. Carrillo, además, era miembro de la junta directiva encargada de la construcción del templo católico y había sido antes regidor como lo muestra el Cuadro 6 (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 30 de mayo de 1885,1; 13 de junio de 1885, 2).24 En adelante, el conflicto entre grupos se intensificó al punto que trascendió con fuerza en la prensa. Las reformas liberales de 1884 y el proceso para elegir al presidente en 1886 influyeron en la vida política local. El grupo de Benito Sáenz logró, gracias a su relación con el nuevo gobernador de Heredia (y otras alianzas) que uno de sus miembros resultara nombrado como jefe político: Agapito Bolaños (ver Cuadro 2). Éste era cuñado de Antonio Vargas y muy cercano al padre Sáenz, al punto que, irónicamente, lo presentaban como “hijo adoptivo del padre Benito” (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 22 de enero 1885, 3). Los liberales del cantón, por su parte, reclamaban el retorno de Juan González, y atribuían su alejamiento de la jefatura política al gobernador Flores, a quien apodaban “Maquiavelo” (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 19 de febrero de 1886: 3).

CUADRO 6. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. CARGOS PÚBLICOS OCUPADOS POR PEDRO CARRILLO (1880-1893)

FECHA DE NOMBRAMIENTO O INICIO DEL CARGO	CARGO
28 de marzo 1880	Regidor Propietario
5 de octubre 1880	Regidor
7 de diciembre 1881	Regidor principal
14 de mayo 1883	Elector
1 de enero 1885	Regidor Propietario
13 de mayo de 1893	Regidor Propietario

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 7130 fs.30 y 135, Fondo Gobernación 7208 fs.58-58 v., Decreto 54 (7 diciembre de 1881), Decreto 11 (mayo de 1893) y periódico La Chirimía 13 de junio 1885.

Agapito Bolaños fue víctima de ataques sumamente agresivos, donde se dudaba de su capacidad para ejercer el cargo. De todas formas, su paso por la jefatura fue fugaz. Aunque no localizamos alguna fuente donde constaran los motivos del retiro, debe notarse que algunos de los ataques lo ligaban con el cura Benito Sáenz. En tal sentido, es posible que obedeciera, más bien, al propósito de no afectar a éste, dado que los liberales en Santo Domingo eran muy activos y tenían una fuerte influencia con sectores ligados al gobierno de Soto. De todas formas, las denuncias contra Bolaños evidencian un activismo muy marcado con el propósito de incidir en la opinión pública. La condición adquirida por la prensa como instrumento de la lucha política se acentuaba aún más gracias al desarrollo del sistema de partidos. En efecto, en el espacio local, los grupos comenzaron a seguir las líneas de los partidos políticos nacionales y a funcionar conforme a la dinámica de organización y movilización propia de estos. En esencia, las facciones ahora tendían a manifestar un carácter de grupo más estable, con mayor permanencia y a identificarse con los planteamientos doctrinales generales de los partidos políticos nacionales. Para el caso de Santo Domingo, eso resulta evidente en la disputa entre liberales y partidarios de la Iglesia. En general, el grupo de Benito Sáenz acuerpó las luchas de la Iglesia Católica por revertir las reformas liberales de la década de 1880, lo cual se refleja, con claridad, en los procesos electorales. Así, en la lucha electoral de 1886, sus miembros fueron víctimas de los constantes ataques de los liberales, muy posiblemente bajo la inspiración de Félix Arcadio Montero, actor protagonista informal, y de otros rostros más visibles, como el del político Martín Rojas. De hecho, éste último tuvo un rol fundamental en la organización del Partido Liberal en Santo Domingo. El Boletín Electoral, como órgano oficial del Partido Liberal, reconoció en Rojas la figura que recolectó las adhesiones de vecinos
de Santo Domingo para la candidatura de Bernardo Soto, encabezando el listado que apareció
publicado en febrero de 1886 (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 12 de febrero 1886, 2).25 Sus servicios le fueron correspondidos con la Jefatura Política del cantón, la cual aparece ejerciendo en 1888 (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7130. f. 36, 116 v). Este individuo había sido regidor suplente además de elector para la Asamblea Constituyente, ambos cargos en 1880. (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. folios 2-3v., 7-8v.).

CUADRO 7. LISTA DE ELECTORES DE SANTO DOMINGO POR DISTRITO. AÑO 1889

DISTRITO	ELECTORES PRINCIPALES	ELECTORES SUPLENTES
Central	Agapito Bolaños	Antonio Rodríguez
	Santiago Zamora G.	Pedro Rodríguez
	Eulogio Fonseca
	Federico Fonseca
	Rafael Arce Vargas
	Clodomiro Salas
San Miguel y San Vicente	Ignacio Hernández	Pedro Elías Zamora
	León González
	Sebastián Chaves
Santo Tomás y Santa Rosa	Antonio Vargas Chacón	Rafael González O.
	José S. Ocampo
	Francisco Arce Vargas

