Revista del Archivo Nacional de Costa Rica

Las desigualdades: una reflexión necesaria en el contexto del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica

The Inequalities: a Necessary Reflection in the Context of the Bicentennial of the Independence of Costa Rica.

Dossier monográfico: Bicentenario de la Independencia de Costa Rica

Luis Diego Soto Kiewit

Yensi Vargas Sandoval

Alexis Segura Jiménez

Álvaro Madrigal Mora

Carolina Sánchez Hernández

Adriana Salazar Miranda

Carlos Carranza Villalobos

Los autores y autoras son académicos(as) de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, Costa Rica.

Correo para contacto: luis.soto.kiewit@una.cr | COSTA RICA.

ISSN 2215-5600
Vol. 85, 2021: e528
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021
www.archivonacional.go.cr/RAN

Fecha de recepción: 30/06/2021

Resumen. El contexto de celebración del Bicentenario de la Independencia es un espacio muy propicio para poner en discusión y tomar decisiones sobre temas de la agenda social y política de Costa Rica, actuales y pertinentes. Asimismo, para visibilizar que la construcción de un Estado y una nación es un proceso y no el resultado de la firma de un acta o la emisión de decretos.

En este artículo, interesa reflexionar sobre la desigualdad, uno de los desafíos más importantes que tiene el país en el contexto de su celebración del Bicentenario. El tema, además, no puede ser abordado al margen de dimensiones específicas, pues existen múltiples formas de desigualdad, desde las cuales es posible establecer las condiciones dispares con las que se configuran las relaciones en Costa Rica. Por lo anterior, se propone situar la discusión sobre la desigualdad en las siguientes áreas: ingresos, cultura, género, educación y tecnología.

Esta reflexión es, en suma, un esfuerzo académico y de compromiso social, para poner en la agenda de discusión algunos tópicos que se trabajan en los programas de investigación, extensión y docencia de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. El objetivo radica en mostrar los retos de la sociedad en el marco de los 200 años de independencia. Por tanto, se trata de una invitación a reconocer también, como sociedad, desde los pendientes y dilemas, y no solo desde los logros y avances.

Palabras Clave. Bicentenario de la Independencia, Desigualdad, Ingresos, Cultura, Género, Educación, Tecnología, Costa Rica.

Abstract. The context of the Bicentennial of Independence is a propitious space to discuss issues of relevance to the social and political agenda of Costa Rica. It is the perfect scenario to make visible that the State and the Nation are constructions and not the result of the signing of decrees.

This paper proposes the inequalities as the most relevant challenges in the celebration of the bicentennial of independence. This issue cannot be approached without specific dimensions, considering the multiple links of inequality, from which it is possible to establish the disparate conditions of the relationships in Costa Rica. Consequently, we propose to place the discussion in the following areas: income, culture, gender, education, and technological access.

This reflection is an effort to discuss topics that we work on in the research, extension, and teaching programs of the School of Sociology of the National University. The objective is to present the challenges of society in the framework of the 200 years of independence. It is an invitation to recognize our dilemmas and pending topics beyond the achievements and advances.

Keywords. Bicentennial of Independence, Inequality, Income, Gender, Culture, Education, Technology, Costa Rica.

1. Introducción

Una celebración como la del Bicentenario, en tanto ceremonia, es un ritual de reconocimiento y afirmación, que busca legitimar el sistema político y los arreglos institucionales (Balandier, 1994). Desde esa óptica, es pertinente tomarlo como un espacio para reflexionar sobre el proceso de configuración y consolidación del Estado, y para aportar a la construcción de la sociedad desde el reconocimiento y la necesidad de nuevos arreglos económicos, políticos y culturales, los cuales permitan mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad. La reflexión busca convertir el espacio de conmemoración en una oportunidad para poner en la agenda del país, en perspectiva crítica y propositiva, un tema central para la consolidación del Estado y la democracia costarricense: la desigualdad.

El interés fundamental del artículo es remarcar la discrepancia existente entre la igualdad normativa y la desigualdad material (Durand, 2010), como señal de las limitaciones institucionales del Estado costarricense en sus 200 años de desarrollo. Se entiende que la igualdad no se resuelve únicamente desde declaraciones, como la que se plasma en el artículo 33 de la Constitución Política de Costa Rica, cuando se afirma que “toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”; o bien, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que propone: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos […]”. Más bien, se desarrolla al promover y crear las condiciones reales, simbólicas y materiales, que permitan construir una verdadera igualdad.

