Orígenes del Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel. Sus antecedentes hasta 1983

Origins of the Archdiocesan Historical Archive Monsignor Bernardo Augusto Thiel. His background until 1983

RESUMEN. Investigación sobre los orígenes y desarrollo del actual Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel desde época colonial hasta los primeros años del episcopado de Román Arrieta Villalobos, clave en el nuevo rumbo que toma el Archivo hasta el día de hoy.

PALABRAS CLAVE. Historia de los archivos; Historia religiosa; instituciones religiosas; personal de archivos; patrimonio documental.

ABSTRACT. Research on the origins and development of the Archdiocesan Historical Archive Monsignor Bernardo Augusto Thiel from the colonial era to the early years of the episcopate of Román Arrieta Villalobos, key in the new direction that the Archive takes to this day.

KEYWORDS. History of archives; religious history; religious institutions; archive personnel; documentary heritage.

1. INTRODUCCIÓN

En los primeros años del episcopado de Román Arrieta Villalobos, V arzobispo de San José (1979-2002), se adoptaron una serie de decisiones que marcaron el posterior desarrollo del Archivo Histórico Arquidiocesano de San José por la senda de la profesionalización y la apertura al público. En el presente artículo nos preguntamos cuál ha sido el desarrollo histórico del Archivo anterior a esos años clave, cuáles fueron los hechos y decisiones que marcaron el cambio de rumbo en torno a 1980 y en qué medida el nuevo rumbo tiene raíces en el largo periodo anterior. Para ello vamos a tratar de analizar, a partir principalmente de la evidencia documental del propio Archivo Histórico Arquidiocesano, cuáles han sido los valores que desde la época colonial hasta los inicios de la década de 1980 ha ido adquiriendo el Archivo para sus instituciones productoras y para la sociedad en general, cómo se han formado sus fondos, en qué medida las autoridades eclesiásticas le han dedicado recursos humanos y materiales a lo largo del tiempo, qué locales han acogido sus fondos documentales y en general qué hechos y personas han destacado en el transcurso de su existencia secular.

2. EL ARCHIVO DE LA VICARÍA FORÁNEA DE CARTAGO

A finales del siglo XVI se configuran algunos rasgos determinantes de la Iglesia costarricense diocesana durante la época colonial. En primer lugar, su dependencia de la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, cuya sede se encontraba en León. En segundo término, la presencia en Cartago de un vicario foráneo1 quien, bajo la dependencia del obispo de León, fue la cabeza de la iglesia diocesana en la provincia de Costa Rica, con exclusión por tanto de la alcaldía mayor de Nicoya. La Vicaría Foránea desempeñaba, además, las funciones de juzgado eclesiástico y de capellanías, subdelegación de la bula de la Santa Cruzada, recaudación de los diezmos y comisaría del Santo Oficio (Sanabria, 2014, pp. 127-132 y 282; Sanabria, 1972, p. 21). El vicario foráneo era generalmente párroco de Cartago (Sanabria, 2014, p. 192).

Las menciones documentales expresas al archivo de la Vicaría Foránea de Cartago son escasas y relativamente tardías, pues están datadas desde la segunda mitad del siglo XVIII. No obstante, el mejor testimonio de su existencia es su propio fondo documental, integrado por series documentales fechadas desde principios del siglo XVII: Correspondencia, circulares, decretos y otros documentos procedentes de los obispos de León; causas matrimoniales; fundaciones y escrituras de capellanías, procesos judiciales y otros documentos relacionados con capellanías; cofradías (solicitudes de éstas, nombramientos, cuentas, inventarios…); correspondencia del vicario…; documentos actualmente conservados en su mayoría dentro de las primeras 70 cajas de la agrupación facticia denominada Fondos Antiguos, en el Archivo Histórico Arquidiocesano.

La mención más antigua que hemos podido localizar relativa al archivo de la Vicaría Foránea es al mismo tiempo una de las más expresivas. Se refiere a la entrega de una parte del archivo de la Vicaría Foránea a un notario público por mandato de Pedro Agustín Morel de Santa Cruz (1751-1760), obispo de Nicaragua y Costa Rica, con ocasión de su visita pastoral a Cartago efectuada en 1751. Morel de Santa Cruz había recibido su nombramiento de obispo de Nicaragua y Costa Rica siendo deán de la Catedral de Santiago de Cuba, se consagró en Cartagena de Indias e ingresó a su diócesis por Costa Rica, circunstancia que aprovechó para realizar la visita canónica a este territorio. De esta visita elevó un informe al rey Fernando VI el 8 de septiembre de 1752 (Velázquez, 2008, p. 166).

Efectivamente, en un documento del Archivo Histórico Arquidiocesano fechado el 29 de marzo de 1751 consta que el obispo Morel de Santa Cruz ordenó al párroco y vicario foráneo de Cartago, José Miguel de Guzmán y Echavarría, que procediera a hacer el inventario del archivo y lo entregara a un notario público de su elección (en realidad, la medida parece que no afectó a la totalidad del archivo, como veremos a continuación). El documento menciona expresamente la finalidad buscada con esta medida: Para el buen gobierno de la Curia eclesiástica de Cartago era necesario que los documentos estuvieran inventariados con claridad y que se entregaran a un notario “para que los mantenga archivados en su poder con toda guarda y custodia y de cuenta de ellos siempre que se le pida”. A continuación, el párroco de Cartago procedió a formar el inventario ante notario público (Pedro José Sáenz), haciendo entrega de los documentos en el mismo acto a Juan José de Cuende, notario público, quien además estaba haciendo la función en ese momento de notario de la visita del obispo. El inventario redactado es actualmente un documento incompleto que recoge la referencia de unos 15 expedientes del archivo eclesiástico: Cuatro causas entre particulares seguidas ante el juzgado eclesiástico (de las que no se indica el motivo), tres demandas por palabra de casamiento, dos demandas relacionadas con la Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción de Cartago, dos testimonios de testamentos o de cláusulas de los mismos, dos informaciones para contraer matrimonio, una absolución de excomunión a un particular, más un testimonio cuyo contenido no resulta claro. Al margen, una nota de 1760 nos indica que en esa fecha el archivo estaba en poder de otro notario de apellido Cadenas, quien en ese momento hizo entrega de los documentos que se encontraban en su poder2.

El informe que de su visita a Costa Rica elevó al rey el obispo Morel de Santa Cruz en 1752 nos da el contexto en el que se tomó esta medida, que no es otro que el desorden que el obispo encontró en la administración de los asuntos propios de la Vicaría Foránea y en particular de las capellanías y los propios expedientes de éstas: “Cada interesado tenía en su poder las escrituras”, dice el obispo, quien añade: “De este desorden provenía la ocultación de los instrumentos, la ruina de las hipotecas y la extinción de las capellanías”. Ante esa situación, el obispo adoptó diversas medidas, entre ellas la de organizar el archivo de la Vicaría Foránea y, por razones que no explica, entregar una parte de los expedientes al notario más antiguo, que es el hecho al que se refiere el documento citado más arriba: Así, las capellanías fueron “puestas en un archivo con los demás papeles que andaban rodando; y otros se inventariaron y quedaron a cargo del notario más antiguo” (Vernor, 1994, pp. 8-9).

Es interesante también notar cómo ya desde estas fechas vemos la figura del notario asociada a la custodia del archivo, asociación que veremos mantenerse durante el siglo siguiente y en cierto modo hasta la actualidad, dado que el canciller (responsable eclesiástico del archivo) es notario de la Curia según disposición del Código de Derecho Canónico de 1917 (canon 372.3)3, mantenida en el actual código de 1983 (canon 482.3)4.

Casi un siglo después, la copia de una carta contenida en un libro copiador de correspondencia nos muestra la importancia que se daba al archivo en el momento de traspasar el oficio de vicario foráneo a un nuevo titular. En efecto, en noviembre de 1843, el sacerdote José Gabriel del Campo, entonces vicario foráneo de Cartago, al renunciar a su puesto de vicario solicitó a Desiderio Cuadra, vicario capitular de León, le diera indicaciones para la entrega “de este archivo eclesiástico (…) para advertirlo al señor notario de esta curia”5. Unos días después, en otra carta entre las mismas personas, el vicario de Cartago manifestaba haberse comunicado con el también sacerdote Cecilio Umaña “para que recibiera del notario este archivo eclesiástico”, aunque finalmente el presbítero Umaña no aceptó el cargo de vicario y por tanto el anterior se vio obligado a continuar como tal6.

En enero de 1850 el archivo cobró por primera vez, que sepamos, valor como fuente para la investigación histórica: El 29 de ese mes Francisco María Oreamuno escribió al vicario foráneo de Cartago interesándose por los documentos custodiados en su archivo relativos a la historia de la aparición de la Virgen de los Ángeles.

El señor Marí, redactor de la Gaceta del Gobierno, me ha ofrecido escribir (…) la historia de la aparición de Nuestra Señora de los Ángeles, para publicarla tanto en la misma Gaceta como en impresos sueltos, pero para este trabajo necesito tener a la vista todas las leyendas, sermones y versos que recuerden, no solo su aparición, sino también la aclamación que generalmente ha tenido en toda la ciudad y provincia (...). Se tiene noticia que en el archivo de esa vicaría existe un documento del señor vicario Guzmán relativo al asunto, así como el acta del Ilustrísimo Señor Tristán y por lo mismo espero del celo y piadosa devoción de usted que mandará registrar los legajos que se refieren a los años 1643 y 1653, así como el de 1739 y el de 1789 y me pasará a la mayor brevedad los datos que se encuentren para que juntándolos recopilemos noticias que tanto interesan al bien de Costa Rica7.

Y llegamos al 28 de febrero de 1850, día en el que el papa Pío IX, por medio de la Bula Christianae Religionis Autor, erigió la Diócesis de San José, desmembrando “de la Diócesis del Obispado de Nicaragua todo aquel territorio de que al presente se compone el enunciado Estado de Costa Rica”. La bula de erección de la diócesis fue ejecutada el 5 de septiembre de 1850 por el arzobispo de Guatemala, García Peláez, quien nombró vicario capitular de la nueva diócesis a José Gabriel del Campo8. Éste tomó posesión de su cargo el 2 de febrero de 1851, cesando en ese momento Rafael del Carmen Calvo como vicario general (Sanabria, 1972, pp. 50-55). Estas novedades en la organización de la Iglesia tuvieron importantes efectos a nivel archivístico. Primero, con la toma de posesión del vicario capitular el 2 de febrero de 1851 llegó al final de su existencia aquella institución, la Vicaría Foránea de Cartago (denominada General a partir de 1849), que rigió la vida eclesiástica costarricense desde finales del siglo XVI. En segundo lugar, comenzó su desenvolvimiento una nueva institución, la Diócesis de San José (Arquidiócesis desde 1921), encabezada inicialmente por el vicario capitular y poco después por el obispo, quienes junto con la administración de la que se rodearon van a ser los productores de un nuevo fondo documental.

El archivo de la Vicaría Foránea se convirtió así en un fondo cerrado compuesto por unas series documentales que, en su estado actual, desde principios del siglo XVII cubren toda la época colonial y las tres décadas siguientes. Pero no hay todavía ninguna muestra de interés hacia el valor histórico de estos documentos, sino sólo a su valor administrativo y legal, como antecedentes para la administración diocesana que empieza en estos momentos, tal y como lo demuestra el episodio de su incorporación al archivo de la recién creada Curia diocesana, afortunadamente muy bien documentado.

José Gabriel del Campo, después de pasar los primeros días en San José, el 5 de febrero de 1851 estableció su oficina en Cartago, donde fue auxiliado por dos notarios, Felipe Jáuregui y el antiguo notario de la Vicaría General, Joaquín E. Carazo (Sanabria, 1972, p. 64). Muy poco después de su nombramiento, el gobierno comunicó a José Gabriel del Campo su decisión de encargarse del inventario de los documentos de la antigua vicaría foránea por medio de un notario público. Finalmente, el archivo fue entregado, antes de mayo de ese año, a un catedrático de Cartago de nombre José María García, quien fue auxiliado por dos escribientes, el manteísta Nicolás Quirós y José Joaquín Porras. José María García entregó el archivo a la Curia diocesana de San José, en un “almario”, el 5 de octubre de 1852, por medio de Agustín Solano, quien cobró 20 reales a la Curia por el transporte.

Durante el aproximadamente año y medio que José María García tuvo en su poder el archivo de la antigua vicaría, el gobierno eclesiástico, el gobierno civil y el propio García intercambiaron una numerosa correspondencia que pone de relieve la naturaleza del trabajo que se intentó desarrollar, los resultados del “arreglo”, por usar el término que aparece en los documentos, y el valor que entonces se atribuía a los documentos de la extinta vicaría.

Así, el mismo día 5 de febrero de 1851 Joaquín Bernardo Calvo, en representación del gobierno de Costa Rica, comunicó a José Gabriel del Campo, recién nombrado vicario capitular, el acuerdo del gobierno de aportar los utensilios necesarios para la oficina del vicario y de inventariar el archivo, esto último en estos términos:

Para que desde ahora pueda establecerse el mejor orden del archivo del Gobierno Eclesiástico, Su Excelencia el Presidente de la República ha tenido a bien acordar se indique a Vuestra Señoría la oportunidad de que el notario público forme inventario de todos los legajos, piezas y documentos que existan y hayan estado a su cargo desde el establecimiento de la vicaría de la República residente en Cartago; y que practicado esto se conserve el depósito con el mayor cuidado, agregándose a dicho inventario cada mes las nuevas piezas y documentos que deban archivarse con la separación correspondiente9.

El día 8 de ese mismo mes, según se anotó en un libro copiador de correspondencia del gobierno eclesiástico, se contestó al ministro de Relaciones manifestando que se ha trasladado el contenido del acuerdo al notario eclesiástico y solicitando al presidente se auxilie al notario público “con hombres capaces de ayudarle a arreglar el archivo eclesiástico y formar el correspondiente inventario”10.