Fuente. Elaboración propia a partir de: LA PRENSA LIBRE, 24 de noviembre de 1889

Una vez que Víctor Guardia, candidato de los sectores conservadores y opositores al gobierno de Soto (especialmente la élite herediana), retiró su candidatura, en 1885, los seguidores de Sáenz accedieron a dar una tímida adhesión al candidato oficial. Al respecto, debe notarse que el Obispo Bernardo Augusto Thiel, en el exilio, en Panamá, había solicitado a los sacerdotes que apoyaran a Soto como muestra de buena fe para lograr su regreso al país. En 1889, los antiguos seguidores de Víctor Guardia junto a la mayor parte del Clero y disidentes del Partido Liberal se reunieron detrás de la figura de José Joaquín Rodríguez, magistrado de la Corte de Justicia. Éste, líder del Partido Constitucional Demócrata, fue el candidato del padre Sáenz. Mientras tanto, el gobierno impulsaba la candidatura de Ascensión Esquivel con el Partido Liberal Progresista. En Santo Domingo, los partidarios del cura Benito triunfaron en el proceso electoral al obtener el mayor número de electores, reproduciendo lo que se presentó en la mayor parte del país. La supremacía del grupo de Sáenz se evidenció aún más con el desenlace en las elecciones locales, en diciembre de 1889. En ellas, resultaron electos como regidores propietarios Antonio Vargas, Agapito Bolaños y Eulogio Fonseca, y como regidores suplentes José Villalobos V., Francisco Arce y Juan Azofeifa (Biblioteca Nacional, La Prensa Libre, 10 de diciembre 1889, 2). En los años inmediatamente posteriores, el grupo de Sáenz también mantuvo el control de la Municipalidad, lo que se refleja en el cuadro siguiente:

CUADRO 8. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO. REGIDORES PROPIETARIOS Y SUPLENTES (1891, 1892, 1893)

AÑO DE EJERCICIO	REGIDORES PROPIETARIOS	REGIDORES SUPLENTES
1891	Antonio Vargas Chacón 1)	Manuel Bolaños Chacón
	Rafael Arce Vargas	José Chacón Villalobos
	Jerónimo Carrillo Argüello	Francisco Arce Vargas
1892	Agapito Bolaños 1)	Ignacio Hernández
	Santiago Zamora	José Mercedes Hernández
	Pedro Rodríguez Chacón	Santiago Villalobos
1893	Clodomiro Salas 1)	Blas Arce V.
	Manuel Fonseca	Manuel María Bolaños
	Rafael Arce Vargas	Pedro Rodríguez Chacön

Nota: 1) Ejerce la presidencia municipal

FUENTE. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Municipal 16216 folios 17, 85 y 163

Los liberales domingueños continuaron con su activismo a través de la prensa. La discusión entre grupos persistió con la misma intensidad, ya fuera criticando a los munícipes, al padre Sáenz o al Jefe Político de turno, o a todos en su conjunto dado que constituían el grupo dominante. En una de las publicaciones, el objetivo inicial de las acusaciones fue el Jefe Político, Manuel Fonseca, a quien directamente se le achacaba no ser apto para el cargo. No obstante, éste era un conducto para atacar al grupo rival (de Sáenz) e insistir en sus ideas conservadoras:

Aún más, don Manuel, no soy digno de darle un consejo, ni mucho menos hacerlo que lo siga, pero sí puedo externar mi opinión y censurar sus hechos, como todo domingueño está en pleno derecho, y decirle que cuanto le ha sucedido y le sucederá, lo debe Usted al círculo que lo dirige y a él solo debe culpar, o agradecer y darle las gracias que lo ponen de parapeto para sus oscuras ambiciones o ideas rancias de que siempre ha dado muestras en lo pasado (Biblioteca Nacional, El Heraldo, 23 de diciembre de 1890, 2).26

Tal crítica no se alejaba de la realidad dado el contexto nacional imperante. Tal como lo señala el historiador Esteban Sánchez, las autoridades eclesiásticas aspiraban a ocupar un espacio dentro de la sociedad que fuera más allá de las “virtudes cristianas”. Se trataba, según la jerarquía católica, de luchar contra el liberalismo complementando tales virtudes con la puesta en práctica del principio de asociación manifestado en la prensa, la educación y los espacios públicos. Esto explica el desarrollo del partido católico y en él se involucraron políticos locales (Sánchez, 2013). El grupo de Benito Sáenz, al cual en la cita anterior se le achacaba tener “ideas rancias”, se matriculó rápidamente en la organización del Partido Unión Católica. Es así como, en 1890, constituyó el Círculo Católico de Santo Domingo, cuya directiva la integraron Agapito Bolaños, Antonio Vargas Chacón, Rafael Arce Vargas y José Valerio como secretario. (Archivo de la Curia Metropolitana. Fondos Antiguos. caja 401 tomo 1. F. 24-25.)27 Tal como se refleja, la estructura local del Partido Unión Católica se organizó a partir de personas con amplia experiencia en las lides electorales y en la administración pública, lo que demuestra que su funcionamiento real se hizo en la calle, no sólo en los púlpitos.