Así pues, se considera necesario proponer una lectura social de la realidad, que no solamente permita orientar las discusiones académicas, sino también las acciones políticas, y coloque en la mira de la sociedad costarricense tópicos sobre los cuales la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional se ha ocupado en los últimos años, desde sus programas de investigación, extensión y docencia. En términos de contenido, este artículo está compuesto por cuatro apartados: (i) la introducción, (ii) una valoración conceptual y disciplinar de la desigualdad, (iii) la presentación de cinco formas de la desigualdad y (iv) reflexiones finales.

2. Hacia una concepción articulada de las desigualdades

“La tensión entre la igualdad formal y la desigualdad real se resuelve de forma particular en cada sociedad. La ciudadanía y su calidad son un producto, variable, de la forma en que se resuelve la tensión” (Durand, 2010, pp. 9-10)

La celebración del Bicentenario de la Independencia es un espacio y pretexto perfecto para reflexionar sobre la sociedad costarricense que se ha construido. Para esto, es fundamental vincular el problema de la desigualdad al proceso -siempre abierto- de construcción institucional asociado con la configuración de una sociedad (Lechner, 1986; 2014), lo cual, de alguna manera, es lo que se celebra en esta ocasión.

Estar a favor de la igualdad no implica concebir que los seres humanos son idénticos; por el contrario, lo que se reivindica es la igualdad de condiciones y posibilidades, pero en la diferencia (Rosanvallon, 2015). Con la igualdad, se busca que todas las personas tengan condiciones simbólicas, materiales y sociales, para que puedan hacer valer sus talentos y habilidades, y aprovechar, de este modo, las oportunidades que les ofrezca la sociedad para realizarse y tener un buen vivir (Giraldo, 2014).

Se reconoce que la desigualdad tiene múltiples dimensiones (CEPAL, 2016), y si bien esta reflexión se limita a algunas de sus manifestaciones, es claro que también existen otras desigualdades, igualmente relevantes. Por ejemplo, la desigualdad territorial (Arias, Sánchez y Rodríguez 2020; León, 2015), la étnica (Garbanzo y Fonseca, 2006) y la etaria (CEPAL, 2016), las cuales también son un retrato más amplio y preciso de la sociedad costarricense que, con claros y oscuros, se ha configurado la largo de 200 años de vida independiente.

Las desigualdades, del mismo modo, son producto de un problema colectivo, social e históricamente construido, más que de carencias individuales como falta de talento, ambición, iniciativa o visión (Dubet, 2015). Por esto, en torno a la desigualdad existe una responsabilidad colectiva e institucional, debido a la forma en la que se ha construido y estructurado la sociedad. Ante esto, resulta relevante la lectura histórica y social, en tanto permite considerar la institucionalidad económica y política (Mills, 2004), que hace posible y sostiene las diversas formas de desigualdad.

Como problema social, las desigualdades también condicionan la construcción de ciudadanía, lo cual es uno de los pilares de todo Estado-nación que aspire a ser democrático. Según plantea Durand (2010), la ciudadanía es un resultado de la tensión entre la igualdad formal (constitucional y legal) y la desigualdad real (material de las personas). Por tanto, la desigualdad no se resuelve con la aprobación de disposiciones legales, por ejemplo, al declarar a las personas costarricenses como iguales ante la ley, sino al crear e institucionalizar espacios de participación política y acceso a condiciones materiales reales, con las cuales puedan tener un buen vivir.

En concreto, se plantean reflexiones sobre cinco formas de desigualdad que persisten en la sociedad costarricense, a saber: económica, cultural, por condición de género, educativa y tecnológica. Si bien estas dimensiones se presentan segmentadas como ejercicio expositivo, en la realidad social están interconectadas y asociadas. Además, su organización es situacional, pues no se trata de ubicar la manifestación primigenia de la desigualdad, sino de entender que en escenarios concretos esta puede configurarse como catalizadora de inclusión o exclusión social. Según el argumento anterior, las desigualdades conforman una red de múltiples nodos (CEPAL, 2016), que se configuran de forma específica, según contextos, entornos y trayectorias personales.