El trabajo no se desarrolló con la rapidez esperado por la Vicaría Capitular, porque en fecha tan temprana como el 13 de mayo de 1851, y según consta en otro libro copiador, el gobierno eclesiástico se dirigió al catedrático García en términos muy duros, quejándose por el retraso que acumulaba un trabajo que a su juicio debería haberse terminado en el sorprendente término de dos semanas:

Como la comisión que le confirió a usted el Supremo Gobierno para arreglar y entregar a esta vicaría el archivo de la extinguida foránea, fue con el objeto de que se verificase prontamente dicha operación, porque es indispensable para el despacho de esta oficina, la que a cada rato se encuentra suspendida en el despacho de sus negocios por la falta del mismo Archivo, parece que el citado arreglo debió tomarse como ocupación constante hasta concluirlo, y que para ello debería buscarse una persona trabajadora, exacta y desocupada, y no a un Catedrático que emplea la mayor parte de su tiempo en el cumplimiento de sus deberes como tal. Varias insinuaciones se han hecho a usted sobre documentos que deben parar en ese Archivo; y al presente hay negocios en esta oficina para que le es preciso tenerlo en su poder. Como esto se dificulta y aun parece dilatado por el poco empeño que se toma en ello, según tiene informes el señor Vicario, me ha prevenido decir a usted que se sirva dedicarse a dicho trabajo y nombrar una persona apta y que exclusivamente se dedique también a él para lograr el objeto deseado. De otro modo tendrá necesidad de dirigirse al Supremo Gobierno para que provea el pronto arreglo de un archivo, que con mucho despacio puede arreglarse dentro [de] quince días11.

El mismo día 13 de mayo el catedrático contestó con similar franqueza al notario primero de la vicaría capitular, alegando que “la demora que se decanta consiste más bien en que el archivo se hallaba en un todo desarreglado”12.

No obstante el tono y contenido de ambas cartas, José María García continuó con el proyecto de ordenar y describir el archivo. El 5 de enero de 1852 José Gabriel del Campo entregó por medio de inventario al nuevo gobierno eclesiástico el archivo de la vicaría capitular y al mismo tiempo informó al ministro de Relaciones y Negocios Eclesiásticos tanto de esa entrega como del hecho de que José María García seguía en poder del archivo de la antigua vicaría foránea:

En esta misma fecha se ha entregado al señor notario eclesiástico titulado por Su Señoría Ilustrísima en su Curia Episcopal el archivo correspondiente con todos sus utensilios que pertenece a los once meses tres días que he existido en el ejercicio de la Vicaría Capitular y subdelegación para que fui nombrado por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Guatemala, no habiéndose entregado hasta esta fecha el archivo antiguo que aún existe arreglándose por el señor José María García, a quien comisionó el Supremo Gobierno con este objeto13.

El 14 de ese mes el gobierno informó al I obispo de San José de ese retraso14 y el notario eclesiástico, el día 16, escribió a José María García pidiéndole un informe sobre la marcha del trabajo. El catedrático contestó en los siguientes términos:

Por disposición del Supremo Gobierno se me confirió la comisión de arreglar el archivo de la Vicaría Eclesiástica, con objeto de que el Notario lo entregase al Honorable Señor Provisor bajo inventario; y posteriormente se me facultó para que nombrase un escribiente de esta ciudad que llevase la pluma y me auxiliase en aquel trabajo; a cuyo intento nombré al manteísta Don Nicolás Quirós, quien se ha ocupado con el mismo objeto; pero reclamándose de la misma Vicaría el pronto despacho de este encargo, se hizo necesario recomendar también en clase de auxiliar al escribiente de ella, señor José Joaquín Porras, a quien no le ha sido posible dedicarse exclusivamente a aquel trabajo, por las ocupaciones de su oficina; de suerte que puedo asegurar que en la mayor parte se halla adelantado este trabajo; pero en la que comprende la separación antigua demanda una ocupación más continuada, en razón de lo oscuro e ininteligible de la letra; pues que estando enteramente desarreglado, es preciso imponerse de cada expediente para poner la inscripción que indique el contenido de cada uno para formar los legajos de las distintas separaciones por el orden que corresponde, y proceder después a formar el inventario15.

En esta cita queda descrito el trabajo que se estaba realizando: Identificación de los expedientes mediante inscripciones referentes a su contenido, agrupación de los expedientes en legajos y finalmente redacción de un inventario. El trabajo, si creemos al catedrático García, avanzó adecuadamente excepto con los expedientes de época colonial, cuya letra era para el catedrático ininteligible y que además se encontraban desordenados. Como veremos a continuación, el trabajo quedó inconcluso y es difícil saber cuál fue el alcance real del mismo.

Durante el tiempo en que el archivo de la antigua vicaría foránea estuvo en poder del catedrático José María García, el nuevo gobierno eclesiástico sintió la necesidad en repetidas ocasiones de tener a mano los documentos de la extinta vicaría para poder atender los asuntos de su competencia. Así, vemos que el 2 de junio de 1851 el gobierno eclesiástico le solicita el expediente de la capellanía correspondiente al presbítero Félix García, en ese momento vacante16, y el catedrático contesta que no le ha sido posible localizarlo en la parte del archivo que hasta ese momento se ha logrado organizar17. En enero de 1852, el gobierno eclesiástico, ya encabezado por el obispo, le pide la entrega de un expediente de nulidad matrimonial iniciado en 1834, cosa que el catedrático efectúa pocos días después18. Todavía el 3 de septiembre de 1852, la Curia eclesiástica solicita a José María García el expediente de divorcio de Petronila Castro contra su esposo fechado en 1845 o 184619. En definitiva, el archivo de la extinta Vicaría era indispensable para el desarrollo de las actividades del nuevo gobierno diocesano, cuya oficina “a cada rato se encuentra suspendida en el despacho de sus negocios por la falta del mismo Archivo”, tal y como se expresa en el documento antes citado20.

Finalmente, el 1 de junio de 1852 el gobierno eximió a José María García de su comisión, informando de ello ese mismo día al obispo para que dé sus indicaciones “con el objeto de recoger aquel Archivo que existe en poder del señor García y que se arregle como sea del alto agrado de Vuestra Señoría Ilustrísima”21. El obispo contestó el 3 de ese mes, dando las gracias al gobierno y manifestando que tomará “las medidas oportunas para que un trabajo de tanta importancia se lleve a cabo”22.

No obstante, transcurrieron meses sin que aparentemente el gobierno eclesiástico tomara alguna disposición al respecto, de forma que el 7 de septiembre el propio José María García escribió a la Curia para que ésta se hiciera cargo del archivo23. Ahora sí, el gobierno eclesiástico el día 21 de ese mes solicitó a José María García el envío del archivo, “procurando que llegue con la mayor seguridad”24, cosa que se verificó el 5 de octubre, tal y como informó el catedrático al notario episcopal (“remito el archivo de la antigua Vicaría Eclesiástica contenido en un almario, que pondrá en la secretaría de su cargo el señor Agustín Solano”25). Éste contestó el mismo día acusando recibo: “Es en mi poder el archivo de la antigua Vicaría Eclesiástica que usted se ha servido remitir con el señor Agustín Solano”26.

3. EL ARCHIVO DIOCESANO (1851-1920)

3.1. La Vicaría Capitular (1851)

Como ya hemos visto, el arzobispo de Guatemala, Monseñor García Peláez, quedó encargado de ejecutar la bula de erección de la Diócesis de San José y en cumplimiento de ese encargo nombró a José Gabriel del Campo vicario capitular de la diócesis, es decir, su máximo responsable mientras el nuevo obispo, que en ese momento ni siquiera estaba nombrado, tomara posesión de la diócesis. José Gabriel de Campo tomó posesión como vicario capitular el 2 de febrero de 1851. El primer obispo de San José, Anselmo Llorente y Lafuente, fue nombrado por la Santa Sede el 10 de abril de 1851, fue consagrado en Guatemala por Monseñor Peláez el 7 de octubre y tomó posesión de su nueva diócesis el 28 de diciembre de ese año. De ese modo, el periodo de gobierno eclesiástico de José Gabriel del Campo, como vicario capitular, se extendió durante los 11 meses que transcurrieron entre el 2 de febrero y el 28 de diciembre de 1851. Entregó su oficina entre los días 5 y 8 de enero de 1852 (Sanabria, 1972, pp. 101-106; Blanco, 1984, pp. 60 y 95). El mismo 5 de enero, Llorente nombró notario de la Curia a Julián Volio y vicario general a Ignacio Llorente, iniciándose así una nueva etapa (Sanabria, 1972, p. 106).

La Vicaría Capitular fue formando como es natural su propio archivo con los documentos producidos y recibidos en el transcurso de su gestión, entre ellos la propia bula de erección de la Diócesis de San José:

Por disposición del Gobierno tengo el honor de pasar a manos de Vuestra Señoría para que se custodie en el archivo del Gobierno del Obispado, en una caja de lata, la Bula original con el sello de plomo de nuestro santísimo Padre el ínclito Pío IX (que Dios conserve) de 28 de febrero de 1850, por la que erige esta República en Obispado independiente del de Nicaragua. Ella va acompañada del Breve de su Santidad de 5 de marzo de aquel año sobre facultades al Ilustrísimo Señor Arzobispo para comunicar las que correspondieran al Vicario Capitular del nuevo Obispado27.

De ese modo, podemos considerar a esta primera Vicaría Capitular de la diócesis como la iniciadora del archivo diocesano de San José. Así lo afirmaba en 1937 el propio Sanabria en su informe al bibliotecario estadounidense Arthur E. Gropp, informe que comentaremos más adelante28.

La Vicaría Capitular puso cuidado en la custodia de su archivo, como lo manifiestan los inventarios realizados con motivo de su entrega a un nuevo responsable. Así, el 16 de agosto de ese año, Felipe Jáuregui, al dejar la notaría eclesiástica, entregó el archivo bajo inventario al segundo notario de la misma. Poco después, el 5 de enero de 1852, este primer inventario fue ampliado con ocasión de la entrega del archivo de la vicaría capitular a los nuevos responsables de la diócesis que aparecen con la llegada de Mons. Llorente a la silla episcopal. En este segundo inventario Joaquín Carazo, notario cesante, entregó los documentos a Julián Volio, nuevo notario de la Curia. Se trata de un inventario detallado del archivo de la Vicaría Capitular. El alcance termina con la mención de “Una caja de lata que contiene la Bula de erección...”29. El mismo 5 de enero el propio vicario capitular escribió al ministro de Relaciones y Negocios Extranjeros informándole, para su tranquilidad, de la entrega del archivo de la Vicaría Capitular y de la permanencia del archivo de la Vicaría Foránea en manos de José María García, tal y como vimos líneas arriba:

En esta misma fecha se ha entregado al señor notario eclesiástico titulado por Su Señoría Ilustrísima en su Curia Episcopal el archivo correspondiente con todos sus utensilios que pertenece a los once meses tres días que he existido en el ejercicio de la Vicaría Capitular y subdelegación para que fui nombrado por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de Guatemala (...)30.

3.2. El archivo diocesano entre 1852 y 1880

En los años siguientes, el archivo de la Curia diocesana siguió siendo un archivo administrativo al servicio de su institución, es decir, del obispo, de la Curia y de las parroquias que se iban creando por todo el territorio costarricense.

Así lo pone de manifiesto el decreto “sobre el arreglo del archivo” promulgado el 17 de mayo de 1875 por Domingo Rivas Salvatierra, a la sazón vicario capitular de la diócesis31. Este decreto, considerando la imperiosa necesidad del archivo para el desenvolvimiento de las actividades de la Curia y del gobierno eclesiástico, y teniendo en cuenta que el archivo se hallaba en ese momento “en alguna confusión, por consecuencia de las repetidas traslaciones a diferentes casas”, establecía que los empleados de la Curia dedicaran el lunes de cada semana al arreglo del archivo, llevando un índice general de sus expedientes y documentos.

Es un archivo que recibe documentos de las parroquias, que se custodian en el archivo de la Curia porque son importantes para la gestión administrativa. Así, en 1868 el párroco y vicario foráneo de Cartago, Anselmo Sancho, envió al notario de la Curia los títulos de las órdenes sacerdotales del sacerdote José Miranda, ya fallecido, para que se “custodien en el archivo de esa Curia”32; y en 1875, la Curia escribió al párroco de Grecia, solicitándole envíe cierto informe porque “debe custodiarse en este archivo”33.

De esta primera etapa del archivo diocesano tenemos una rápida fotografía de su contenido documental en una sucinta relación, de una cuartilla por ambas caras, de los documentos del archivo fechados desde su inicio en 1850 hasta 1880, titulado “Índice de los libros existentes en el archivo de este gobierno eclesiástico”34. Lo primero que podemos notar en esta relación es que incluye los documentos de la vicaría capitular y del gobierno diocesano que se forma a partir de enero de 1852. El archivo de la Vicaría Foránea no se menciona, seguramente porque se entendía como un fondo independiente, al igual que veremos en el citado informe de Sanabria de 1937. El archivo comprendía entonces 3 libros de acuerdos, entre ellos el que estaba en uso en ese momento, libros de correspondencia recibida y libros copiadores de correspondencia enviada; libro de negocios reservados; decretos y cartas pastorales; libro registro de licencias; libro de visitas pastorales iniciado en 1877 y en ese momento en uso; libro reservado de abjuraciones…, libros todos ellos en general perfectamente identificables en el archivo actual.

3.3. El Archivo diocesano hasta la creación de la Provincia Eclesiástica (1880-1920)

Imagen 1. Bernardo Augusto Thiel, II obispo de San José (1880-1901)

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano.

El episcopado de Bernardo Augusto Thiel fue rico en acontecimientos y en logros en multitud de aspectos de la labor pastoral de la diócesis. Sin salirnos del objeto de nuestra atención, vamos a ver ahora aparecer muchas e importantes novedades: Durante el episcopado de Monseñor Thiel, el archivo diocesano de San José sigue siendo un archivo administrativo al servicio de su institución, pero al mismo tiempo es ahora cuando empieza a destacar el valor del archivo como fuente para la investigación histórica. Además, en esta etapa se percibe una mayor atención al archivo por parte de su obispo, materializada en el inicio de la política de centralización de los documentos parroquiales en el Archivo de la Curia, política que ha tenido continuidad hasta el día de hoy, en la dedicación de personal subalterno de la Curia para la atención del archivo y en la contratación de personal para labores de encuadernación e indización. Junto a todo ello, con la construcción del Palacio Episcopal (1886-1888) el Archivo, y las demás dependencias administrativas de la Curia, encuentra por fin una sede donde permanecerá durante los siguientes 112 años.