Conforme a lo anterior, vale destacar que los nacientes partidos, generalmente de duración limitada, se forjaron gracias al concurso de líderes locales con una gran experiencia electoral. Así, cuando los partidos Liberal, Constitucional Demócrata, Liberal Progresista, Unión Católica, Independiente Demócrata o Republicano, para señalar algunos de los más destacados, surgen y participan decididamente en las luchas electorales, lo hacen disponiendo de dirigentes fogueados en esas luchas y experimentados en el ejercicio de cargos públicos. El círculo de Benito Sáenz estaba constituido por personas con mucha experiencia en la actividad administrativa y en la lucha por el control de las instituciones. Eso explica, por ejemplo, su capacidad de movilización en las elecciones de 1889, 1894 y 1898. En este marco, por ejemplo, el partido Unión Católica se vio favorecido, en el espacio local, más por una estructura partidista experimentada y hábil que por los sermones desde el púlpito de la Basílica de Santo Domingo.

La finalidad original del partido católico era revocar las reformas liberales de la década anterior manteniendo la proximidad con el gobierno. De hecho, el presidente Rodríguez pretendió maniobrar entre todos los grupos en pugna y establecer un equilibrio que le favoreciera. Así, le dio algunas concesiones a la Iglesia, la cual esta asumió de forma positiva. Por otra parte, y de cara a alcanzar aun otras conquistas mayores, buscaba una proximidad con el presidente, lo que se proyectaba en las autoridades locales. Los políticos domingueños cercanos a Sáenz reconocieron la actitud gubernamental como favorable dada su evidente inspiración conservadora. Por lo demás, dado que requerían del apoyo gubernamental para el municipio y para los intereses particulares del grupo, se preocuparon por tender puentes. Así, ante el restablecimiento de la enseñanza del catecismo y de la Historia Sagrada, en las escuelas públicas, la Municipalidad de Santo Domingo le manifestó al presidente Rodríguez:

No puede menos que elevar al Señor Presidente de la República y a su digno gabinete la más cordial y espontánea muestra de adhesión felicitando al actual Gobierno por haber tenido la firmeza bastante para emitir tal disposición que ha llenado de completa satisfacción a la gran mayoría de los Costarricenses. Este Municipio interpreta así los sentimientos de la generalidad de sus representados (Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Municipal 16216 folios 123-124).

La Unión Católica triunfó en las elecciones primarias de 1894. Sin embargo, su resultado no tuvo efectos reales dado que el gobierno reprimió a una gran cantidad de electores para que votaran por el candidato oficialista, Rafael Iglesias, yerno del presidente y líder del reciente Partido Civil. Ante esta realidad, y con la desaparición del partido católico, el pragmatismo político se evidenció entre la dirigencia cantonal. Paulatinamente, algunos de sus dirigentes se aproximaron a las filas del gobierno y, finalmente se integraron de lleno en su representación. Esto explica qué algunas figuras del grupo alcanzaran puestos de importancia. El sempiterno Antonio Vargas fue nombrado, en setiembre de 1894, miembro de la junta Electoral de la provincia de Heredia. (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 31. F. 11 v, 12). Al año siguiente, éste y Pedro Rodríguez fueron nombrados jefes políticos. Por lo demás, ésta situación también favoreció al Partido Civil, el cual requería de estructuras locales sólidas y dirigentes expertos para sostenerse en el poder. Conforme ya lo habíamos indicado, la relación entre poder nacional y local se sustentaba en una retroalimentación de intereses y conveniencias. Cuando se desarrolló el proceso electoral de 1897, las viejas figuras del grupo de Benito Sáenz acuerparon el esfuerzo civilista como miembros plenos, trabajando para lograr la reelección del presidente Rafael Iglesias. La junta directiva del partido oficial en Santo Domingo se constituyó con Antonio Vargas Chacón como presidente, Pilar Arce vicepresidente, Blas Arce Vargas tesorero, y algunos de sus vocales eran figuras ya reconocidas como miembros de éste grupo: Jerónimo Carrillo, Juan Antonio Rodríguez, Pedro Azofeifa y Pedro Carrillo (Biblioteca Nacional, El reeleccionista, 1 de setiembre de 1897, 3).

En estas elecciones, el conflicto se manifestó con gran intensidad. Albino Villalobos formaba parte de una corriente liberal con un proyecto social, la cual comenzaba a manifestar tanto un discurso en ese sentido como un fuerte activismo político entre los trabajadores, respetando las garantían individuales y proponiendo un fortalecimiento del sufragio. Esta se materializó, a partir de 1890, en el Partido Independiente Demócrata (Salazar Mora, 2003: 144-148). No obstante, sus principios anticlericales eran igualmente radicales a los de otros representantes de un liberalismo más individualista. Villalobos había sido nombrado, en 1881, como alcalde de Santo Domingo, cargo que rehusó al no contar con los 21 años requeridos. Luego, en 1886, fue nombrado Jefe Político, puesto al que renunció, el 23 de junio del año siguiente, alegando “algunos inconvenientes” (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7262. f. 123 ). No obstante, resultó electo como alcalde único del cantón unos días después, a inicios de julio (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7262. f. 113). Llama la atención la presencia de un cruce de cargos dado que su sustituto en la jefatura política, Santiago Zamora, era el anterior alcalde, y dejó de serlo ante el nombramiento de Jefe Político para cubrir la vacante de Villalobos. Esta situación permite suponer que fueron otros los verdaderos motivos para tales cambios. Más aun, ante una licencia temporal otorgada a éste, en agosto de 1887, Villalobos retornó interinamente como jefe político, sin que el Poder Ejecutivo considerara los “inconvenientes” alegados por aquel menos de dos meses antes. (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7263. f. 4,8).