En relación con la desigualdad en la distribución de ingresos, se propone que más allá un asunto estrictamente económico y asociado a la acción individual, es un fenómeno social y político, vinculado a las condiciones y acciones institucionales en los Estados, como lo demuestra Piketty (2014). La distribución de ingresos no es un asunto individual y de decisiones de las personas, sino un problema social de la organización institucional.

En términos de la desigualdad cultural, destaca la existencia del capital cultural, el cual, de la misma manera que el capital económico, concede poder y beneficios a quien lo posee; por lo tanto, su adquisición, acumulación y uso otorga un estatus (Bourdieu, 2011). Este capital cultural está constituido no solo por elementos materiales adquiridos, sino por estudios, títulos y conocimientos, que les permiten a las personas acceder y aprehender los bienes culturales. El consumo cultural es un escenario de reproducción social, generador de diferencias sociales (Bigott, 2012); es decir, se convierte en un componente de participación social que condiciona el acceso a recursos y espacios.

En cuanto a la desigualdad por condición de género, es importante señalar que se sostiene sobre la base del sistema sexo/género (Rubin, 1986), el cual se alimenta de dos grandes estructuras sociales: el patriarcado y la heteronormatividad (Wittig, 2006). Estas contribuyen a naturalizar este tipo desigualdad y permiten así la reproducción cotidiana de formas de opresión, las cuales se concretan a través de instituciones sociales (Rich, 1996), tales como la familia, el sistema educativo, la religión, el Estado y la ley (Berger, 1997), que imprimen distintas formas de control social en su desenvolvimiento habitual y generan discriminación y violencia.

Para efectos de la desigualdad educativa, es necesario reconocer que se legitima y se organiza desde una estructura que permite la exclusión social. Además, en la actualidad, se nutre con nociones como eficiencia, calidad, logro educativo y desempeño, atribuidas a la persona (Mclaren, 2003), lo cual minimiza el peso y la influencia que tienen las estructuras sociales; es decir, factores como la clase social, el capital cultural y simbólico, las instituciones y las condicionantes del origen social (Bourdieu y Passeron, 2004). La preeminencia de estas nociones individualizadoras evita deliberadamente identificar la desigualdad persistente de acuerdo con las condiciones sociales del estudiantado, que el mismo sistema educativo reproduce. Lo anterior sumado a lo que también ocurre en otros ámbitos como el económico, cultural y social que, según se ha propuesto, reproducen desigualdades.

La desigualdad tecnológica es propia de la era de la información (Borja y Castells, 1997), pues en ella surgen formas de desigualdad con un nuevo signo y se configuran alrededor de los acelerados procesos de producción de información y desarrollo tecnológico. Estos procesos, propios de la sociedad red (Castells, 2004), marcan la pauta de las brechas digitales, conformadas no solo por el acceso a recursos tecnológicos, sino también por el desarrollo de capacidades para su uso (tanto en el consumo como en la creación de contenidos). Los recursos tecnológicos son, pues, un factor que marca la diferencia en el acceso a múltiples bienes y servicios y a dinámicas de interacción, que se articulan “en línea” y de las cuales grandes contingentes de población quedan excluidos.

En el siguiente apartado se muestra cómo estas formas de desigualdad están presentes en la sociedad costarricense y crean una fisura entre la declaración constitucional de igualdad ante la ley y la realidad nacional -las condiciones de vida de amplios sectores de la población-, ya que las normas y la institucionalidad no garantizan la igualdad de condiciones; más bien, reproducen desigualdad.

Lo anterior constituye una disyuntiva que es necesario discutir y atender, por lo cual, la celebración del Bicentenario es un espacio propicio para conmemorar críticamente y reconocernos como sociedad. Esta ocasión puede constituirse en un escenario para problematizar la institucionalidad y los resultados alcanzados en materia de igualdad.

3. Algunas expresiones de la desigualdad en la Costa Rica del Bicentenario

Este apartado está constituido por la presentación de cinco manifestaciones de la desigualdad en la sociedad costarricense actual. Como se planteó en el punto anterior, no se pretende establecer una causa primigenia de la desigualdad; por el contrario, interesa mostrar las conexiones y traslapes entre las diversas expresiones, al argumentar que constituye una red con múltiples nodos, y que su configuración personal, comunitaria, regional o nacional siempre es particular.