Esta etapa del episcopado de Mons. Thiel, de tanta importancia para el archivo como en general para la Iglesia costarricense, coincide en su inicio con un hecho transcendental para la Historia de los Archivos en Costa Rica, como lo fue la creación del Archivo Nacional en 1881, creación que estuvo cerca de impactar de lleno en los archivos parroquiales y en el archivo diocesano y por tanto en el propio Archivo Histórico Arquidiocesano tal y como es actualmente.

Efectivamente, el decreto número XXV creó la oficina de los Archivos Nacionales el 23 de julio de 1881, como parte de la Secretaría de Hacienda. En esta oficina, según reza su artículo segundo, estaba previsto que se trasladaran todos los documentos “relativos a materias civiles, criminales, eclesiásticas, militares, municipales, de Hacienda y de Administración, de fecha anterior al año de 1850 inclusive”35. Es un hecho que los documentos eclesiásticos no fueron trasladados al recién creado Archivo Nacional, sino que han sido conservados por sus instituciones de origen o bien por los archivos diocesanos correspondientes (concretamente el Archivo Histórico Arquidiocesano de San José y más recientemente por el Archivo Diocesano de Alajuela). Pero tan cierto como esto es que el gobierno trató inicialmente de llevar a la práctica el citado decreto número XXV por lo que se refiere a los documentos eclesiásticos.

De ese modo, León Fernández, ministro de Hacienda e impulsor de la creación del Archivo Nacional, envió el 26 de julio una circular a los gobernadores provinciales indicándoles a cada uno ellos que, en cumplimiento del decreto de creación de la oficina de Archivos Nacionales:

Se servirá usted a la posible brevedad, dar todas las órdenes necesarias, a fin de que se recojan los papeles, libros, expedientes, legajos y protocolos, relativos a materias civiles, criminales, eclesiásticas, militares, municipales, de Hacienda y de Administración de fecha anterior al año de 1850 inclusive; y que una vez recogidos, sean empaquetados convenientemente y remitidos a esta secretaría. Al efecto se servirá usted transcribir esta orden a los señores jueces civiles, del crimen, Alcaldes, Curas, Comandantes militares, Municipalidades, Jefes Políticos y Agentes de Policía de su respectiva jurisdicción, con el objeto de que por su parte le den también cumplimiento36.

Por lo que se refiere a los documentos eclesiásticos, los gobernadores cumplieron la circular del ministro de Hacienda de forma inmediata, pues, bien directamente, bien a través de las jefaturas políticas de las poblaciones, desde el 27 de julio y en los días siguientes se comunicaron con los párrocos y con la propia Curia diocesana transcribiendo o mencionando la citada circular del ministro de Hacienda de 26 de julio y conminándolos a su pronto cumplimiento. Veamos por ejemplo en qué términos se dirigió el jefe político de San Ramón al párroco de la misma localidad el 30 de julio de 1881:

En conformidad con el decreto número 4 de 23 de los corrientes, de acuerdo con la circular n° 12 de 26 del presente mes del Honorable Señor Ministro de Hacienda y de Comercio y consecuente con la comunicación n° 21 de 27 del que cursa del señor gobernador de la provincia, espero que usted, a la mayor brevedad posible, se sirva remitir a esta jefatura todos los papeles, libros, expedientes, legajos y cuanto sea relativo a materia eclesiástica de fecha anterior al año de 1850 inclusive, convenientemente arreglado todo y bajo inventario por duplicado, para de aquí remitirlo todo debidamente a la Gobernación de la provincia, de donde pasará a la Oficina de Archivos Nacionales37.

Cartas similares recibieron los párrocos de Cartago38, Heredia, Alajuela, Aserrí, Atenas, Puntarenas, Esparza, Cañas39, Guadalupe y San Vicente de Moravia40 y sin duda de otras muchas poblaciones, aunque no hayamos podido localizarlas. Ni siquiera la propia Curia diocesana, depositaria cómo bien debía saber el gobierno del archivo de la antigua Vicaría Foránea de Cartago, se libró de recibir una carta semejante. En este caso fue el gobernador de la provincia de San José quien el 27 de julio escribió al notario mayor de la Curia eclesiástica, transcribiéndole íntegramente la circular de 26 de julio “para que, a la mayor brevedad posible le dé el debido cumplimiento”41.

Y por si hubiera alguna duda de la voluntad del gobierno, el 30 de julio el ministro de Culto, Saturnino Lizano, se dirigió al obispo de San José transcribiéndole oficio del ministro de Hacienda de ese mismo día, en que se solicita al obispo dar las órdenes necesarias para el cumplimiento del decreto de creación de los archivos nacionales42.

Los párrocos reaccionaron a esa misiva con llamativa unanimidad, trasladando de forma inmediata la solicitud al obispo, directamente o por intermedio de la Curia diocesana, para que éste les indicara qué debían hacer. Algunos párrocos manifestaron su extrañeza ante semejante solicitud. Así, Pantaleón Mayorga, párroco de Puntarenas, estima que “el expropiar a la Iglesia de esos documentos es una cuestión canónica y de graves consecuencias” (28 de julio de 1881)43. Estas cartas se suceden desde el mismo día 27 de julio y siguientes44.

La Curia fue contestando a las parroquias desde finales de julio, tal y como consta en uno de sus libros copiadores de correspondencia, donde se transcribió la contestación dada al párroco de Heredia (fechada el 29 de julio) y se indicó en nota que de la misma manera se contestó a los demás párrocos. La Curia trasladó a los párrocos la negativa del obispo a entregar al gobierno los documentos solicitados, indicándoles que con moderación y respeto debían contestar al gobernador provincial que no les era posible entregar los documentos hasta que el obispo no trate con el gobierno debidamente sobre esta cuestión, “que afecta a la independencia de la potestad eclesiástica”. Se les dice también en esta comunicación que “los archivos eclesiásticos pertenecen a la Iglesia y a la misma corresponde su gobierno, vigilancia y custodia”45. Se conserva aparte la contestación dada a la parroquia de Cartago el mismo 29 de julio46. La respuesta de la Curia diocesana a los párrocos fue trasladada rápidamente por estos al gobierno47.

La Curia, que el 27 de julio había sido, ella misma, conminada a entregar su centenario archivo48, respondió el 3 de agosto al gobernador provincial de San José indicándole que en esa misma fecha el obispo se había dirigido al ministro de Culto exponiéndole los motivos de derecho que le impedían cumplir el decreto de creación de los archivos nacionales, solicitándole al mismo tiempo “suspender la ejecución del citado decreto, mientras el Supremo Gobierno resuelve sobre la exposición dicha”49.

Por su parte, el obispo Thiel en su contestación al ministro de Culto solicitaba igualmente al gobierno dar “las órdenes necesarias para que no se exija a los curas entregar los archivos eclesiásticos”, pero en esta ocasión la solicitud va precedida de una extensa y erudita exposición de los motivos que impedían al obispo, en contra de su deseo, según él mismo manifiesta en su carta, entregar a la recién creada oficina de Archivos Nacionales los documentos del año 1850 o más antiguos existentes en el archivo de la Curia y en los archivos parroquiales50. Merece la pena detenerse en los motivos expuestos por Thiel, así como en la voluntad que manifiesta de cooperar con el recién creado Archivo Nacional.

Empieza Thiel insistiendo en la idea de que los archivos eclesiásticos, su arreglo, vigilancia y custodia, corresponden a la Iglesia, pues hay sobre ello varias disposiciones canónicas que no le es posible desatender, “a pesar de mis deseos de cumplir por mi parte el decreto citado”. En esta misma línea, indica que ha consultado diferentes autores “deseando, aunque no lo esperaba, encontrar precedentes que me autorizasen al cumplimiento de esa ley”.

Enlazando con este primer argumento, Thiel expone dos precedentes de concentración de documentos en un gran archivo público. Señala en primer lugar la creación del Archivo de Simancas por Felipe II mediante la concentración en esa fortaleza de los documentos públicos y cómo, a pesar de esta medida, argumenta Thiel, las diócesis, los cabildos, las parroquias y demás instituciones eclesiásticas conservaron siempre sus archivos. Menciona además ciertas disposiciones de Felipe V con fecha de 20 de enero de 1717 relativas a archivos, que no afectaron a los archivos pertenecientes a la Iglesia.

Un tercer argumento que emplea tiene que ver con los documentos que él considera contienen información personal que no debe estar a disposición del público. Y cita las series documentales que, en su opinión, están afectadas por esta limitación de acceso: expedientes matrimoniales, libros de bautismos, defunciones y matrimonios, expedientes y escrituras de fundación de capellanías y otros documentos de carácter puramente eclesiástico. Y esto lo dice al mismo tiempo que expresa que no tendría inconveniente en que se copiaran, para la nueva oficina de Archivos Nacionales, los documentos eclesiásticos de interés histórico nacional, copia de la que se exceptuarían las series documentales antes mencionadas, dado que tratan de “secretos de familias y [ilegible] afectan al honor de las personas y no pueden exponerse al estudio de todos”.

En cuarto y último lugar, Monseñor Thiel destaca la importancia de los libros de bautismos, de matrimonios y de defunciones para la actividad de las parroquias y concretamente para que los párrocos puedan así, al tramitar las solicitudes matrimoniales, estudiar los posibles casos de impedimentos matrimoniales mediante la elaboración de los correspondientes árboles genealógicos.

Apoyado en estos cuatro argumentos (la pertenencia de los archivos eclesiásticos a la Iglesia según el derecho canónico, los precedentes de concentración de documentos en un gran archivo público, que se hicieron sin afectar a la Iglesia, la información sensible de determinadas series documentales y su relevancia para el trabajo parroquial), el II obispo de San José solicitó al gobierno, como ya ha quedado dicho, dar las órdenes necesarias para que no se exija a los curas entregar los archivos eclesiásticos,

ofreciendo por mi parte dar las disposiciones necesarias para que se formen catálogos en todas las parroquias y en esta Curia episcopal de los expedientes y documentos que pueden corresponder a los sabios y útiles fines que el mismo gobierno se propuso al emitir el decreto número 4 de 23 de julio próximo pasado.

No se ha podido localizar la respuesta del gobierno a la solicitud del Prelado. Mientras tanto, durante el segundo semestre de 1881 los fondos documentales de otras administraciones fueron concentrándose en la recién creada oficina de Archivos Nacionales51. Pero los documentos eclesiásticos permanecieron en sus archivos de origen. El 13 de octubre de 1881 Nazario Ocampo, gobernador de la provincia de Alajuela, comunicó al ministro de Hacienda que “con excepción de los archivos de los señores curas, todos los demás que existen en esta provincia hasta el año 1850 inclusive fueron remitidos oportunamente con dirección a Usía Honorable”52.

La trascendencia de este episodio parece difícil de exagerar. De haber sido otra la respuesta del obispo, los archivos parroquiales de Costa Rica, que en ocasiones remontan sus orígenes a la época colonial, y todo el archivo de la Vicaria Foránea de Cartago, hubieran sido trasladados desde 1881 al Archivo Nacional y la trascendencia actual del Archivo Histórico Arquidiocesano sería sin duda menor. Y no solo eso: 10 días después de su oficio al ministro de Culto, Thiel ordenó la centralización en la Curia episcopal de los documentos parroquiales anteriores a 1801, tal y como veremos seguidamente.

La Curia diocesana, y por tanto su archivo, en esta época carecía de sede fija. Thiel alquiló durante sus primeros años de obispo una casa para vivienda y oficinas administrativas53. No obstante, se han podido identificar diversas compras de estantes para el archivo efectuadas a lo largo de 188154. Años después, en julio de 1884, Thiel fue desterrado de Costa Rica. A su regreso, en 1886, se instaló inicialmente en el seminario y emprendió en el costado sur de la Catedral la construcción del edificio que debía albergar la vivienda del obispo y las oficinas administrativas, edificio terminado en 1888. El archivo quedó alojado en el segundo piso y, como es sabido, allí permaneció durante más de 100 años (Sanabria,1982, p. 490).

En el episcopado de Thiel los documentos nos muestran, como nunca antes, personal laboral, interno y externo, dedicado a las labores de archivo. Después del episcopado de Thiel, no volveremos a ver personal laboral o externo del archivo hasta el episcopado de Carlos Humberto Rodríguez, y eso ya avanzada la década de 1960, después del regreso del archivo a la Curia tras su largo destierro en el seminario nacional.

El personal de la Curia diocesana en aquel entonces era muy reducido (en 1894, por ejemplo, vemos a un vicario general, un notario, un tesorero y un escribiente)55. Como máximo responsable del archivo tenemos a un sacerdote con cargo de responsabilidad en la Curia. En 1884 esta persona aparentemente era Manuel Araya, quien en vísperas del destierro de Thiel renunció a su cargo de tesorero de Fondos Eclesiásticos y administrador de los archivos, tal y como nos lo muestra una carta de Antonio del Carmen Zamora al Mensajero del Clero fechada el 14 de julio de 188456.

Víctor Sanabria, en su biografía del segundo obispo de San José, afirma que Thiel “ordenó arreglar los papeles del archivo y formar los índices necesarios, aunque no ciertamente con un criterio científico” (Sanabria, 1982, p. 490). Se siguió el criterio de “reunir por orden cronológico los documentos anteriores a 1880 y, por ese mismo orden y el de materias, los documentos posteriores, encuadernados todos ellos en volúmenes de igual tamaño poco más o menos” (Sanabria, 2014, p. xlviii), trabajo que ha pervivido en los actuales Fondos Antiguos.

Las siguientes citas documentales nos muestran en alguna medida en qué pudo consistir este trabajo de organización y descripción del Archivo.

Trabajando en labores de archivo aparece en distintos momentos la figura del escribiente. Así, ya regresado Thiel del destierro, en agosto y nuevamente en septiembre de 1886 se pagan sobresueldos a un escribiente por arreglar el archivo y la biblioteca57. Vemos aquí algunos rasgos que pueden retratar la situación del archivo en estos años: El oficio de la persona que lo atiende es el de escribiente, que atiende simultáneamente el archivo y la biblioteca y esto como una tarea añadida a las suyas ordinarias, ya que por ello recibe sobresueldos. Una situación similar manifiesta el decreto sobre el arreglo del archivo de 1875 ya citado58.