Hasta ese momento, él era un actor protagonista en el cantón bajo la tutela de Félix Arcadio Montero. En el contexto de 1890, apoyó al Partido Constitucional Demócrata, pero luego, una vez José Joaquín Rodríguez en la presidencia de la República, pasó a la oposición. En algún momento, Villalobos migró hacia la ciudad de Heredia. Como consecuencia de la represión de 1894 y 1895, el líder nacional de su partido, Félix Arcadio Montero, fue enviado al exilio por el gobierno de Rafael Iglesias (Salazar Mora, 2003: 144). Montero se instaló en la ciudad de Barcelona, España, desde donde le envía su correspondencia a Villalobos, abundante en referencias sobre la organización política. Así, aquel le pedía con insistencia no descuidar al Partido. Todo parece señalar que Albino Villalobos trascendió con éxito el ámbito de Santo Domingo pues destacó como abogado litigante y político a una escala aún mayor. Así, fue candidato a diputado en las elecciones de 1898 y, en algún momento, se le consideró como candidato presidencial (Biblioteca Nacional, El Reeleccionista, 5 de setiembre de 1897, 3). De hecho, asumió un rol importante como uno de los líderes opositores. No en vano, ya había recibido fuertes ataques desde el gobierno, lo que Félix Arcadio Montero destacó como un motivo de satisfacción:

Si, mi amigo, Usted debe estar satisfecho y con justicia de que mientras el vanidoso y estúpido Ministro de la Guerra (al Tesoro público) le llamara con tono despreciativo: “ese Albinillo”, un sujeto de méritos indiscutibles, de honradez a toda prueba y de talento esclarecido (como lo es el joven Matías Trejos) le haga a Usted justicia y aun le rinda justo homenaje a sus virtudes, carácter y talento (Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección de Reserva. Correspondencia personal de Félix Arcadio Montero con Albino Villalobos. Barcelona, 25 de abril de 1896).

De su correspondencia a Villalobos, se trasluce que Montero lo tenía en alta estima y lo incitaba a la acción. Son numerosas las cartas donde le explica la necesidad de conservar al Partido Independiente Demócrata y de crear un periódico para tal fin. Es en este marco donde le recuerda al natal Santo Domingo de ambos y le sugiere reorganizar a su gente ahí:

En Santo Domingo me ha dicho Filadelfo, que hacaban [SIC] de hacer lo mismo, pero no sé en que hayan quedado; allí no hay quien les impulse, aunque hay muy buena voluntad de parte de algunos. No es por demás que usted toque esa tecla y les anime. Maximiliano Arce me escribió también al respecto; y yo le dije que se hablara con Usted (Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Colección de Reserva. Correspondencia personal de Félix Arcadio Montero con Albino Villalobos. Barcelona, 1 de enero de 1897).

La muerte de Félix Arcadio Montero, en 1897, debió incitar a Villalobos hacia un activismo agresivo. En efecto, el proceso electoral de ese año se vio marcado por la violencia y la represión del régimen. Los anhelos reeleccionistas de Rafael Iglesias ocasionaron manifestaciones de diversa índole entre los opositores. Posiblemente, las más agresivas procedieron de los seguidores de Montero. En el caso de Santo Domingo, los eventos llegaron a un punto extremo donde corrió la sangre. El ambiente estaba muy caldeado para los días cuando el opositor Partido Republicano organizó una manifestación en la Villa, la cual resultó muy concurrida. Ante ello, las fuerzas oficialistas decidieron responder haciendo una en el mismo lugar, el 12 de setiembre de 1897. Esto fue tomado por los republicanos como una provocación, que desembocó en actos de violencia contra los civilistas que acudieron a Santo Domingo (Biblioteca Nacional, El Reeleccionista, 12 de setiembre 1897, 1-3).28 Albino Villalobos demostró un gran liderazgo en la movilización de los vecinos, reconociendo incluso las fuentes oficiales que dirigió a más de trescientas personas en la refriega. De hecho, él fue el líder que ordenó y dirigió el ataque. El saldo fue de tres muertos y numerosos heridos (Biblioteca Nacional, El Reeleccionista, 15 de setiembre 1897, 1-4). Uno de estos, al intentar huir por el puente del Virilla, fue interceptado por varios republicanos. A pesar de que intentó defenderse con un revólver solamente llevaba una bala, por lo cual, finalmente, resultó seriamente lesionado con varios garrotazos, dos bofetadas y algunas leves cortadas con puñal. El viejo político Antonio Vargas logró sobrevivir, pero dejó en el camino su ropa y joyas personales (Biblioteca Nacional, El Reeleccionista, 12 de setiembre 1897, 1-3).