3.1. Desigualdad de ingresos

Una de las dimensiones más comunes de la desigualdad es la diferencia de ingresos. Es un indicador que permite valorar cómo se distribuye la riqueza en un país o territorio y, a la vez, constituye una clara señal de las condiciones dispares con la que las personas enfrentan diversas situaciones del día a día; por ejemplo, satisfacción de las necesidades fundamentales para la vida tales como alimentación, vivienda, educación y salud.

En Costa Rica, la desigualdad de ingresos es un problema que se ha identificado y señalado desde hace varios años (Sojo, 2010; Mora y Pérez, 2009). La medida más común para valorar la desigual es el coeficiente de Gini1; así pues, con base en este y según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC, 1991; 2021), la desigualdad en Costa Rica se ha acrecentado en las últimas tres décadas, pues ha pasado de un coeficiente de 0.46 en el año 1990, a uno de 0.52, en el año 2020. Esto demuestra que el país es cada vez más desigual, en el cual los réditos de la producción de bienes y servicios se concentra en un grupo reducido de la población. Con esos datos, Costa Rica se posiciona como uno de los 10 países más desiguales del mundo, según el Banco Mundial.

A partir del indicador anterior, pueden surgir preguntas como: ¿Qué significa esa desigualdad en términos de ingreso?, ¿de qué nivel es la desigualdad de ingreso en la población? y ¿cuáles son las causas principales de esta desigualdad? Para responder estas preguntas, se empleó otro dato, el de la relación de ingreso entre el décimo decil y el primer decil. Esa relación permite identificar que para el año 1990 el ingreso del 10% más rico de la población equivalía a 19.88 veces el ingreso del 10% más pobre; esto, al año 2020, llegó a un valor de 21.46 veces (según datos del INEC, 2021). La falta o escasez de ingresos no solo es un problema económico, sino también social, pues tiene implicaciones en muchos otros ámbitos de la vida de las personas, como el reconocimiento, el estatus, la valoración social y el acceso diferenciado a bienes y servicios.

Los datos anteriores evidencian que en la sociedad costarricense subsisten ingresos ampliamente dispares, lo cual constituye un escenario ideal para reproducir grandes brechas sociales en la educación, salud, consumo y recreación de las personas, a lo largo de toda su vida (PNUD, 2019; Busso, y Messina, 2020). Esto sumado a problemas sociales, culturales y emocionales, productores de exclusiones simbólicas y materiales, y a la erosión de la solidaridad y la democracia (Wilkinson y Pickett, 2019).

Sin embargo, no solo se deben tomar en cuenta las consecuencias sociales de la desigualdad en el ingreso, sino también problematizar las condiciones políticas, económicas e institucionales que le dan sustento, pues, como ya se planteó, la desigualdad es un problema social e históricamente construido. A pesar de los relatos de responsabilidad individual y subjetiva, es necesario atender las causas históricas y sociales de su génesis, lo cual implica valorar la constitución y el desarrollo institucional como un reto y signo de las limitaciones que enfrenta la consolidación de la democracia y la ciudadanía (Durand, 2010) y el desarrollo humano (PNUD, 2019), ya que la igualdad normativa no necesariamente se corresponde con la igualdad material.

3.2. Desigualdad cultural

La cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. Lo anterior incluye las artes y letras, pero también modos de vida, sistemas de valores, tradiciones y creencias (Encuesta Nacional de Cultura, 2016). Con base en esto, es indudable que la cultura ocupa un papel trascendental en la vida de los seres humanos y del planeta. Incluso ha sido incorporada en las más recientes propuestas políticas y estrategias orientadas a la construcción de un mundo sostenible, junto con las dimensiones social, ambiental y económica.

La cultura tiene una doble cara, pues, por un lado, la población es constructora de cultura, y por otro, es consumidora. Esto último se materializa en lo que pensadores como Adorno y Horkheimer (1988) llamaron industria cultural (hoy día: industrias culturales), en las cuales diversos sectores o grupos se dedican a producir, exhibir y comercializar servicios y bienes culturales. Por ello, la institucionalidad debe asegurar el acceso democrático de la población a las diversas manifestaciones de la cultura, tanto desde la representación y reconocimiento como desde el acceso.