Complementariamente a estos escribientes, vemos que se recurrió en estos años a personal externo contratado para tareas concretas de encuadernación, transcripción de documentos e indización. Especialmente esta primera tarea, realizada por el encuadernador alemán Enrique Reichel presumiblemente entre 1888 y 189759, tal y como ponen de manifiesto los libros de cuentas de la curia diocesana número 6 y 760. Así lo manifiestan los pagos que se autorizaron a su favor entre esos años por encuadernaciones de libros y legajos de documentos. Se trata de encuadernaciones muchas veces de libros de la biblioteca o no identificados claramente, pero en ocasiones sí se expresa que se trata de la encuadernación de documentos del archivo. Ya el 31 de octubre de 1886 se había ordenado un pago a su favor “por el arreglo de la biblioteca episcopal”. El 12 de noviembre de 1888, estando ya concluido el Palacio Episcopal, se documenta el primer pago por su trabajo en el archivo: 85 pesos por 17 libros encuadernados del archivo de la Curia, según expresa el asiento contable61. Otro pago similar se anotó en 1890 y otros dos en 1891, todos a Enrique Reichel62. Entre el 2 de enero de 1896 y el 22 de octubre de 1897 (último pago identificado a Enrique Reichel, por encuadernación de libros para la biblioteca del obispo), los pagos a este encuadernador alemán fueron constantes. Entre ellos se encuentran pagos expresamente por encuadernación de documentos del archivo de la Curia los días 21 de enero, 16 de marzo (17 tomos), 8 de mayo (3 volúmenes de notas) de 1896 y 1 de junio de 1897 (2 libros)63. El 11 de marzo de 1896 se consigna un pequeño pago a su favor por un trabajo de encuadernación, independiente del trabajo “que tiene del archivo de la Curia para el cual tiene dinero anticipado”64.

De ese modo puede presumirse que el encuadernador alemán Enrique Reichel, vecino de San José, trabajó de forma continua para el obispo y la Curia diocesana entre 1886 y 1897.

A partir de 1898 realizaron encuadernaciones para el obispo y la Curia Antonio Padrón en 1898, Antonio Lehmann en 1899 y Ángel María Navarro en 1900. En el pago efectuado a Lehmann el 3 de noviembre de 1899 consta que se realiza por encuadernaciones de documentos para el archivo de la Curia65. A lo largo del año 1900 Antonio Lehmann vendió a la Curia 44 registradores para encuadernación de documentos de la Curia y del Archivo66.

En 1895 encontramos que se recomendó para el cargo de escribiente de la Curia “al señor colombiano aquel que ha estado trabajando en el arreglo y copia de documentos del archivo”67. En el mismo libro contable número 7 ya citado se han podido identificar numerosos pagos por copias de documentos del Archivo Nacional a Otoniel Pacheco, realizadas entre septiembre de 1898 y enero de 1899 por encargo del obispo. En abril de 1899 figuran hasta cuatro pagos a favor de Gerardo Pacheco C. por copiar “documentos antiguos” (no se indica de donde) para el obispo.

No solo en arreglo y encuadernación. Se trabaja también en indización de documentos. Así, el 27 de abril de 1892 Matías Cordero solicitó un adelanto de dinero por el trabajo que por encargo del obispo está realizando de indización de libros del archivo de la curia, declarando que Thiel le ofreció pagarle por horas, que ha estado trabajando entre 4 y 5 horas diarias y que ya ha cumplido 24 días completos de trabajo68.

El archivo de la Curia sigue siendo en estos años un apoyo importante de la administración diocesana, tal y como lo manifiestan diferentes testimonios. Es el lugar donde se resguardan los títulos de propiedades: Así, se indica a la Junta Edificadora de La Piedad en Santa Ana que antes de iniciar los trabajos de la iglesia el terreno de construcción debe estar inscrito y el título de propiedad depositado en el archivo de la Curia69. También es fuente de información. Thiel tenía listas de masones en el archivo y ante una consulta de José María Jimenez O., con ocasión de las elecciones presidenciales, pudo responder que en esas listas no se encontraba el nombre de Ascensión Esquivel, el cual ha buscado con la ayuda del licenciado José Rodríguez70.

Pero la gran novedad ahora es su novedoso papel como fuente para la investigación histórica. Entre las muchas facetas del II obispo de San José, está su interés por el pasado. Ciertamente, en este sentido se ha dicho de Thiel que es el fundador de la Historia Eclesiástica de Costa Rica y seguramente lo sea también de su Historia Demográfica (Quesada, 2003; Rojas y Sandí, 2011), y para estas investigaciones explotó sistemáticamente los documentos del archivo de la Curia e incluso los que encontró en los archivos parroquiales en sus numerosas visitas pastorales71.

Este carácter de archivo histórico se vio reforzado por las remisiones de documentos históricos parroquiales que se dieron en estos años. Efectivamente, el 13 de agosto de 1881 Monseñor Thiel dictó un decreto “sobre el arreglo de los archivos en los Curatos”72, en el que ordenó a los párrocos de la diócesis de San José (que en ese momento abarcaba toda Costa Rica), primero, formar un inventario de los documentos de sus archivos fechados hasta el año 1800 y otro inventario de los documentos fechados de 1801 en adelante; y, segundo, remitir “a la Curia episcopal los libros, expedientes y documentos anteriores al año 1801”. No está documentado que esto sucediera de forma sistemática. Tenemos el testimonio de Sanabria, quien afirma que Thiel enriqueció el archivo de la Curia con los documentos parroquiales que encontró con ocasión de sus visitas (Sanabria, 1982, pp. 490-491). Además, sabemos del ocasional traslado en estos años de documentos parroquiales con valor histórico al archivo de la Curia, generalmente por disposición de Thiel.

El 12 de noviembre de 1881 José María Velasco, párroco de Nicoya, comunicó al secretario del gobierno del obispado el envío de un antiguo libro de cierta cofradía73. Con ocasión de su visita a la misma parroquia, Thiel revisó como siempre el archivo parroquial, “del cual se llevó algunos documentos para examinarlos más detenidamente en la capital” (Herrera, 2009, p. 57). Sin embargo, al visitar la parroquia de Cartago en 1881 procedió más bien de forma contraria, ordenando la custodia en el archivo parroquial de antiguos documentos que se encontraban abandonados: “Varios papeles antiguos que se encontraban abandonados en una de las gavetas de la sacristía, ordena se pasen sin demora al archivo del curato, para su mejor custodia y mejor conservación” (Herrera, 2009, p. 99). El 12 de agosto de 1882, en cambio, ordenó el traslado desde Cartago al archivo de la Curia del libro donde se anotaron los decretos dados por Esteban Lorenzo de Tristán, obispo de Nicaragua y Costa Rica, con ocasión de su visita a Cartago en 1782, junto con otros documentos que pueda haber de interés en ese archivo74. Y cuando en 1881 visitó Orosi, ordenó el traslado de libros de la biblioteca de los franciscanos a la Curia para su mejor conservación (Herrera, 2009, p. 108). El 22 de octubre de 1896 dispuso el traslado al archivo de la Curia de los libros sacramentales de la antigua parroquia de San José hasta el año 1800 inclusive75.

Por último, cabe destacar el interés que puso en el cuidado de los archivos parroquiales. Si bien contamos con antecedentes, durante su episcopado es manifiesto el interés del obispo por la adecuada atención a los archivos parroquiales, a cuya revisión dedicó gran cantidad de tiempo en todas sus visitas parroquiales (Herrera, 2009). En varias ocasiones insistió en que los documentos no debían salir del archivo76.

Durante el episcopado de Juan Gaspar Stork casi no hay menciones al archivo, excepto algunas pocas que se refieren a su importancia como garante de los valores y propiedades conservados en él. Así, en 1911 tenemos la consulta de Custodio Cordero preguntando si en el archivo de la Curia estará el título de propiedad de cierto terreno de su cantón, San Mateo77.

Según Ricardo Blanco (1967), el obispo Stork puso el Archivo Eclesiástico a disposición de Eladio Prado Sáenz (p. 18), autor de una nutrida obra dedicada a la Historia de la Iglesia costarricense y a la Genealogía, publicada principalmente en las dos décadas siguientes78. Por otro lado, Monseñor Stork continuó con la publicación de los Datos cronológicos iniciados por Thiel (Sanabria, 1982, p. 555). Se pone así de manifiesto la continuidad de esa doble vertiente del archivo, como archivo administrativo e histórico.

Cabe destacar que en estos años, concretamente en 1917, se publicó el Código de Derecho Canónico y en él se prescribe que “los documentos que no sea obligación guardar bajo secreto en los archivos parroquiales y de las Curias, puedan ser inspeccionados por aquellas personas a quienes les interesen” (Código de Derecho Canónico, 1945, canon 384.1).

4. EL ARCHIVO ARQUIDIOCESANO

4.1. El archivo arquidiocesano hasta el episcopado de Rubén Odio Herrera (1921-1959)

Tras la muerte de Mons. Stork, acaecida en Alemania en 1920, se produjo un hecho trascendental en la vida institucional de la Iglesia Católica costarricense, como fue la creación en 1921 de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica y la consiguiente división eclesiástica del territorio costarricense en tres circunscripciones: la Arquidiócesis de San José, la más antigua y con cierta primacía honorífica, la Diócesis de Alajuela y el Vicariato Apostólico de Limón. Con el correr de los años, fueron creándose nuevas diócesis en esta provincia eclesiástica, hasta completar las 8 actuales, y por tanto fueron modificándose los límites de las primeras. San José en 1921 abarcaba las provincias civiles de San José, Heredia y Cartago, y con ligeras variantes así permaneció hasta la creación de la Diócesis de Cartago en el 2005 (Durand, 22 de marzo de 2013).

Imagen 2. Víctor Sanabria Martínez, II arzobispo de San José (1940-1952)

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano.

La Curia, a partir de ahora Metropolitana, continuó siendo durante este periodo (episcopados de Castro, Sanabria y Odio) una organización pequeña que pivotaba en tres autoridades: El vicario general; el cancelario, secretario y notario mayor de la Curia; y el tesorero79. Sobre el canciller recaía la responsabilidad del archivo (Código de Derecho Canónico, 1945, canon 372.1; estatutos del III Sínodo Diocesano, 1924, artículo segundo; estatutos del IV Sínodo Diocesano80, 1944, parte segunda, capítulo 2.4).

Dentro de este corto grupo de autoridades de la Curia, el sacerdote (luego arzobispo) Víctor Sanabria tuvo sin duda, durante este periodo, una especial relación con el archivo. Ordenado en Roma en 1921, pocos años después le vemos colaborando en la Curia Metropolitana. En 1929 Mons. Rafael Otón Castro le nombró tesorero general de la Curia Metropolitana y el 28 de julio de 1935, vicario general de la Arquidiócesis y oficial de la Curia Metropolitana81. En 1938 pasó a la Diócesis de Alajuela como su segundo obispo82 y finalmente en 1940, tras la muerte de Mons. Castro, fue nombrado II arzobispo de San José.

En relación a la época de Stork, durante el episcopado de Castro vemos que aumenta considerablemente el número y la calidad de las fuentes documentales que mencionan al archivo de la Curia eclesiástica, en buena medida relacionadas con Sanabria. En cambio, en el periodo de Mons. Sanabria y más aún en el de Mons. Odio las referencias al archivo en los documentos del Archivo Histórico Arquidiocesano disminuyen drásticamente.

Ciertamente, hay que reconocer que estas menciones documentales no revelan nada sobre procesos de organización, descripción o instalación de los documentos del archivo. El archivo siguió estando en el segundo piso del palacio episcopal (hoy Curia Metropolitana), en compañía de dos meritorias colecciones iniciadas por Mons. Thiel, como lo fueron la biblioteca episcopal y el museo arqueológico. Así lo ponen de manifiesto varios documentos escritos en 1929 con motivo del proyecto de construcción del actual palacio arzobispal, situado al Sur del que construyera Thiel. El edificio levantado por Thiel había sido afectado por unos temblores y además se había quedado pequeño: “El actual palacio apenas tiene capacidad para las oficinas, biblioteca, archivo y pequeño museo, lo que requiere de día en día mayor espacio, y en consecuencia no deja lugar para la habitación del Señor Arzobispo”83.

Es un archivo escasamente organizado y descrito y sin personal, lo cual ocasiona que el sacerdote responsable, generalmente Sanabria durante el episcopado de Mons. Castro, tenga que buscar personalmente los documentos solicitados y que encuentre grandes dificultades para localizarlos. Así, en una carta que Sanabria dirige a la Superiora General de las Hermanas de Sion el 28 de agosto de 1934, éste le cuenta sobre sus infructuosos esfuerzos para localizar el documento que aquella le solicitara:

Aun antes de recibir su carta me había dedicado a buscar en el archivo eclesiástico el documento a que se refiere en su carta, y después de recibida ésta me dediqué con redoblado empeño, aunque por desgracia sin resultado. Seguro estoy que el documento está en el archivo, pero según le dije cuando estuvo en San José, nuestro archivo está en su mayor parte sin arreglar84.

Desconocemos cuál pudo ser exactamente el trabajo desarrollado por Víctor Sanabria u otra persona en el Archivo. El propio Sanabria nos cuenta en la introducción de su reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica que el conjunto de documentos de la vacante de 1901-1904 y del episcopado de Juan Gaspar Stork (1904-1920), “ha sido recientemente arreglado siguiendo el mismo criterio que siguió Mons. Thiel”, pero que en la ordenación de los documentos del Arzobispado a partir de 1921 se siguió un sistema distinto (Sanabria, 2014, p. xlviii).

Sí sabemos de la dedicación de Sanabria a la biblioteca arzobispal en 1928, es decir, un año antes de ser nombrado tesorero de la Curia, por encargo del propio arzobispo. El 31 de marzo de 1928, Sanabria informó detalladamente al arzobispo del contenido de la biblioteca, de los criterios empleados en su organización y del sistema elegido para su catalogación (mediante tarjetas), recomendando al arzobispo que el portero de la Curia Metropolitana u otra persona limpie “de vez en cuando los libros para evitar que la suciedad se acumule y que los animalitos enemigos de los libros los destruyan o dañen”85. La cita, a mi modo de ver, manifiesta la falta de personal existente entonces para ocuparse de la biblioteca arzobispal y por extensión del archivo de la Curia.