Este tipo de manifestaciones de violencia se presentó en otros lugares del país (Salazar, 2003), y refleja un componente en las luchas electorales que no siempre ha sido reconocido. En otras palabras, las muestras de fuerza desde el gobierno también llegaron a tener una proyección local, lo cual permite suponer que fue un recurso no tan marginal utilizado por los diferentes grupos políticos. Finalmente, los opositores se abstuvieron de participar en las elecciones de primer grado ante la falta de garantías sobre la transparencia del proceso. Así, Iglesias logró la reelección. No obstante, esto condujo a un debilitamiento institucional con serias consecuencias para el país. En efecto, el fin de siglo fue difícil y marcado por el descontento, las protestas y la represión correspondiente. Una muestra de ese debilitamiento a nivel local se expresó en las dificultades que encontró el Poder Ejecutivo para lograr que alguien ocupara, con cierta permanencia, el cargo de Jefe Político de Santo Domingo. Así, encontramos que seis personas ejercieron ese cargo en 1898. No es de extrañar, por tanto, que una voz autorizada y hábil, desde el cantón, le recomendara al Poder Ejecutivo el camino a tomar para terminar el siglo: Agapito Bolaños retornó nuevamente a la jefatura política (ver Anexo Cuadro 10).

3. CONCLUSIONES

Los procesos electorales en Costa Rica tienen su origen en los inicios del siglo 19 y fueron una realidad manifiesta en el desarrollo institucional del país. Su existencia casi constante y, por lo demás, caracterizada por una amplia participación masculina, generó un conjunto de hábitos ligados al sufragio. De esta forma, puede considerarse que los individuos involucrados en dichos procesos aprendieron prácticas diversas relacionadas con la promoción del voto y con la movilización de los ciudadanos. Al aparecer los partidos políticos, dichos los individuos trasladaron sus experiencias a estas nuevas formas de lucha electoral. De ahí que su adaptación en el espacio de los cantones haya sido rápida. Santo Domingo de Heredia es un espacio que permite comprender ese proceso de integración de formas políticas ligadas a una movilización de masas mucho más compleja que la pre-partidaria (o faccional). En este marco debemos incluir los factores de sociabilidad relacionados, fundamentalmente la prensa. Así, encontramos una interacción directa entre la vida política nacional y local. Esto se manifiesta en el hecho de que los bandos domingueños trasladaran sus conocimientos en materia electoral a los nacientes partidos, permitiendo un recorrido exitoso en las luchas por el sufragio de los ciudadanos.

No obstante, la dinámica local tiene sus particularidades. En tal sentido, se torna necesario precisar una definición de los actores políticos que conlleve identificar el rol de cada uno de ellos desde condiciones distintas. Así, es necesario ir más allá de las formas jurídicas para comprender cómo se desarrolla la política, por lo cual identificamos grupos e individuos que ejercían poder real, aunque no ocuparan cargos públicos, además de los rasgos que favorecían la influencia o el peso local de tales actores. El escenario que representa Santo Domingo de Heredia no corresponde a un caso único. Por el contrario, consideramos que sus experiencias son similares a las de otros cantones. Consecuentemente, este estudio de caso contribuye a una mejor comprensión de la dinámica política local, al menos en el Valle central costarricense.

4. ANEXOs

CUADRO 9. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. LISTA DE JEFES POLÍTICOS 1880-1889

FECHA	NOMBRE	CONDICIÓN
12 de mayo 1880	Eulogio Fonseca	Aparece como Jefe Político
21 de mayo 1880	Antonio Vargas	Nombrado por Poder Ejecutivo
20 de julio 1880	Antonio Vargas	Reasume cargo 1)
29 de octubre 1881	Antonio Vargas	nombramiento
14 de mayo 1883	Juan González	nombramiento
Julio 1883	Coronel Pantaleón Bonilla	nombramiento
19 de enero 1885	Coronel Tomás Herra	aparece como…
24 de marzo 1885	Agapito Bolaños	nombramiento
11 de junio 1885	Clodomiro Salas	nombramiento
22 de junio 1885	Clodomiro Salas	aparece como…
23 de julio 1885	Antonio Rodríguez	nombramiento
25 de setiembre 1885	Antonio Rodríguez	aparece como…
14 de mayo 1886	Eustaquio Pérez	Nombramiento
25 de noviembre 1886	Albino Villalobos	Nombramiento
12 de marzo 1887	Santiago Zamora	nombrado por 8 días 2)
18 de mayo 1887	Santiago Zamora	nombrado por 30 días 2)
27 de junio 1887	Santiago Zamora	Nombramiento
18 de agosto 1887	Albino Villalobos	Nombramiento 3)
18 de noviembre 1887	Juan González
6 de febrero 1888	Félix Barquero	Nombramiento
29 de mayo 1888	Martin Rojas	aparece como…
28 de junio 1888	Martin Rojas	aparece como…
24 de noviembre 1888	Rosendo Segreda	Nombramiento
13 de julio 1889	Eulogio Fonseca	Nombramiento
17 de agosto 1889	Francisco Villalobos	Nombramiento
8 de noviembre 1889	Santiago Zamora	Nombramiento

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archiva Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 2436 folios 2v. y 13v., 7130 folios 59 y 106; Gobernación 7179 folio 10; 7262 folios 46 y 95; Gobernación 7263 folios 4, 8 y 95; y Gobernación 28278 folios 2-3v. y 7-8v.; Diario de Costa Rica, 22 de enero de 1885; y Colección de Leyes y Decretos 1881, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888 y 1889.