Más allá de los preceptos democráticos y normativos, las personas no tienen acceso a la cultura y sus diferentes manifestaciones de forma igualitaria ni, mucho menos, equitativa; ya que, dicho acceso está condicionado, no solo por factores económicos o geográficos, sino, principalmente, por factores simbólico-cognitivos, los cuales constituyen el capital cultural. Precisamente, la última Encuesta Nacional de Cultura de 2016 muestra estas brechas en el acceso a la cultura, pues una mayoría de la población nacional está excluida, pero, además, existen diferencias en el acceso, principalmente, entre la zona urbana y la rural, tal y como se puede observar en el tabla 1, con respecto a la asistencia de la población nacional a diferentes espacios culturales.

En general, estos indicadores son bastante bajos a nivel país, pero cuando se contrapone la asistencia entre urbano y rural, son claras las diferencias en cada uno de los espacios culturales. A partir de lo anterior, es posible intuir que las personas procedentes de zona rural tienen menores posibilidades de acceso físico a estos espacios culturales. Sin embargo, es de resaltar que el principal motivo que plantean quienes no asisten a este tipo de espacios culturales es el desinterés o porque no les gusta, con porcentajes en un rango del 30% a casi el 50%. Aunado a esto, se mencionan factores como falta de tiempo, desconocimiento sobre las actividades, lejanía de estas (sobre todo en la zona rural), falta de dinero e incluso, problemas de salud o condiciones de discapacidad, razones que probablemente afecten en mayor medida a los pobladores de zonas rurales.


Tabla 1. Costa Rica: Porcentaje de la población costarricense mayor de 5 años que asiste a diversos espacios culturales, por zona (2016)

Espacio cultural

Nacional (%)

Zona urbana (%)

Zona rural %

Cine

35.8

32.6

17.6

Patrimonio natural

30

33.9

19.5

Artes escénicas

28.2

30.9

21.1

Museos

17.8

21.2

8.8

Bibliotecas

17

19.4

10.5

Eventos musicales y conciertos

14.9

17.3

8.4

Monumentos históricos o sitios arqueológicos

12.1

14.1

6.7

Artes visuales

11.3

12.9

6.9

Casas de la cultura o centros culturales

8.3

10

3.9

Galerías de arte o salas de exposición

7.6

9.2

3.5

Fuente: Encuesta Nacional de Cultura (2016).


Más allá de las diversas limitaciones, interesa destacar dos elementos: (i) la baja participación a nivel nacional en este tipo de espacios (en ningún caso alcanza un 40%) y (ii) la justificación central a partir del desinterés o de que “no les gusta”. Se puede inferir que la exclusión se genera por la ausencia de capital simbólico, que permite aprehender los productos culturales. Esto es reforzado por diversos estudios sobre consumo cultural, realizados por el Programa Patrimonio, Desarrollo y Sociedad de la Escuela de Sociología, en los cuales se demuestra, en concordancia con la teoría de Bourdieu (2012), que las prácticas de consumo y ejecución de actividades culturales están estrechamente vinculadas con el nivel de capital cultural, condicionado, a su vez, por la escolaridad de las personas y su origen social, y cuya construcción ha sido influenciada fundamentalmente por el entorno familiar y las instituciones educativas (Salazar et al., 2019).

En ese sentido, la institucionalidad falla al no propiciar, por un lado, un mayor acceso de la población a la educación superior y, por el otro, la generación de un mayor capital cultural. Otro elemento que destacar es que la sociedad costarricense no escapa a la reproducción de esa llamada “falsa dicotomía” entre cultura de élite y cultura de masas, la cual genera exclusión de los grupos con poco capital cultural, que no se ven reflejados en estas manifestaciones de cultura de las élites, por no poseer las herramientas para acceder a ellas, y aumenta así la inequidad y la exclusión dentro de nuestra sociedad.