Da la impresión que Sanabria fue consciente de la especialización que requería la organización del archivo, pero también de las limitaciones que imponía la falta de personal. Así lo manifiesta la redacción del capítulo que regula el archivo de la Curia Metropolitana en los estatutos del IV Sínodo Diocesano publicados en 1944, siendo ya Sanabria arzobispo de San José: “En la custodia y ordenación del Archivo Eclesiástico habrán de observarse las reglas técnicas de la archivística, en cuanto ello se compadezca con la escasez de personal de que actualmente dispone la Curia ...” (número 102.1).

Los fondos documentales del archivo seguían siendo los originarios, es decir, el de la antigua Vicaría Foránea de Cartago y el de la Diócesis (ahora Arquidiócesis) de San José formado a partir de 1851, pero a estos dos fondos se habían ido sumando fondos parroquiales.

Ya vimos cómo fue Thiel quien inició la centralización de los fondos parroquiales en el archivo diocesano, ordenando el 13 de agosto de 1881 el traslado al mismo de los documentos parroquiales anteriores a 1801. Ahora esta medida fue retomada por los sínodos que se celebraron en los episcopados de Monseñor Castro y Monseñor Sanabria, estableciéndose en los estatutos del III sínodo diocesano (1924) el traslado al archivo diocesano de los documentos con más de 50 años de existencia (número 132); mientras que el IV Sínodo diocesano (1944) fijó el plazo en más de 100 años (“Los libros y documentos parroquiales de más de cien años de data se custodiarán en el Archivo Arquidiocesano”, número 109.3).

Si de la legislación vamos a los hechos podemos constatar algunas realidades. Sanabria nos da algunas pistas y datos concretos en las introducciones a sus libros y de ese modo podemos saber que cuando escribió la introducción de su reseña histórica de la Iglesia en Costa Rica, hacia 1946, se encontraban en el archivo de la Curia “casi todos los libros antiguos de las diferentes parroquias”, en referencia a los libros sacramentales, y que en cumplimiento de los estatutos sinodales “en tiempos recientes ha aumentado un tanto el depósito de este fondo” (Sanabria, 2014). Los libros sacramentales de Cartago hasta 1850 (concretamente hasta 1850 los de bautismos y hasta 1853 los de matrimonio) y de San José y Heredia hasta 1821 estaban ya por esos años en el archivo, lo que permitió a Sanabria elaborar sus trabajos genealógicos. Concretamente los libros de bautismo de Cartago hasta enero de 1801 y de matrimonio hasta enero de 1778 pasaron al archivo de la Curia junto con el fondo documental de la Vicaría Foránea de Cartago en 1852, siendo trasladados los restantes por el sacerdote Antonio María Rojas, párroco de Cartago entre 1921 y 1934, seguramente en cumplimiento de los estatutos del III Sínodo Diocesano (Sanabria, 1957, pp. XXV y XXXI). Asimismo, hacia 1935 en el archivo de la Curia se encontraban los libros de bautismos de Nuestra Señora de Ujarrás anteriores a 1832 y los de matrimonios de la misma parroquia hasta 186586. Seguramente esta era la situación de otras parroquias que hunden sus raíces en la época colonial.

Sigue siendo un archivo con valor administrativo e histórico. En cuanto a lo primero, vemos cómo sus documentos son necesarios para solventar consultas de la congregación de las Hermanas Betlemitas en relación con el proceso informativo sobre las virtudes de la Madre Encarnación87, para informar al obispo sobre el fundamento de una demanda de los dominicos que regentaban (y regentan) la Parroquia de La Dolorosa en relación con la propiedad del colegio de Los Ángeles88 o sobre partidas sacramentales de particulares89. En 1934 estas solicitudes van dirigidas a Sanabria, a quien se le pide que localice documentos del Archivo, realice certificaciones sacramentales o él mismo informa a su obispo sobre lo que se le solicita fundamentando su informe en los documentos del Archivo.

En cuanto al archivo de la Curia como fuente para las investigaciones históricas, debe afirmarse en primer lugar que la legislación eclesiástica de este periodo abrió los archivos diocesanos a la investigación, empezando por la legislación de base contenida en el Código de Derecho Canónico publicado en 1917:

Los documentos que no sea obligación guardar bajo secreto en los archivos parroquiales y de las curias, pueden ser inspeccionados por aquellas personas a quienes les interesen; las cuales pueden también pedir, pagando lo que sea, que se saque y se les entregue una copia legítima de los mismos (canon 384.190);

y siguiendo para el caso de la Arquidiócesis de San José por lo dispuesto en los estatutos de los sínodos celebrados en 1924 (número 127) y 1944 (números 102.3 y 103.2).

Ese acceso requería de una solicitud previa que hacía el interesado a la autoridad eclesiástica, tal y como consta en algunos casos. Así, en 1931, Sanabria recibió una carta de recomendación solicitándole que deje consultar el archivo de la curia a José Sánchez: “le ruego ayudarle pues además de los nuestros es persona muy honrada y bien preparada”91. En 1939, el abogado Carlos María Jiménez solicitó al propio Mons. Castro permiso para consultar “los ricos archivos de la Curia”, en relación con una investigación que a instancias del Consejo Nacional de Salubridad estaba llevando a cabo sobre instituciones hospitalarias de cierta antigüedad92. Siendo ya Sanabria arzobispo de San José, conocemos algunas solicitudes similares: Así, tenemos en 1946 una solicitud de permiso para anotar partidas de bautismo de los libros custodiados en el archivo, con la finalidad de realizar una investigación genealógica, solicitud que es contestada afirmativamente por Sanabria93. Y junto a ello tenemos correspondencia de Sanabria con importantes investigadores e instituciones: Carta de Ricardo Fernández Guardia a Sanabria sobre el hallazgo de un inventario del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles realizado en 1833 (1940)94, cartas de Rafael Obregón a Sanabria sobre trabajo histórico relativo al sacerdote Francisco Calvo y contestación de Sanabria remitiéndole datos (1941)95; solicitud de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica a Sanabria sobre datos relativos a Braulio Carrillo (1945)96.

Sin duda, el principal investigador del archivo en estos años fue Víctor Sanabria Martínez, quien desde 1927 continuó la publicación de los Datos cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica en las revistas Cultura Católica y Mensajero del Clero, elaborando en los años siguientes y hasta su muerte una obra historiográfica que le asegura un puesto de honor en la Historia Eclesiástica y la Genealogía de Costa Rica (Quesada, 2003). Cabe citar también la labor investigadora que debieron de realizar en el archivo eclesiástico los historiadores Eladio Prado durante el episcopado de Rafael Otón Castro, tal y como mencionamos líneas arriba, y Ricardo Blanco Segura a partir del episcopado de Rubén Odio (Blanco, 1967, p. 19)97.

En 1932 este valor histórico del archivo fue destacado, al parecer, por José María Pinaud en una revista extranjera denominada revista ilustrada El Orbe: Así, la Curia le agradece

la jugosa crónica que usted escribió referente a los archivos de este palacio, que mereció el alto honor de ser reproducida en una revista de circulación mundial. Nos alegramos (...) de que en el exterior han tomado en cuenta los valores históricos conservados en el palacio arzobispal98.

Puede decirse que ésta es la primera actividad de difusión conocida del archivo, realizada por iniciativa del periodista. Lamentablemente no ha sido posible localizar la crónica publicada por Pinaud.

Y algunos años después, el archivo de la Curia es incluido en un estudio general de los archivos y bibliotecas de Centroamérica realizado por Arthur E. Gropp, bibliotecario de la Universidad de Tulane, en Luisiana, Estados Unidos.

Gropp visitó la Curia Metropolitana de San José el 12 de agosto de 1937 y posteriormente Sanabria, entonces vicario general, debió de enviarle un informe sobre la biblioteca arzobispal y otro sobre el archivo de la Curia: La biblioteca, según el informe, fue fundada en 1887 por Mons. Thiel y alojada desde entonces en la casa arzobispal. Su bibliotecario era en ese momento Víctor Sanabria.

Por su parte, el Archivo Arzobispal de San José de Costa Rica, como le llama Sanabria, fue fundado según dice el informe en 1851 por el presbítero José Gabriel del Campo, primer vicario capitular de la Diócesis. Comprende el fondo de la antigua Vicaría Foránea de Cartago. Thiel además incorporó al archivo durante su episcopado los libros parroquiales y los documentos antiguos de las parroquias. Su primer documento data de 1594. Monseñor Alfredo Hidalgo, a la sazón canciller de la Curia Metropolitana, era su archivero (esa es precisamente la palabra que usa el informe de Sanabria).

El informe de Sanabria da una somera idea de la organización y descripción del archivo, de la cual no parece estar muy satisfecho: “Es imposible decir cuál es el número de legajos y expedientes, ya que los índices existentes son empíricos en su totalidad. Casi todos los expedientes se conservan encuadernados en tomos, lo mismo que los libros parroquiales antiguos”. El Archivo contaba con índices como instrumentos de descripción. El acceso al archivo estaba disponible para las personas que disponían de recomendación y llegaban con finalidad de estudios, permitiéndose la reproducción fotográfica de los documentos. Los documentos estaban atados o preservados en cajas99.

El 15 de octubre de 1937 Gropp agradeció por carta a Sanabria su cooperación en la investigación y los informes brindados, contándole además que la primera parte del estudio estaba ya terminada100.

Durante el episcopado de Rubén Odio Herrera (1952-1959), las menciones documentales a nuestro archivo languidecen. En 1956, los mormones solicitaron, que sepamos por primera vez, microfilmar los archivos eclesiásticos, solicitud que llega a Mons. Odio por intermedio del secretario general101 de la Academia de Genealogía102:

Por gestiones mías la Sociedad Genealógica del Estado de Utah en los Estados Unidos desea saber si su Excelencia les puede dar permiso para sacar copias microfílmicas de todos los Archivos Eclesiástico[s] dándole a su Excelencia una copia. Yo supe que ya lo están haciendo en todas las iglesias y archivos civiles de México y también en algunos países de Europa. Ellos tienen todo el equipo y lo trasladan al lugar donde van a operar.

El 1 de septiembre de 1959, ya fallecido Mons. Odio, se encargó al portero del palacio episcopal el arreglo y aseo del archivo de la Curia y biblioteca arquidiocesana103, lo que da una idea del abandono en el que debía encontrarse el archivo (y la biblioteca) en aquellos años. Corrobora esta idea de abandono la carta que la Academia de Genealogía envió el 6 de septiembre de ese año, agradeciendo la buena acogida que tuvo su solicitud para que uno de sus miembros pudiera arreglar el archivo de la Curia104.

4.2. El archivo arquidiocesano durante el episcopado de Carlos Humberto Rodríguez Quirós (1960-1979)

En el episcopado de Carlos Humberto Rodríguez Quirós, el organigrama de la Curia Metropolitana se hizo un poco más complejo. Así, el 27 de mayo de 1960, día de su toma de posesión como IV arzobispo de San José, Mons. Rodríguez realizó los nombramientos de las autoridades de la Curia. El organigrama resultante quedó formado por un vicario general, un auxiliar del vicario general (debido al mal estado de salud del primero), un notario mayor, cancelario y secretario, un vicecancelario, un tesorero general, un fiscal general y defensor del vínculo y dos sacerdotes como secretarios de la Casa Arzobispal105.

El personal de la Curia Metropolitana se completaba al inicio del episcopado de Mons. Rodríguez con un escribiente o auxiliar de la Cancillería, una cajera o auxiliar de la Tesorería, que a la vez era encargada de anotar las confirmaciones, y una portera106. El personal laico de la Curia aumentó ligeramente a lo largo de este periodo. Así, el 15 de noviembre de 1967 se mencionan en una carta a un jefe del personal laico de la Curia y a un encargado de la oficina auxiliar de Tesorería (Marco Salas González)107, a quien vamos a ver como encargado del Archivo en estos años.

Durante el episcopado de Mons. Rodríguez tuvieron lugar dos hechos de gran transcendencia para el archivo, sucesivos y en cierto modo contradictorios. El primero fue el traslado del archivo al seminario con motivo de la remodelación del viejo edificio de la Curia iniciada en agosto de 1960 (Blanco, 1984, p. 89), circunstancia que propició su permanencia en el seminario durante más de 5 años. De ese modo, el viejo archivo de la Curia abandonó por primera vez el emplazamiento que le diera Mons. Thiel en 1888 en el segundo piso del edificio de la Curia. En las actas de la Curia consta que el 12 de julio de 1960 el arzobispo informó a sus colaboradores inmediatos haber decidido la desocupación del antiguo palacio episcopal (es decir, el edificio de la Curia Metropolitana) “de parte de los archivos y biblioteca que había ordenado colocar en el seminario central, donde se atenderá la conservación de estos documentos”, con motivo de las obras de reforma que se deseaban acometer en dicho edificio108.

El traslado del archivo eclesiástico se hizo efectivo. El 26 de julio de 1961 la Curia se vio obligada a emitir una certificación declarando su imposibilidad de hacer cierta constancia de matrimonio por haberse trasladado el archivo y encontrarse en ese momento en “cajones sin clasificar”109.

Hacia agosto de 1961 los trabajos de remodelación estaban concluyendo (Blanco, s.f., p. 31) y, sin embargo, el archivo permaneció en el seminario varios años más. Entre 1962 y 1963, la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica propuso al arzobispo la colaboración de la Academia para la instalación del archivo eclesiástico, pero no obtuvo respuesta (Meléndez, 1964, p. 13). Todavía el 31 de agosto de 1966 el jefe del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para fines de investigación de su departamento, solicitó al arzobispo la transcripción de un asiento de nacimiento acaecido en Taras (Cartago) aproximadamente entre 1830 y 1850110. No es hasta el 15 de noviembre de 1966 que el secretario del arzobispo contestó al Ministerio de Relaciones Exteriores explicando la dificultad de encontrar la información solicitada porque, debido a las obras en el edificio de la Curia, “todos los volúmenes [del Archivo] fueron empacados rigurosamente y enviados para ser guardados en el seminario central”111.