Notas:

1) La Secretaría de Gobernación lo había suspendido temporalmente

2) Es alcalde único

3) Hasta 11 de setiembre 1887

CUADRO 10. CANTÓN DE SANTO DOMINGO. LISTA DE JEFES POLÍTICOS 1890-1899

FECHA	NOMBRE	CONDICIÓN
7 de abril 1890	Eulogio Fonseca	Nombramiento
22 de abril 1890	Manuel Fonseca	Nombramiento
28 de abril 1890	Antonio Vargas Chacón	Nombramiento 1)
13 de setiembre 1890	Manuel Fonseca G.	Nombramiento
2 de julio 1892	José Braulio Zamora	Nombramiento
12 de agosto 1892	Agapito Bolaños	Nombramiento
24 de setiembre 1892	José Valverde Brenes	Nombramiento
24 de diciembre 1892	Antonio Vargas	Nombramiento
12 de abril 1893	Pedro Rodríguez Chacón	Nombramiento
13 de mayo de 1893	Blas Arce	aparece como…
15 de setiembre 1893	Santiago Zamora	Nombramiento
18 de noviembre 1893	Antonio Vargas Chacón	Nombramiento 2)
6 de marzo 1894	Bernardino Barquero	Nombramiento
31 de julio 1894	Pedro Rodríguez	Nombramiento
12 de enero 1895	Antonio Vargas	Nombramiento 3)
28 de marzo 1895	Pedro Rodríguez	Nombramiento 4)
6 de setiembre 1897	Jesús Aymerich	Nombramiento 1)
25 de enero 1898	Salvador Garbanzo	Nombramiento 1)
18 de marzo 1898	Jesús Cordero Menor	Nombramiento 1)
15 de agosto 1898	Victorino Quesada J.	Nombramiento
11 de noviembre 1898	Pedro Rodríguez	Nombramiento
3 de diciembre 1898	Lorenzo Carvajal	Nombramiento
3 de julio 1899	Agapito Bolaños	Nombramiento

FUENTES. Elaboración propia a partir de: Archivo Nacional de Costa Rica, serie Gobernación 20 folios 184 y 222, decreto 11 1893, Gaceta n.3 1899, Colección de Leyes y Decretos 1890, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898

Notas:

1) Nombramiento interino

2) Vargas renuncia en marzo 1894 y nombran a Barquero

3) “Estando impedido don Pedro Rodríguez para seguir desempeñando el cargo de Jefe Político de Santo Domingo el Presidente de la República Acuerda: Recargar esas funciones en el Presidente Municipal del mismo Cantón, don Antonio Vargas.”

4) “Habiendo cesado el impedimento de don Pedro Rodríguez Ch. Para desempeñar las funciones de Jefe Político del cantón de Santo Domingo, el presidente de la República, Acuerda: Que vuelva a hacerse cargo de la Jefatura Política indicada.”

Referencias bibliográficas

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Fuentes Primarias

A) Archivo Nacional de Costa Rica

Archivo Histórico Fondo Gobernación (correspondencia de la Gobernación de Heredia): expedientes 31; 2249; 4944, 7130; 7179; 7262, 7263; 8274; 28275 y 28399

Archivo Histórico Fondo Municipal 16216 (Actas municipales de Santo Domingo, 1892)

B) Archivo de la Curia Metropolitana

Fondos Antiguos, Caja 350, folio 393. Carta del presbítero Benito Sáenz al presidente Bernardo Soto, 10 de mayo de 1886

Fondos Antiguos, Caja 350, folios 411 a 412 v. Carta del cura Benito Sáenz y varios vecinos de Santo Domingo al obispo Bernardo Augusto Thiel, 27 de mayo de 1886

Fondos Antiguos Caja 401 folio 5. Carta de Braulio Morales a Bernardo Augusto Thiel, 1 de enero de 1891

Fondos Antiguos, caja 401 tomo 1 folios 24-25

C) Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de Costa Rica. Colección de Reserva

Correspondencia personal de Félix Arcadio Montero con Albino Villalobos. Barcelona, años 1896 y 1897

