Hacia la formulación de una política pública en gestión y conservación de documentos, como garantía de la transparencia y el acceso a la información pública
Portada RAN 2017
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Palabras clave

política pública
conservación
documentos
archivística
información pública

Cómo citar

Campos Ramírez, C. E. (2017). Hacia la formulación de una política pública en gestión y conservación de documentos, como garantía de la transparencia y el acceso a la información pública. Revista Del Archivo Nacional, 81(1-12), 161-170. Recuperado a partir de http://www.dgan.go.cr/ran/index.php/RAN/article/view/37

Resumen

Presentación

Es estratégico iniciar esta presentación aseverando que las políticas públicas constituyen instrumentos de primer orden para el buen gobierno, por lo que cada vez más los gobiernos recurren a estos mecanismos para atender las necesidades insatisfechas de sus ciudadanos y los problemas estructurales del Estado, con los recursos cada vez más escasos.

En la actualidad hay un reconocimiento por parte de los diferentes actores sociales y de la ciudadanía en general, sobre la necesidad de abordar temas y problemas complejos, aumentado la capacidad de gobierno, mediante el fortalecimiento de las políticas públicas. La gestión de los documentos y la administración de los archivos no escapan a esta realidad y, por tanto, deben formar parte de la agenda pública del país.

Hoy día el entorno se caracteriza por una demanda de información ilimitada, por un lado, con una exigencia cada vez mayor de los ciudadanos para acceder a más información pública, pertinente y ágil en su recuperación y, por el otro, con un aparato estatal cada vez más complejo y con mayor restricción de recursos; lo que también provoca paradójicamente una explosión documental sin precedentes; todo en un marco donde la tecnología se encarga de revolucionar las formas tradicionales de gestionar lo público. En los últimos 40 años se han producido más documentos que en los 400 anteriores; lo que desborda la capacidad de los archivos, que buscan soluciones a sus problemas crecientes con recursos decrecientes.

En este escenario, se hace indispensable proponer una agenda pública que permita analizar este contexto, teniendo como referente las buenas prácticas en el ámbito nacional e internacional y que permita identificar, con la participación de todos, los temas prioritarios y las formas más eficientes para encarar estos nuevos desafíos, que en muchos casos nos alcanzan sin resolver del todo los viejos. Se trata entonces, de asumir un compromiso que, en esta ocasión, se propone concretar con la formulación de una política pública, que permita definir una ruta de desarrollo para los archivos.

Congruente con esta argumentación, se concluye entonces que la situación de los archivos y su grado de desarrollo no es un asunto de menor importancia, desconectado del resto de la gestión administrativa institucional y, por ende, sin implicaciones para el buen gobierno. Estas implicaciones y sobre todo el reconocimiento de los beneficios que se obtendrían de cumplir con la legislación archivística existente y, por tanto, propiciar las condiciones necesarias para el buen desarrollo de los archivos, justifican la necesidad y conveniencia de formular e implementar una política nacional. Esta política nacional permitirá consensuar con los actores involucrados, un plan de acción con la gradualidad requerida para aunar los esfuerzos y disponer de los exiguos recursos económicos existentes para que, con compromiso y eficiencia, se cumpla a cabalidad.

En el proceso de formulación de la política, se identifican unas áreas estratégicas que, a nuestro entender, han capturado la mayor parte de la atención en el Sistema Nacional de Archivos y que, repercuten directamente en el funcionamiento de la administración de los documentos y los archivos públicos. Temas que destacan en la cotidianidad como son la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

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