Finalmente, el archivo regresó al segundo piso del edificio de la Curia. Esto pudo haber ocurrido a finales de noviembre o en diciembre de 1966, es decir, inmediatamente después de la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, si tomamos como exacto el dato que da cierto reglamento del Archivo emitido siendo Carlos Gálvez vicario general de la Curia Metropolitana (es decir, entre 1965 y 1980)112, y en cualquier caso en algún momento entre finales de 1966 y principios de 1968. De este último año, tenemos el informe firmado por Marco Salas González y Emilio Navarro el 25 de abril de 1968 dirigido a las autoridades de la Curia, en el que exponen los logros de su trabajo desarrollado hasta ese momento en el archivo, que ya estaba ubicado en la Curia nuevamente, y su plan de trabajo para los próximos tiempos113. El trabajo de reorganización del archivo afortunadamente tuvo continuidad, de forma que el 17 de abril de 1969 la Curia pudo enviar una circular comunicando a los párrocos de la Arquidiócesis de San José que ya están listas las instalaciones adecuadas para la conservación del archivo y solicitándoles envíen al archivo de la Curia sus documentos anteriores a 1900114.

Terminaba así un triste capítulo para el archivo histórico arquidiocesano, cuyas consecuencias para su organización no se conocen con exactitud, pero cabe suponer que debieron causarle una notable desestructuración. Según Quirós (2005), “la remodelación del edificio de la Curia hizo tomar los documentos existentes en el archivo y distribuirlos en diversos lugares115, produciéndose la pérdida de su integración y de su unidad de conjunto”; terminada la remodelación del edificio de la Curia Metropolitana,

se fijó el salón grande de la planta alta del edificio principal para la ubicación del Archivo Diocesano, la documentación del archivo se trajo de los lugares donde se encontraba al nuevo sitio, sin la catalogación respectiva, totalmente desvinculada y en gran desorden quedando sobre mesas, estantes y hasta en el suelo (p. 16).

El otro hecho reseñable de esta etapa es, a partir de la recuperación del Archivo, constatada ya a inicios de 1968, la dedicación de personal de la Curia a la organización del Archivo, bajo la dependencia inmediata del canciller116, y la apertura del Archivo al público.

El 15 de junio de 1967 tenemos ya documentado a Marco W. Salas González como encargado de la oficina auxiliar de Tesorería de la Curia117. Y ya hemos visto que al menos desde principios de 1968 estaba trabajando en el archivo junto con Emilio Navarro. Entre los años 1974 y 1978, la correspondencia del archivo con investigadores y autoridades de otras instituciones nos muestra a Marco Salas fungiendo como director o administrador (la denominación varía) del archivo118. Es interesante constatar que no por ello perdió su vinculación con la Tesorería de la Curia Metropolitana. Así, en la reorganización de la Tesorería que se llevó a cabo en julio de 1970 aparece integrado en la misma como contabilista119. Y el 2 de marzo de 1978 Jeffrey Casey Gaspar, coordinador de Investigación de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, se dirigió a Marco Salas, tesorero, informándole del avance de su proyecto de investigación de demografía histórica y pidiéndole una carta para que el párroco de Ciudad Colón le dé acceso a los libros sacramentales de su parroquia120, evidenciándose que Marco Salas simultaneó su pertenencia a la Tesorería de la Curia con sus responsabilidades sobre el Archivo de la misma. Marco Salas debió de tener durante estos años uno o varios subalternos no cualificados que colaboraron con él en el Archivo, según se desprende de algunos documentos de los primeros años del episcopado de Mons. Arrieta.

De este modo, en el periodo 1968-1979 vemos cómo la Curia Metropolitana y este pequeño grupo de funcionarios desarrollaron un meritorio programa de recuperación y reorganización del archivo, abriéndolo al público interesado como no se aprecia que se hubiera hecho hasta entonces. Merece la pena repasar brevemente los esfuerzos de estas personas en pro del archivo eclesiástico, relevantes dado que no tenían formación especializada, ni el archivo fue aparentemente su única ocupación en la Curia. Podemos sintetizar dichos esfuerzos en los siguientes puntos:


4.3. Primeros años del episcopado de Román Arrieta (1979-1983)

Román Arrieta Villalobos, arzobispo de San José de 1979 a 2002, desde enero de 1980 dio un fuerte impulso de renovación a las estructuras de la vieja Curia Metropolitana, que se plasmó en su decreto de reestructuración de la Curia Metropolitana de 24 de enero de 1981126 y en el crecimiento orgánico de la misma127.

Imagen 3. Román Arrieta Villalobos, V arzobispo de San José (1979-2002)

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano.


Dentro de este nuevo contexto organizativo, Román Arrieta Villalobos fue el primer arzobispo en tener, o al menos en ser receptivo a un proyecto de abierta modernización y apertura del Archivo. Como veremos, el proyecto le fue propuesto desde otras instancias, particularmente desde personas concretas ligadas al Archivo Nacional y a la Universidad de Costa Rica, pero de la receptividad del arzobispo a estas propuestas dan fe no solo los testimonios de estas personas sino también el interés que hacia el Archivo tuvieron el arzobispo, su obispo auxiliar (Antonio Troyo Calderón) y el canciller (Carlos E. Balma Alfaro, José Manuel Garita Herrera), tal y como puede apreciarse en su correspondencia con el gobierno, con el Archivo Nacional, con multitud de instancias y de personas y con el propio responsable del Archivo Eclesiástico, cuyo desarrollo siguieron de cerca.

En estos años y de hecho en los siguientes el archivo continuó contando con personal propio, integrado al igual que en la década de 1970 por un responsable (puesto que recibió en estos años diversas denominaciones: director, coordinador, supervisor y finalmente jefe de Archivo) y por dos, tres o incluso cuatro personas más como auxiliares del primero.

El puesto de responsable varió mucho durante estos primeros años del episcopado de Mons. Arrieta hasta la llegada de Marvin Vega Blanco en 1983. En 1979 Marco Salas seguía estando al frente del Archivo128; en diciembre de 1980 fue nombrado el licenciado Fernando Quirós Solano, quien renunció días después129; entre febrero y diciembre de 1981 este puesto lo desempeñó Ricardo Ignacio Vargas Durán130 y Carlos Eduardo Garita Arce durante 1982131. Ninguna de estas personas debió de tener una formación especialmente afín al Archivo, pero a diferencia de Marco Salas los responsables del Archivo a partir de 1981 tuvieron dedicación exclusiva al mismo. El equipo de dos o tres auxiliares que colaboró con estas personas no tenía tampoco ninguna especialización132.

Todos estos responsables del Archivo Eclesiástico presentaron a su llegada su proyecto para el mismo, proyectos que manifiestan tanto las carencias que entonces presentaba el archivo como los deseos de mejorar. Quizás el informe más completo y expresivo sea el que presentó Marvin Vega Blanco el 4 de mayo de 1983 con el título de “El Archivo Eclesiástico: Situación actual”133. El informe cifra el volumen del Archivo en ese entonces en 250 metros lineales de documentos, que carecían de cualquier instrumento de descripción más allá de algunos índices de libros sacramentales. Los investigadores compartían su espacio de trabajo con el personal del Archivo y en ocasiones gozaban de tal familiaridad que accedían al espacio de depósito documental para tomar los documentos ellos mismos134. Los documentos estaban instalados en estantes de metal, “pero existe mucha [documentación] sin ordenar que está sobre mesas”. Esta instalación de los libros sobre mesas la encontró Eduardo Fournier en su primera visita al Archivo en los años de 1970135 y también el anterior responsable del archivo, Carlos Garita, quien manifestaba en un informe fechado el 1 de diciembre de 1982 que a su llegada al archivo “existía una serie de documentación todavía sin ordenar que se encontraba en mesas y gavetas”136. El informe de Marvin Vega Blanco indica que algunos documentos contaban ya con cajas de conservación.

Esta situación de carencias y deseos de mejora pudo ser canalizada por un pequeño número de personas que desde otras instancias (Archivo Nacional, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional) tuvieron la disposición y la oportunidad de aportar sus conocimientos para revertir la situación. De estas personas, Eduardo Fournier García fue quizás quien de forma más permanente y estrecha estuvo ligado al Archivo de la Curia.

Eduardo Fournier García obtuvo su Licenciatura en Historia en 1976 con la tesis Un análisis histórico demográfico de la Parroquia de San Ramón: 1850-1900, circunstancia que le llevó a visitar el Archivo Eclesiástico por primera vez (Jaén, 2008, p. 16; comunicación personal, 28 de abril de 2015), en 1979 cursó estudios de Archivística en la Escuela Nacional de Documentalistas de Madrid y entre 1980 y 1988 fue coordinador de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (Jaén, 2008, pp. 16 y 19).

Eduardo Fournier contribuyó decisivamente al desarrollo del Archivo de la Curia al menos de cuatro formas complementarias137.

Por una parte, impulsó junto con Luz Alba Chacón León y la diputada Niní Chinchilla Orozco la Ley 6475 por la que se autorizó al Gobierno de la República a financiar al Archivo de la Curia mientras se mantenga abierto al público. Si consultamos el expediente de esta ley138, vemos que se trató de una iniciativa de la diputada Niní Chinchilla Orozco, quien además de diputada era docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica139 y sabía de la importancia del Archivo Eclesiástico para la investigación. El proyecto fue tramitado con el número de expediente 8706 a partir del 15 de mayo de 1980, siendo sancionado el 25 de septiembre y publicado en la Gaceta el 15 de octubre de ese mismo año.

En su propuesta inicial dirigida a los diputados, la diputada Chinchilla Orozco argumentaba que “el Archivo de la Curia Metropolitana de San José es una de las fuentes más ricas que el país tiene en materia de documentación histórica”, pero que en ese momento permanecía cerrado al público, debido “quizás, a que hasta hace poco tiempo hubo alguna renuencia de parte de las autoridades eclesiásticas para que brindara un servicio público, pero, sobre todo, a que ni la sede actual, ni las características técnicas, son satisfactorias”. Es un hecho que durante la década de 1970 el archivo recibió investigadores, pero también que estos manifestaron con frecuencia dificultades debido a la falta de organización de los fondos documentales, a la inexistencia de instrumentos de descripción e incluso a restricciones injustificadas en el acceso a los documentos. Para superar esa situación y abrir el archivo plenamente al público la diputada Chinchilla Orozco proponía remodelar las instalaciones del archivo (local, equipo, mobiliario, materiales) e invertir en personal especializado formado en la Carrera de Archivística que entonces ofrecía la Universidad de Costa Rica, empezando con la contratación de dos personas, todo ello financiado por el Estado y dejando abierta la posibilidad de en un futuro aumentar el personal especializado del Archivo: “Por vía del Presupuesto Nacional pueden crearse, en el futuro, las plazas que de acuerdo con los estudios técnicos requiere el Archivo”. La diputada cita en su propuesta el apoyo expreso y decidido al proyecto por parte del arzobispo de San José. En el expediente legislativo se incluyeron dos cartas del arzobispo Arrieta a Niní Chinchilla en ese sentido e incluso la propia diputada cuenta cómo al producirse el nombramiento de Arrieta como arzobispo de San José, conocedora de las dificultades que se estaban dando para investigar en el archivo, solicitó una reunión con el arzobispo y obtuvo su respaldo al proyecto.

La propuesta se apoyaba en un informe preliminar firmado por Eduardo Fournier y Luz Alba Chacón, ésta última a la sazón funcionaria del Archivo Nacional140 y docente del Diplomado de Archivo Administrativo de la Universidad de Costa Rica (Jaén, 2010), informe que había sido elevado a la diputada el 4 de febrero de 1980. Consideraban los autores del informe que el Archivo de la Curia Metropolitana forma parte del Patrimonio Histórico Nacional y en consecuencia debía ser tratado de acuerdo a las técnicas archivísticas más actualizadas, contando para ello con el apoyo del Estado tanto en el aspecto económico como en el técnico.

Según el informe, el archivo alcanzaba entonces los 200 metros lineales de documentos y había elaborado ya 200 000 fichas con índices de libros sacramentales, careciendo de cualquier otro instrumento de descripción. Se encontraba instalado en el segundo piso del edificio de la Curia Metropolitana, en un salón que era al mismo tiempo depósito documental y espacio de trabajo para personal laboral del Archivo y para investigadores. El informe consideraba necesario la remodelación del local (entre otras razones por la excesiva luminosidad que penetraba a través de enormes ventanales) y la adquisición de equipo, material y mobiliario (estantería metálica, ficheros, archivadores, una planoteca, dos mesas de trabajo, una máquina de escribir, un lector de microfilm, carritos para trasladar documentos, una fotocopiadora y al menos dos extintores de polvo químico, además de fichas, carpetas, cajas...). Insistía en la necesidad de elaborar una guía del archivo e inventarios, catálogos e índices y recomendaba la contratación de personal especializado para llevar a cabo el proyecto. Finalmente, el informe incluía un presupuesto detallado de todo lo anterior.

El proyecto fue discutido por la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobado por unanimidad de sus miembros y finalmente rubricado por el presidente Rodrigo Carazo y Marina Volio como ministra de Cultura, Juventud y Deporte.

Poco después de este primer gran logro, a partir del 27 de agosto de 1981 Eduardo Fournier introdujo en el Archivo Eclesiástico a un alumno suyo, José Bernal Rivas Fernández, con la finalidad de que éste realizara su tesis de licenciatura en Historia mediante una propuesta de organización del propio archivo141. La tesis, con el título de El Archivo de la Curia Metropolitana. Hacia un modelo de archivo eclesiástico, fue dirigida por Eduardo Fournier y presentada en 1983. Desde entonces constituyó el modelo para la tan ansiada organización archivística del Archivo Eclesiástico, modelo que fue efectivamente implementado en los años siguientes142. En su tesis de licenciatura, Rivas Fernández (1983) propone un plan de clasificación, indica los sistemas de ordenación y los instrumentos de descripción más adecuados y defiende la conveniencia de centralizar en este archivo los fondos parroquiales y de otras instituciones eclesiásticas, así como la necesidad de que este modelo sea implementado por personal especializado.

En tercer lugar, Eduardo Fournier introdujo también en el Archivo de la Curia como responsable del mismo a otro alumno suyo, Marvin Vega Blanco, llamado a implementar ese programa de modernización durante el largo periodo transcurrido entre 1983 y 2011. Marvin Vega Blanco se incorporó al Archivo de la Curia en el 1 de enero de 1983 en calidad de jefe del mismo. Precisamente en 1983 obtuvo el título de Diplomado en Archivo Administrativo que se impartía en la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica (germen de la actual Carrera de Archivística), en 1985 participó en un Curso de Administración de Archivos Históricos organizado en Madrid y años más tarde (2001) obtuvo la Licenciatura en Historia, siendo desde su inicio en el Archivo su primer responsable con formación especializada y atinente al puesto que ocupó.