D) Prensa

Boletín Electoral. 4 de febrero al 3 de marzo de 1886

Diario de Costa Rica. 22 de enero al 9 de mayo de 1885

El Heraldo. 23 de diciembre de 1890

El Reeleccionista. 1 al 15 de setiembre de 1897

La Chirimía. 22 de enero de 1885 al 13 de marzo de 1886

La Prensa Libre. 10 de diciembre de 1889

Otro Diario. 30 de enero al 22 de mayo de 1886

E) Legislación

Colección de Leyes y Decretos, Costa Rica

Acuerdo 111 del 25 de febrero de 1890

Acuerdo 195 del 18 de abril de 1890

Acuerdo 528 del 13 de diciembre de 1890

Acuerdo 114 del 9 de marzo de 1891

Acuerdo 294 del 16 de setiembre de 1893

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1. 1 La versión original de este artículo es el Informe de investigación del proyecto CIHAC A9208 de la Universidad de Costa Rica: “Elecciones y poder local en el Valle Central costarricense: análisis del caso de Santo Domingo de Heredia”.

2. 2 Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 22 de marzo de 1886, 2.

3. 3 La prensa jugó un rol importante, en ese sentido, desde los inicios de la formación del Estado costarricense. Así, algunos de los primeros periódicos, tales como La Tertulia o El Mentor Costarricense difundieron los intereses o posturas de alguna de las facciones políticas. Este proceso fue continuado en las siguientes décadas, tomando un auge especial en la década de 1860.

4. 4 Una denuncia muy representativa es la que se hizo contra el jefe político de Atenas, Pedro Arias, a quien se le atacó de déspota pues se aprovechaba de su poder para intimidar a los electores y lograr que estos votaran por personas que él deseaba (Biblioteca Nacional, La Chirimía, 13 de marzo de 1886, 2).

5. 5 Lo publicado en el Otro Diario del sábado 20 de marzo de 1886 expresa lo que, comúnmente, aparecía en la prensa liberal: “… hemos visto la lucha del poder laico del Estado contra todo un sistema de educación y de costumbres ortodoxas y retrógradas implantadas por el despotismo del General Guardia, hábilmente secundado por la mano oprobiosa del jesuitismo y la clerecía. Pero la energía desplegada por el gobierno del General Fernández dio el golpe de gracia con la expulsión de los jesuitas y del Obispo Thiel, que tanto reaccionaban contra las tendencias liberales del nuevo orden de cosas, el cual ha sido hábil y dignamente secundado por el notable cuanto joven estadista, doctor don Bernardo Soto, que sucedió en el mando al malogrado General Fernández”. (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 2). El redactor indicó que este texto fue tomado del periódico La República de San Salvador.

6. 6 Una fuente de extraordinaria importancia es la obra del caricaturista y poeta satírico de la segunda mitad del siglo XIX, José María Figueroa, testigo excepcional de su época. Algunos de sus libros fueron rescatados de una biblioteca privada y depositados en el Archivo Nacional. Parte de ella fue reproducida y refleja muchos de los conflictos y bajos manejos a la sombra del poder, con lo cual se desfigura la imagen bondadosa y acrítica sobre los hombres que ejercieron altos cargos públicos, difundida por la llamada Historia Patria.

7. 7 Una visión distinta sobre la década de 1880, en la cual se destaca “la práctica política del Ejecutivo basada en la búsqueda del consenso como mecanismo de dominación”, obvia los aspectos autoritarios (más sutiles que en la época de Guardia) de los regímenes de Fernández y Soto (TARACENA ARRIOLA, 1993).

8. 8 Este es un tema que amerita una investigación más amplia, máxime que el Poder Ejecutivo acostumbraba a otorgar subsidios a algunos periódicos. Nótese el extremo de presentar al presidente Bernardo Soto como “…una encarnación política del ilustre general Fernández… (éste) dejó una obra comenzada que Soto ha tomado sobre sus hombros y que entregará concluida y perfecta a las futuras generaciones (…)” (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 12 de marzo de 1886, 1).

9. 9 Las juntas se componían de un presidente y entre dos a cuatro vocales (de los cuales uno fungía como secretario).

10. 10 “Millares de firmas de adhesión nos llegan, firmas que representan una convicción por la espontaneidad con que se ofrecen, y por las circunstancias de independencia y fortuna de los que las reciben y de la mayor parte de los suscritos”, (Biblioteca Nacional, Boletín Electoral, 12 de febrero de 1886, 1).

11. 11 “Informe de Manuel Zamora, gobernador de la Provincia de Heredia, al secretario de Gobernación”, 12 de mayo de 1880. (Archivo Nacional de Costa Rica. Serie Gobernación. 7130. f. 55).

12. 12 Un caso que lo ejemplifica es el aparecido en el Diario de Costa Rica, donde se señalaba: “Santo Domingo, 7 de mayo de 1885. Sr. Editor del Diario de Costa Rica Hasta hoy no ha celebrado la Municipalidad de este Cantón la sesión ordinaria de 1 del mes. ¡Pobre Pueblo!” (Biblioteca Nacional, Diario de Costa Rica, 9 de mayo de 1885, 4).

13. 13 Tilly analiza la violencia y, en este marco, propone la clasificación de agentes del gobierno, miembros del sistema político, desafiadores, sujetos o súbditos y actores políticos externos: “El total del conjunto de interacciones de tales actores entre sí y con el gobierno constituye un régimen político” (Tilly, 2006, 27-29).