3.3. Desigualdades vinculadas al género

De Miguel (2015) plantea que se vive en sociedades formalmente igualitarias entre hombres y mujeres, en las cuales, sin embargo, se continúan desarrollando prácticas de sexismo, misoginia y distintas formas de violencia contra las mujeres. Estas prácticas se sostienen y se reproducen a partir de la socialización diferencial; es decir, mediante la pedagogía del comportamiento que se dirige de forma ampliamente especializada a través de la crianza diferente de hombres y mujeres, lo cual se traduce en un acceso distinto a oportunidades, a recursos y al poder, en todas sus dimensiones. En el caso de Costa Rica, estas desigualdades de género se evidencian en diferentes ámbitos, como se muestra en los siguientes párrafos.

En el ámbito laboral, las mujeres están mejor calificadas; no obstante, la brecha salarial persiste, pues se les paga menos del valor de intercambio en el mercado de trabajo que a los hombres y, a su vez, encuentran mayores obstáculos para acceder y mantenerse en ciertos puestos de toma de decisiones. Además, en contextos de crisis, como la actual pandemia provocada por el SARS-CoV-2, las mujeres son quienes se enfrentan mayormente a la realidad de no contar con un trabajo remunerado; esto se evidencia en la tasa de desempleo en las mujeres, de 26,1%, frente al 13,7% de los hombres, en el I trimestre del 2021 (INEC, 2021). En una línea similar, dentro del ámbito del uso del tiempo, las mujeres destinan, en promedio, 22 horas semanales más que los hombres a labores de cuido y trabajo doméstico no remunerado (INAMU-UNA-INEC, 2018), lo cual limita sus oportunidades para desarrollar otros proyectos personales y profesionales.

En el ámbito de la seguridad, se intensifican las diversas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Según datos del Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia (2021), en el 2019, a nivel nacional, los delitos del ámbito sexual representaron el 6.1% de la totalidad de las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público contra personas mayores de edad. En el 2020, se presentaron un total de 20 femicidios, y en el 2021, se solicitan en promedio 132 medidas de protección por día. En la mayoría de los casos, son las mujeres quienes solicitan la protección en contra de los hombres.

A su vez, continúan las desigualdades en el área de la educación. Si bien cada vez las mujeres tienen más acceso a la educación, en relación con las áreas STEM2, según CONARE (2018), solo el 35% de las mujeres universitarias se encontraban matriculadas en las carreras de ingeniería y un 33% en ciencias básicas, mercados de mayor dinamismo en la actualidad. Por otra parte, en el ámbito de la salud, persiste discriminación por género, evidenciada en prácticas como la violencia obstétrica; las barreras para acceder a la educación y la salud sexual y reproductiva, así como para el acceso oportuno a la salpingectomía; la discriminación hacia las cosmovisiones de las mujeres indígenas, que emplean medicina natural; o la violencia que enfrentan las mujeres trans, reflejada en su baja esperanza de vida, la cual está entre 35.5 y 41.2 años; en contraste con los datos de América Latina, que indican 75 años (ONUSIDA, 2021).

Estos datos reflejan las brechas persistentes por condición de género y representan un reto no solo para la sociedad costarricense, sino también para el oficio sociológico, en tanto debe repensar sus posibles aportes a la comprensión y al estudio del género en la sociedad actual.

3.4. Desigualdad en lo educativo

La focalización del gasto social, característica del Estado neoliberal (Martínez y Sánchez, 2019), se nutre con la preeminencia de nociones como eficiencia, competitividad y desempeño educativo. Este desempeño recurre a la medición de la cobertura, las tasas de alfabetización y aprobación o resultados en pruebas estandarizadas, para dar cuenta de la utilización del presupuesto público. A pesar de la idea generalizada de que la cobertura alcanza porcentajes alentadores, en comparación con otros países de la región, una mirada a algunos indicadores muestra la desigualdad que persiste en el sistema educativo costarricense (MIDEPLAN y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2016).

Con la tasa específica de escolaridad por edad en el sistema educativo tradicional3, se evidencia que, al finalizar la primaria, se tiene alrededor del 97%, pero en el tramo educativo de secundaria, con población de 12 a 14 años, baja a un 92%, y en las edades de 14 a 16 años disminuye a un 87.7% (MEP, 2021). En educación secundaria, nivel educativo en que distintos estudios apuntan los mayores desafíos, se tiene para el 2020 una tasa neta de escolaridad general de un 76,6%, y en educación diversificada, en particular, de un 52,8%; mientras que en nivel de primaria se alcanza un 95% (MEP, 2021). De manera similar, la exclusión o “abandono escolar”, si bien muestra una disminución sostenida en los últimos 10 años, para el año 2019 todavía alcanzó valores superiores al 7% en secundaria; en sétimo año de un 7.5%, en octavo año un 8.9%, y en décimo año 8.4% (MEP, 2021).