Finalmente, Eduardo Fournier desarrolló desde los inicios del episcopado de Mons. Arrieta una labor de asesoría al archivo, ostentando la posición de asesor ad honorem desde 1982 (Jaén, 2008, p. 20) y ejerciendo esa labor de asesoría de forma continuada durante toda la etapa de Marvin Vega Blanco como jefe del Archivo.

En esta labor de asesoría jugó y ha jugado un papel muy relevante el Archivo Nacional, al menos desde 1980 según se menciona expresamente en el nombramiento de Fernando Quirós Solano como director del Archivo Eclesiástico143.

Ya desde 1982 y durante 1983 trabajó un equipo asesor integrado por representantes del Archivo Nacional (Luz Alba Chacón y Guiselle Godínez Mora, entre otros), la Carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica (Eduardo Fournier y José Bernal Rivas), la Universidad Nacional (Sandra Chavarría, Miguel Picado) y la propia Curia Metropolitana (Carlos Enrique Balma como canciller y el responsable del Archivo144), quienes durante 1983 realizaron sucesivas visitas al Archivo, se reunieron con su responsable (Marvin Vega) y elevaron un informe al arzobispo145.

La asesoría y apoyo del Archivo Nacional se ha mantenido a lo largo del tiempo146 y sin duda el acompañamiento de Eduardo Fournier ha sido constante hasta el año 2011.

En estos años iniciales del arzobispado de Román Arrieta tuvieron lugar dos convenios de colaboración que han tenido mucha transcendencia en el desarrollo posterior del archivo. Me refiero a la microfilmación de los libros sacramentales y a la catalogación de la agrupación documental conocida como Fondos Antiguos.

La microfilmación de los libros sacramentales del archivo fue realizada por la Sociedad Genealógica de Utah entre 1980 y 1981. Como antecedente de este proyecto, cabe mencionar que el 9 de junio de 1979 se había firmado un convenio entre la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y la Arquidiócesis de San José para la microfilmación de dichos libros sacramentales en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. En ese convenio se acordó que la Curia Metropolitana recibiría el original microfilmado, quedando una copia en poder de la Academia, quien además se obligaba a sufragar los gastos derivados de la microfilmación147. El proyecto debió sin duda de iniciarse, dado que existe un documento sin fecha, pero autorizado por Marco Salas, en el que consta la entrega al departamento de microfilmación de la Caja Costarricense de Seguro Social de los libros 6 y 7 de defunciones de Cartago148. Además, del informe presentado por Eduardo Fournier y Luz Alba Chacón antes citado se deduce que a la altura de febrero de 1980 todavía la Academia de Genealogía estaba microfilmando los libros sacramentales del Archivo. No obstante, este proyecto no debió de tener continuidad, por razones que desconocemos.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 1980, se firmó un nuevo convenio en el mismo sentido, pero esta vez con la Sociedad Genealógica de Utah. El 20 de noviembre de 1981 la Sociedad Genealógica de Utah informó a la Curia Metropolitana de la finalización del proyecto, con la completa microfilmación de los libros sacramentales fechados hasta la década de 1930 de la Arquidiócesis de San José, la Diócesis de Alajuela y el entonces Vicariato Apostólico de Limón (no se microfilmaron los libros de las parroquias de San Joaquín de Flores y San Rafael de Zarcero, pertenecientes a la diócesis de Alajuela, ni de las parroquias de la diócesis de San Isidro del General). Una copia del microfilm fue entregada al Archivo149.

Poco después, en octubre de 1982, se firmó un convenio entre la Universidad Nacional y la Curia Metropolitana para la catalogación de documentos del Archivo Eclesiástico, proyecto que se inició en noviembre de ese año150 y se materializó en la catalogación de las primeras 80 cajas de Fondos Antiguos. Este Catálogo fue publicado progresivamente entre 1985 y 1998 en un total de 8 volúmenes (conteniendo cada uno el catálogo de 10 cajas). La coordinación del proyecto correspondió a Sandra Chavarría Jiménez, entonces profesora de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Se contó además con la participación del sacerdote Miguel Picado Gatjens, director de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de esa Universidad (Durand, 2014).

Junto a estos convenios, fue muy importante la colaboración desde principios de los años de 1980 de la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica a través del proyecto de trabajo comunal universitario “Asesoría en la organización técnica de archivos públicos y privados”, el cual permitió que estudiantes del Diplomado en Archivo Administrativo, del Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales y del Bachillerato en Historia colaboraran con el Archivo en la organización y descripción de determinados conjuntos documentales, tal y como recordaba José Bernal Rivas Fernández en 1993 (Rivas, 1993).

5. CONCLUSIONES

Como conclusiones, podemos resumir algunos puntos ya tratados por extenso a lo largo de este estudio acerca de los distintos valores que ha tenido el archivo a lo largo de su existencia, del personal que se le ha dedicado, de sus distintas sedes y de las personas e instituciones que en distintos momentos han tenido un papel decisivo (para bien) en el desarrollo del archivo.

El actual Archivo Histórico Arquidiocesano ha sido en su origen y durante mucho tiempo un archivo con exclusivo valor administrativo para sus propias entidades productoras: la Vicaría Foránea de Cartago, la Curia diocesana, las parroquias, la Catedral, valor que ha mantenido a lo largo del tiempo. A partir del episcopado de Bernardo Augusto Thiel el archivo ha sido usado además como fuente para la investigación histórica, pero en ese momento y durante las décadas siguientes de forma muy principal por un contado número de usuarios. El Archivo Eclesiástico fue depositado en el Seminario durante los primeros años del episcopado de Rodríguez Quirós, desapareciendo temporalmente su papel de servicio a la institución productora y a la sociedad. A raíz de su recuperación, se pretendió ponerlo a disposición del público interesado, iniciándose así un acceso más abierto por parte de investigadores, que no obstante seguían solicitando autorización por escrito a las autoridades de la Curia y encontraban grandes dificultades prácticas en el acceso a los fondos. En los primeros años del episcopado de Román Arrieta el archivo, con el respaldo del Estado a través de la Ley 6475, se abrió netamente al público, adquiriendo un nuevo valor como patrimonio común de la sociedad, al que toda persona interesada debe tener acceso.

Nuestro archivo se ha caracterizado a lo largo de la mayor parte de su existencia por sus evidentes carencias en recursos y personal. Solo se ha podido documentar dedicación de personal al Archivo durante la Vicaría Capitular de Domingo Rivas; durante el episcopado de Thiel, en tareas de organización, indización, encuadernación y copia de documentos; y, muy posteriormente, durante la segunda mitad del episcopado de Rodríguez Quirós, siempre a un nivel muy modesto y sin personal cualificado. Se ha constatado en estos casos que este personal compatibilizó su trabajo en el Archivo con otras obligaciones en la Curia. Cabe destacar que en el episcopado de Mons. Rodríguez aparece la figura, dependiente del canciller de la Curia, del responsable del Archivo (con denominaciones cambiantes en el periodo estudiado: administrador, director, coordinador, supervisor y finalmente jefe).

Es en los primeros años del episcopado de Román Arrieta cuando cuaja un proyecto de apertura y modernización del Archivo, lo cual implicó su profesionalización, adquiriendo entonces el Archivo una orientación que se ha mantenido hasta la actualidad. En ese proyecto de apertura y actualización metodológica el archivo contó con el apoyo expreso del arzobispo y de sus más cercanos colaboradores, de la Universidad, del Archivo Nacional y del propio Estado, ello en el entendido de que el Archivo Eclesiástico “forma parte del Patrimonio Histórico Nacional”, en palabras de Eduardo Fournier y Luz Alba Chacón en el informe que acuerpó el proyecto de la Ley 6475 de 25 de septiembre de 1980, por el que se dotó al Archivo de financiación pública.

La concentración de documentos en el Archivo Eclesiástico ha sido una constante en la Historia diocesana de San José, respaldada por toda una serie de disposiciones legales diocesanas, como fueron el decreto de 13 de agosto de 1881, los estatutos sinodales de 1924 y 1944, la circular de 17 de abril de 1969 y finalmente, ya fuera del marco temporal de este estudio, el decreto de 9 de diciembre de 1994 promulgado por Román Arrieta Villalobos, que estableció la transferencia de los documentos parroquiales y de otras instituciones arquidiocesanas con valor científico-cultural y 50 o más años de antigüedad. Junto a esta legislación, se ha dado una práctica centralizadora de fondos documentales en el actual Archivo Histórico Arquidiocesano, materializada en el traslado del archivo de la Vicaría Foránea de Cartago en octubre de 1852 y en la concentración de fondos parroquiales desde la época de Thiel.

Fruto de esta larga tradición centralizadora, a la altura de 1993 el Archivo de la Curia Metropolitana conservaba los libros sacramentales de las parroquias (las series documentales parroquiales más representativas) hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX, contando con algunas series de libros sacramentales que excepcionalmente llegaban hasta principios del siglo XX (El Archivo Eclesiástico, 1993, p. 2). Los archivos de las parroquias creadas a partir del episcopado de Anselmo Llorente y Lafuente, I obispo de San José, en general se conservaban todavía en sus lugares de origen.

En los primeros años de la década de 1990 (Fournier, 2004, p. 234), antes incluso del decreto de 9 de diciembre de 1994 arriba mencionado, se puso en marcha por parte del Archivo una política activa y sistemática de concentración de fondos parroquiales, política que ha tenido continuación en el tiempo hasta el día de hoy, de forma que en la actualidad nuestro Archivo sobrepasa el centenar de fondos parroquiales, con series documentales que llegan hasta fechas próximas a nuestros días. El decreto de 1994 posibilitó además la transferencia del fondo de la Catedral Metropolitana el 15 de enero de 1996 (Archivo Histórico Arquidiocesano, 2018). De este modo, el Archivo Histórico Arquidiocesano se ha configurado como un archivo pequeño en cuanto a volumen de documentos, pero de cierta complejidad por albergar una pluralidad de fondos procedentes de diversas instituciones.

En cuanto a su ubicación física, el Archivo tuvo una primera sede estable en el segundo piso del edificio de la Curia diocesana, permaneciendo allí desde 1888 hasta el año 2000, con la excepción de los años en que estuvo “recluido” en el seminario durante una parte de la década de 1960, con motivo de la remodelación del edificio de la Curia. El 13 de noviembre del 2000, en presencia del presidente de la República, del nuncio, del arzobispo y demás autoridades de la Curia Metropolitana, tuvo lugar la inauguración del actual edificio con el nombre de Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel, edificio que cuenta con espacios adecuados e independientes para la atención de usuarios, oficinas administrativas y depósitos documentales (Durand, 6 de diciembre de 2013).

Finalmente, hemos visto que el desarrollo de nuestro Archivo ha estado ligado, como no podía ser menos, al interés que se han tomado por él determinadas personas en determinados momentos de su Historia. Sanabria daba el título de fundador del Archivo a José Gabriel del Campo, vicario capitular desde el 2 de febrero de 1851 de la recién creada Diócesis de San José. Ciertamente a él le tocó iniciar el fondo documental diocesano y entregarlo diligentemente, bajo inventario, a las nuevas autoridades de la Curia diocesana en enero de 1852.

Entre febrero de 1851 y octubre de 1852, el catedrático José María García dio su primera organización a una parte del archivo de la Vicaría Foránea.

Bernardo Augusto Thiel tuvo en relación con nuestro Archivo un papel descollante en muchos aspectos: Impidió el traslado de los fondos documentales históricos de las parroquias y de la Vicaría Foránea de Cartago al recién creado Archivo Nacional en agosto de 1881, días después decretó la concentración de los fondos parroquiales anteriores a 1801 en el Archivo Eclesiástico, dotó al Archivo de su primera sede estable en 1888, le dedicó personal y recursos materiales y le dio una nueva dimensión como fuente para la investigación histórica.

Víctor Sanabria Martínez, primero como estrecho colaborador del I arzobispo de San José, Rafael Otón Castro (1921-1939) y luego como II arzobispo de San José (1940-1952), llegó a ser uno de los mejores conocedores, usuarios y expositores del contenido documental del Archivo. Fue consciente de la necesidad de tratar los documentos según la metodología archivística, pero no consta cuál pudo ser la labor promovida por él en ese sentido.

Román Arrieta Villalobos, V arzobispo de San José, recibió y respaldó un proyecto de apertura y modernización del Archivo Eclesiástico, proyecto que contó con su expreso y decidido apoyo y cuyos frutos llegan hasta el día de hoy. Este proyecto le fue propuesto desde instancias académicas, como fueron la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y su Sección de Archivística, junto con la Universidad Nacional en cuanto al impulso que dio a la tan necesitada elaboración de instrumentos de descripción que permitieran el acceso efectivo de los investigadores a los documentos del Archivo, y contó con la generosa colaboración del Archivo Nacional.

Imagen 5. Autoridades de la Curia Metropolitana en la antigua sede del Archivo Nacional151

Fuente: Archivo Histórico Arquidiocesano.

6. SIGLAS

AHABAT: Archivo Histórico Arquidiocesano Monseñor Bernardo Augusto Thiel.

ANCR: Archivo Nacional de Costa Rica.

FA: Fondos Antiguos.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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1 El 21 de noviembre de 1849 el obispo de León, Jorge Viteri Ungo, elevó nuestra Vicaría Foránea a la categoría de Vicaría General (Sanabria, 1972, pp. 23-24).

2 Archivo Histórico Arquidiocesano Bernardo Augusto Thiel (en adelante AHABAT)-Fondos Antiguos (en adelante FA)-20-folios 1-2.

3 Código de Derecho Canónico (1945). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

4 Código de Derecho Canónico (1984). Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A.

5 AHABAT-FA-49-folio 51f, B.

6 AHABAT-FA-49-folios 51f, B, y 51v, C. Finalmente le sustituyó el Pbro. Rafael del Carmen Calvo, párroco de Cartago, en 1844 (Sanabria, 1972, p. 23).