14. 14 Esta tipología debe considerarse como una propuesta para comprender los conflictos locales, por lo cual cabe replantear algunos aspectos de cara a otras investigaciones sobre la temática de poder local que abordamos acá.

15. 15 Aunque no es tema central de este trabajo, debemos destacar la importancia de los informes de gobernadores y jefes políticos como fuentes para el estudio de la administración pública, en sus diversos aspectos: presupuesto, burocracia, gestión administrativa, fiscalización, etc. Para el caso de Santo Domingo, revisamos los informes de los jefes políticos Santiago Zamora, Juan González y Martín Rojas. (Archivo Nacional de Costa Rica, Fondo Gobernación 4944, 7263 y 8274).

16. 16 Aunque también se les agradeció a otros dos miembros de la Junta económica constructora de la Basílica, y cercanos a Antonio Vargas, presidente municipal, la redacción del acta refleja el interés central por acuerpar a Benito Sáenz. El documento lo suscriben una numerosa cantidad de vecinos, encabezado por los principales políticos del grupo del presbítero. (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondoa Municipal. 16216. f. 4952).

17. 17 Al respecto, y para su última etapa de construcción, se aprobó la realización de turnos y la importación con exoneración de objetos diversos tales como un órgano, lámparas, tejidos de oro y plata, hoja de oro para dorar, alfombras e imágenes. Entre otros: Colección de Leyes y Decretos. Acuerdo 111 del 25 de febrero de 1890, Acuerdo 195 del 18 de abril de 1890, Acuerdo 528 del 13 de diciembre de 1890, Acuerdo 114 del 9 de marzo de 1891 y Acuerdo 294 del 16 de setiembre de 1893.

18. 18 En otra publicación, se felicitaba al nuevo jefe Político del cantón, recomendándole que “… no haga migas con el Padre Benito, porque entonces todo está perdido…” (Biblioteca Nacional, Otro Diario, 22 de mayo de 1886, 2).

19. 19 Bernardo Soto ejerció por primera vez la presidencia, en 1885, en su condición de primer designado, dado que el presidente constitucional, Próspero Fernández, falleció repentinamente.

20. 20 Carta de Braulio Morales a Bernardo Augusto Thiel, 1 de enero de 1891. El texto de esta carta fue localizado por el historiador Esteban Sánchez (2021), y mencionado en su excelente tesis de maestría (página 185), en el Archivo de la Curia Metropolitana Sección Fondos Antiguos Caja 401 folio 5 (documento que consultamos).

21. 21 La figura de Antonio Vargas alcanzó tal relevancia que, en la memoria de muchos vecinos del cantón, se le representó de forma muy idealizada. Manuel González Zeledón (MAGÓN) aparentemente fue su amigo personal y lo representa como humilde jornalero y, luego, como miembro de la Junta constructora de la Basílica. Esto es un error, tal vez como consecuencia de una mala referencia, aunque también puede obedecer a que escribiera sobre él mucho tiempo después, en 1934. De hecho, su participación en ésta obra lo fue durante la última administración de Tomás Guardia (1877-1882), y cuando Vargas destacaba como un próspero agricultor y un notable del lugar (Gonzálezal, 1968, 259-272, 306). Hacemos referencia al cuento “El grano de oro”.

22. 22 “Respecto de la protesta que hacen los Municipios de estar en disposición irrevocable de presentar su formal dimisión, a pesar de la falta que constituye esa protesta, creo que harían un bien positivo a su cantón separándose o renunciando sus destinos; pues en el corto tiempo que los han ocupado, han demostrado que no los saben desempeñar, tal como la ley los ha creado y tal como ejercerlos en beneficio de su canton.” Pedro Ulloa, gobernador de Heredia, al Secretario de Gobernación. 7 de abril 1883 (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208 f.42v).

23. 23 Toda esta situación condujo al levantamiento de una instrucción por parte del gobernador de Heredia, quien envió la documentación al Gobierno para que éste “… conosca la verdadera situación de Santo Domingo respecto al modo de ser de sus autoridades, y si fuese posible dicte alguna providencia capaz de contener estos desmanes e impedir en lo sucesivo la desmoralisacion consiguiente…” (Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 7208. f. 73-73v. y 76-76v).

24. 24 La información sobre Rodríguez aparece en: Archivo Nacional de Costa Rica. Fondo Gobernación. 28399 f.4.

25. 25 En la época, quienes encabezaban una lista de nombres representaba a los gestores. Posiblemente, otros firmantes que aparecían en los últimos lugares lo hacían por compromiso más que por convicción o voluntad real.

26. 26 La negrita no es del original.

27. 27 Agradezco al historiador Esteban Sánchez haberme facilitado éste dato.

28. 28 Entre los miembros del Partido Republicano en Santo Domingo se encuentran Gerardo Jiménez, Francisco Zamora, Benjamín Ulate, José María Zamora, Claudio Salas y Luis Arce.