Otro dato ilustrativo es el promedio de estudiantes por computadora4, que para el 2020, muestra la desigualdad o brecha existente, pues mientras que en la educación pública se tiene un promedio de nueve estudiantes por computadora, en la educación privada es cercano a cuatro (MEP, 2021). Esto sin considerar la desigualdad de contar o no con computadora y acceso a internet en el domicilio, lo cual ha sido uno de los factores centrales en la calidad educación recibida durante la pandemia por la COVID-19.

La educación como proceso complejo e integrador del desarrollo humano y social está en cuestionamiento y, aunque es innegable el vínculo del sistema educativo con el modelo hegemónico actual, desde la sociología se considera irrenunciable el propósito emancipador de la educación y su rol en la movilidad social y la constitución de la ciudadanía crítica. Por lo anterior, se aboga por espacios de análisis para el desarrollo de políticas públicas que reviertan el factor depredador del actual sistema económico neoliberal y la tendencia a una educación dirigida a quienes pueden costear y mantener el acceso, la cual excluye de posibilidades reales a personas y sectores sociales que no tendrían oportunidad sino es por medio de una política pública cuyo signo sea la equidad y la justicia.

3.5. Desigualdad tecnológica: algunos indicadores de la brecha digital

En una sociedad en la que la tecnología, en sus diversas formas, cambia cada vez más espacios de la vida, en la que cada vez más servicios y recursos se acceden desde plataformas o herramientas tecnológicas, es necesario preguntarse: ¿cuáles son las condiciones de acceso a recursos tecnológicos como internet en la población costarricense?, ¿qué condiciones de conectividad tiene la población? y ¿cuál es el nivel de acceso en las diversas regiones del país? Estas preguntas remiten a otra de las caras de la desigualdad, materializada en las diferencias de acceso a internet, y ligada a la desigualdad de ingresos, pero mediada por otras condiciones, como las regionales o de ubicación territorial.

Gráfico 1. Acceso a internet en las viviendas en Costa Rica, por región, 2020



Fuente: Datos de la ENAHO (2020).

El gráfico 1 muestra las condiciones de acceso a internet en las viviendas del país. En todos los casos, el acceso a internet en las viviendas supera el 75%. Además, otro elemento por destacar es que las condiciones de las regiones se pueden agrupar en dos distintas. El primer grupo tiene una cobertura superior al 86% de las viviendas, integrado por las regiones Central, Brunca y Huetar Norte; en el segundo, la cobertura del servicio de internet no alcanza el 80%, integrada por las regiones Chorotega, Pacífico Central y Huetar Caribe. Esto muestra una desigualdad de acceso en las distintas zonas del país, de tal manera que el lugar de residencia es un factor que acentúa las brechas; así pues, nacer y vivir en una región determinada puede implicar mayores limitaciones en cuanto al acceso a internet.

Luego de este primer nivel, en el que se muestra el porcentaje de cobertura de internet en el país, emerge la siguiente pregunta: ¿cuáles son las condiciones de ese acceso? Esto con énfasis en que el acceso no garantiza las condiciones óptimas del servicio, pues en este aspecto pueden constituirse otras disparidades, las cuales limitan el tipo de actividades que se pueden realizar, por ejemplo, la educación a distancia. Para ilustrar este nivel se presenta el gráfico 2 a continuación.


Gráfico 2. Tipo de conexión a internet en la vivienda en Costa Rica, por región, 2020


Fuente: Datos de la ENAHO (2020).

Estos datos evidencian un nivel más profundo de desigualdades, pues no es lo mismo el acceso a internet por medio de dispositivos móviles que por cable o fibra óptica. La forma más condicionada de acceso, entre las catalogadas, es la que se da por dispositivos móviles, en relación con la cual los datos muestran que, salvo a la región Central, en todas las regiones el porcentaje de acceso por este medio supera el 40% del acceso total, e incluso sobrepasa el 50% en las regiones Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte.

Los datos anteriores muestran la denominada brecha digital (De la Selva, 2015), que da cuenta de las disparidades entre las personas con acceso a recursos digitales, pero también en lo relativo a las condiciones para su utilización, lo cual representa un nivel más complejo y en el que pueden surgir otros casos de este tipo de desigualdad. En estos niveles básicos de disparidades, inicia la espiral en la que las desigualdades se potencian y multiplican unas a otras. Para brindar un ejemplo, en un escenario de impulso de iniciativas, como la del gobierno digital, a modo de atención a la ciudadanía, un amplio grupo de la población no tendría condiciones de acceso o se vería limitada de gozar sus réditos.

Frente a las propuestas que conciben la tecnología y el desarrollo tecnológico como la solución definitiva (determinismo y mesianismo tecnológico) para los problemas del país, es necesario señalar que las tecnologías no resuelven por sí mismas las desigualdades económicas, sociales y culturales, más bien entran en juego y toman sentido, a la vez que aumentan la desigualdad, cuando no se toma en cuenta otros factores y condiciones sociales del país. Según las acciones realizadas y el contexto de aplicación, las tecnologías pueden contribuir a disminuir la desigualdad o a aumentarla. Una muestra de ello son los datos anteriores, los cuales evidencian que si bien existe una amplia cobertura en el servicio de internet, este se da en condiciones dispares y aumenta así las brechas ya existentes y expuestas en los apartados anteriores.

4. Reflexiones finales

El Bicentenario de la Independencia es un momento oportuno para que la sociedad costarricense pueda reconocerse, no solo desde sus logros, que en momentos como este siempre destacan y salen a relucir, sino desde sus limitaciones y tareas pendientes. Con este interés, la presente reflexión hace visible cinco formas de la desigualdad en la sociedad costarricense actual, a saber: de ingresos, cultural, por condición de género, educativa y tecnológica. Esta exposición de manifestaciones no pretende exhaustividad; por el contrario, reconoce que un retrato más preciso de la realidad implicaría exponer una gran variedad de expresiones y dimensiones adicionales.

Además, como se plantea en distintos momentos, es importante dejar constancia de que las desigualdades se articulan desde múltiples nodos, los cuales se refuerzan unos a otros, se configuran de múltiples formas y se sustentan en la organización social e institucional. Es un problema social y no individual, por lo que requiere acciones colectivas y no esfuerzos personales y aislados.

La existencia de las formas de la desigualdad representa un problema político e institucional, en el tanto la ciudadanía y la democracia requieren, no solamente condiciones normativas, sino también condiciones materiales (Durand, 2010, Solórzano et al., 2018). La existencia de la desigualdad y su avance es una limitante en la consolidación institucional de un país y un Estado. Esto es lo que Busso y Messina (2020) denominan un “contrato social fracturado”, pues la población recibe beneficios dispares de las acciones institucionales, en términos de bienes y servicios.

La atención de la desigualdad y sus manifestaciones debe ser integral. Para eso, se requiere tanto el estudio del problema como el diseño de políticas en diversas áreas (económica, política, cultural, etc.), que permitan reducir las brechas en cada uno de los campos expuestos. Esto no se puede hacer solamente desde las instituciones públicas encargadas de cada sector, requiere de la participación de diversas instancias, como las universidades, que pueden sumar a plantear alternativas para la construcción de una sociedad costarricense más igualitaria.

5. Bibliografía

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1 Esta medida oscila entre el rango de 0 y 1. En el que 0 establece una relación de igualdad perfecta, en la que todas las personas tienen el mismo ingreso; mientras que 1 establece una relación de desigualdad perfecta, es decir, el escenario de mayor desigualdad posible. Esto quiere decir que cuanto más se acerque el coeficiente a 1, se trata de una sociedad más desigual.

2 Es un acrónimo empleado en el idioma inglés para hacer referencia a las disciplinas de los campos de Ciencia, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas.

3 Tasa específica de escolaridad por edad se refiere a la proporción de la población de una edad concreta matriculada en el Sistema Educativo, independientemente del nivel educativo (MEP, 2021).

4 Promedio de estudiantes por computadora (de escritorio o portátil), se consideran las reportadas en buen estado por los centros educativos en un nivel de enseñanza dado (MEP, 2021).

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