7 AHABAT-FA-67-f. 156.

8 José Gabriel del Campo fue por tanto vicario foráneo hasta 1844 y vicario capitular en 1851.

9 AHABAT- FA-80-f. 27.

10 AHABAT-FA-81-f. 1V-n° 3.

11 AHABAT- FA-83-2, f. 14.

12 AHABAT- FA-59-f. 431.

13 AHABAT- FA-81-f. 48-n° 108.

14 AHABAT- FA-80-f. 148.

15 AHABAT- FA-71-fs. 426-427 y FA- 81-f. 50v-n° 10.

16 AHABAT- FA-83-2-f. 17v.

17 AHABAT- FA-69-f. 270.

18 AHABAT- FA-71-fs. 426-427.

19 AHABAT- FA-83-2-f. 53f.

20 AHABAT- FA-83-2-f. 14.

21 AHABAT- FA-80-f. 178.

22 AHABAT- FA-81-f. 63V-n° 38.

23 AHABAT- FA-71-f. 411.

24 AHABAT- FA.83-2-55f.

25 AHABAT- FA-71-f. 413.

26 AHABAT- FA-83-2-fs. 57v a 58f.

27 AHABAT- FA-80-f. 33.

28 Colección Arthur E. Gropp (1902-1997). Library Survay Papers Collection 121. The Latin American Library. Tulane University.

29 AHABAT- FA-70-fs. 84 a 89.

30 AHABAT- FA-81-f. 48-n° 108.

31 AHABAT- Acuerdos-3-f. 45-asiento 59.

32 AHABAT- FA-169-f. 110.

33 AHABAT- FA-207-2-f. 104.

34 AHABAT- FA-245-f. 375.

35 Consultado en el repertorio de legislación archivística existente en la web del Archivo Nacional de Costa Rica (Marco jurídico: Decretos): https://www.archivonacional.go.cr/pdf/normativa/decreto25.pdf

36 AHABAT-Circulares-7-5.

37 AHABAT- FA-284-f. 72.

38 AHABAT- FA-178-f. 46.

39 AHABAT- FA-284-fs. 53, 55-58, 72, 77, 91, 111 y 113.

40 AHABAT-Circulares-7-5.

41 AHABAT- FA-284-f. 55.

42 AHABAT- FA-274-f. 55.

43 AHABAT-FA-284-fs. 56-58.

44 AHABAT-FA-284-fs. 53, 55, 72, 77, 91, 111 y 113.

45 AHABAT- FA-286-1-fs. 52 a 53-doc. 67.

46 AHABAT- FA-178-f. 46.

47 Constan, por ejemplo, las contestaciones dadas a los gobernadores de Alajuela y Puntarenas por parte de los respectivos párrocos, fechadas el 1 y el 2 de agosto: Archivo Nacional de Costa Rica (en adelante ANCR)-Ministerio de Hacienda-6771.

48 AHABAT-FA-284-f. 55.

49 AHABAT- FA-286-1-fs. 55 a 56-doc. 70.

50 AHABAT- FA-275-1-fs. 81 a 84.

51 Así lo manifiesta, por ejemplo, la correspondencia del gobernador de Puntarenas entre los días 2 y 17 de agosto (ANCR-Ministerio de Hacienda-6771).

52 ANCR-Ministerio de Hacienda-6667-2.

53 Para la problemática de la vivienda de Thiel hasta 1884 pueden consultarse en el Archivo Histórico Arquidiocesano los documentos FA-269-f. 108 y FA-274-fs. 58, 61 y 177.

54 AHABAT-FA-420-1: Libro Primero de Cuentas Privadas, folios 4 vuelto, 13 vuelto y 15 recto, asientos contables de 17 de abril, 26 de noviembre y 10 de diciembre respectivamente.

55 AHABAT-FA-408 (27 de octubre de 1894).

56 AHABAT-Expedientes matrimoniales Curia-61-f. 94.

57 AHABAT-FA-Documentos sueltos-16-1-fs. 39 y 145.

58 AHABAT-Acuerdos-4-f. 64-asiento 30

59 Enrique Reichel falleció en 1898 (Hilje y Torres, 2019).

60 Carecemos de datos para el periodo 1892-1895, pues el libro 6 llega hasta 1891 y el 7 empieza en 1896.

61 AHABAT-Cuentas-Curia-6-36-138.

62 Id. 318-417, 429-165 y 449-272.

63 AHABAT-Cuentas-Curia-7: 16-56, 32-154, 51-272 y 153-253.

64 Id. 29-138.

65 Id. 405-510.

66 Id. 499-384, 500-393 y 555-665.

67 AHABAT-FA- 421-fs. 72-73.

68 AHABAT- FA-413-fs. 372 a 373.

69 AHABAT-FA-402-2-f. 220.

70 AHABAT-FA-389-f. 371.

71 Citemos en primer lugar su obra Datos cronológicos para la Historia Eclesiástica de Costa Rica, publicada en diversas entregas en “El Mensajero del Clero” a partir del 30 de noviembre de 1896 hasta su fallecimiento, proyecto continuado posteriormente por su sucesor en la diócesis de San José, Juan Gaspar Stork, a partir de los materiales que dejó preparados Mons. Thiel, y posteriormente por el sacerdote Víctor Sanabria Martínez. Al poco de fallecido Mons. Thiel, en 1902 se publicó la Revista de Costa Rica en el siglo XIX, que contenía dos trabajos de Thiel: “Monografía de la población de Costa Rica en el siglo XIX” y “La Iglesia Católica de Costa Rica durante el siglo XIX” (Sanabria, 1982, pp. 555-557).

72 AHABAT-Acuerdos-4-f. 64-asiento 30.

73 AHABAT-FA-284-f. 330.

74 AHABAT-FA-286-2-f. 136-n° 268.

75 AHABAT-FA-429-f. 347, n° 466.

76 Por ejemplo, en 1880 en su visita canónica al Curato del Sagrario (Herrera, 2009, p. 52-53); y nuevamente en 1897 (AHABAT-FA-263-f. 9).

77 AHABAT-FA-195-fs. 195 a 197.

78 Entre otras obras, Eladio Prado es autor de Nuestra Señora de Ujarrás (publicada en 1920), La orden franciscana en Costa Rica (1925), Juan Santamaría y el libro de defunciones de la Campaña Nacional (1926), Monografía del Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles (1927) y Algunos de los fundadores de Heredia (1935). Falleció en 1941 (Cabezas, 2005, pp. 386-387).

79 AHABAT-Castro-16-folder sin número-f. 10, punto IV; AHABAT-Circulares-5-4-1 y 5-19-1.

80 Statuta synodalia Archidioecesis Sancti Iosephi in Costa Rica (1944).

81 AHABAT-Castro-22-año 1929-f. 3.

82 El nombramiento de Sanabria como obispo de Alajuela trajo consigo una importante reorganización de la Curia, que quedó con solo dos autoridades: Alfredo Hidalgo como vicario general de la Arquidiócesis y oficial de la Curia y Claudio Bolaños como tesorero general, secretario del Arzobispado, cancelario y notario mayor de la Curia Metropolitana (AHABAT-Circulares-4-7-1).

83 AHABAT-Castro-22-año 1929-fs. 50 y 72.

84 AHABAT-Castro-29-año 1934-f. 125.

85 AHABAT-Castro-15-8-fs. 10 y 11.

86 AHABAT-Castro-29-1935-f. 70. Recordemos que la Parroquia Nuestra Señora de Ujarrás fue trasladada de su primitivo lugar a la actual población de Paraíso en 1832, y con ella se trasladó naturalmente su archivo, que data desde principios del siglo XVIII

87 AHABAT-Castro-24-3-f. 183; Castro-29-1934-f. 125; Castro-32-1936-fs. 14, 15, 30, 43-44.

88 AHABAT-Castro-25-7-f. 3 y siguientes.

89 AHABAT-Castro-16-11-f. 26.

90 Biblioteca de Autores Cristianos, 1945.

91 AHABAT-Castro-25-3-f. 60.

92 AHABAT-Castro-28-8-f. 45.

93 AHABAT-Sanabria-51-1-fs. 4 y 36.

94 AHABAT- Sanabria-68-2-f. 136.

95 AHABAT-Sanabria-42-5-fs. 18 y 24.

96 AHABAT-Sanabria-47-7-f. 38.

97 Ricardo Blanco Segura utilizó fuentes documentales del Archivo Eclesiástico para su Historia eclesiástica de Costa Rica, publicada en 1967, pero cuyo prólogo data de 1959, y para su obra sobre historia del seminario de San José, cuya primera versión la escribió en la década de 1950 (Blanco, 1981, pp. 11-12). Posteriormente, Carlos Humberto Rodríguez Quirós, IV arzobispo de San José, le facilitó amplio acceso al archivo (Blanco, s.f., p. 258).

98 AHABAT-Castro-25-4-f. 16.

99 Gracias a la amabilidad de Christine Hernández, curadora de las colecciones especiales de The Latin American Library (Universidad de Tulane), hemos podido consultar los informes que Gropp recibió del vicario general y algunos documentos elaborados por él (Colección Arthur E. Gropp (1902-1997). Library Survay Papers Collection 121. The Latin American Library. Tulane University).

100 AHABAT-Castro-16-14-f. 52.

101 Ernesto Quirós Aguilar.

102 AHABAT-Odio-98-septiembre de 1956-f. 4.

103 AHABAT-Actas Curia Metropolitana-1-f. 8-art. 3.

104 AHABAT-Odio-101-9-f. 7.

105 AHABAT-Circulares-6-10-doc. 1.

106 AHABAT-Actas Curia Metropolitana-1-fs. 11 y 12 (acta de 12 de julio de 1960).

107 AHABAT-Rodriguez-112-Folder 1962/1971-f. 56.

108 AHABAT-Actas Curia Metropolitana-1-f. 13. De ese modo se reunieron en el edificio del seminario tres grandes conjuntos patrimoniales impulsados por Bernardo Augusto Thiel a finales del siglo XIX, el Archivo Eclesiástico y la biblioteca y museo episcopales, dado que 12 de junio de 1950 Monseñor Sanabria había decretado ”encomendar al cuidado del Seminario Central todos los objetos del llamado Museo Episcopal”, así como los libros de la biblioteca episcopal que solicite el rector del seminario, ”debiendo custodiarse dichos libros en la Biblioteca del Seminario Central” (AHABAT-Acuerdos-11-f. 271-asiento 10).

109 AHABAT-Rodriguez-144-Correspondencia del arzobispo con varios (1960-1961).

110 AHABAT-Rodriguez-126-Relaciones Exteriores.

111 AHABAT-Rodriguez-126-Relaciones Exteriores.

112 Reglamento de operación del Archivo Arquidiocesano (sin fecha): AHABAT-Archivo-2-16-fs. 34 a 42. En este reglamento, firmado por Marco Salas como director del Archivo y por Carlos Gálvez como vicario general, después de subrayar la importancia de los documentos del Archivo Arquidiocesano, se afirma que “se ha comenzado en el año 1966 una labor encaminada a clasificar esta importante documentación”.

113 AHABAT-Archivo-2-1-fs. 1-3.

114 AHABAT-Archivo-2-14-f. 13.

115 Solo ha sido posible documentar el traslado de los documentos al seminario, aunque Quirós mencione “diversos lugares”.

116 Según disposición del Código de Derecho Canónico de 1917, canon 372.1, mantenida en el actual de 1983 (canon 482.1).

117 AHABAT-Rodriguez-112-Folder 1962/1971-f. 56.

118 AHABAT-Archivo-2-1 (correspondencia 1968-1981).

119 AHABAT-Acuerdos-14-f. 186-asiento 37.

120 AHABAT-Archivo-2-1-f. 10 (correspondencia 1968-1981).

121 El artículo 109 del IV Sínodo Diocesano menciona en su punto número 1 los documentos que componen el archivo parroquial, estableciendo en su punto tercero la transferencia de dichos documentos al Archivo Arquidiocesano cuando tengan más de 100 años de data.

122 AHABAT-Archivo-2-14-f. 13.

123 Mons. Rodríguez respondió a Benjamín Núñez concediendo el acceso a favor del grupo de investigadores representados por este último para investigar en “nuestros archivos eclesiásticos, en los altos de nuestra Curia Metropolitana, del mismo modo como desde que nos organizamos en ese lugar después de la reconstrucción del edificio permitimos a los estudiosos que puedan libremente hacer las consultas de estudio que desean para sus trabajos históricos” (AHABAT-Rodríguez-154-1977-abril a junio).

124 Así consta en el Reglamento de Operación del Archivo Arquidiocesano (AHABAT-Archivo-2-16-fs. 34 a 42) y en la correspondencia de esos años: AHABAT-Archivo-2-1 (correspondencia 1968-1981); AHABAT-Rodríguez-147-Correspondencia 1976. Esta fue también la experiencia del investigador Eduardo Fournier García cuando quiso acceder por primera vez al archivo para completar las investigaciones de su tesis de licenciatura en Historia (Comunicación personal, 28 de abril de 2015).

125 Consultaron el archivo para la realización de sus tesis de Licenciatura en Historia Di Luca Laurito (1973), Rosés Alvarado (1978), Matarrita Ruiz (1980) y Bolaños Villalobos (1981), exponiendo los tres últimos dificultades en la consulta de las fuentes del Archivo Eclesiástico.

126 AHABAT-Circulares-6-33-4 (fs. 12 a 13).

127 En el decreto de 24 de enero de 1981, la Curia Metropolitana quedaba encabezada por un obispo auxiliar y vicario general y compuesta por 4 departamentos (Central, Pastoral, Económico-financiero y Judicial), divididos a su vez en secciones encabezadas por un director. El Archivo Eclesiástico quedada integrado como una sección del Departamento Central, siempre bajo la dependencia del canciller. Esta estructura organizacional no se mantuvo sin cambios a lo largo del episcopado de Mons. Arrieta, tal y como puede apreciarse en el “Manual de organización de la Curia Metropolitana” aprobado por el arzobispo el 4 de agosto de 1997.

128 AHABAT-Archivo-2-14-f. 14.

129 Se le nombró el 9 de diciembre y presentó su renuncia el 15 del mismo mes (AHABAT-Troyo-38-7).

130 En la nómina de Directores Generales de Departamentos y Directores de Secciones de 1 de febrero de 1981 (anexo al decreto de reestructuración antes citado) figuran Ricardo Vargas Durán al frente del Archivo Eclesiástico y Marco Salas González al frente de la Oficina de Personal (AHABAT-Circulares-6-33-5 (fs. 14 y 15). Ver también AHABAT-Troyo-38-7.

131 AHABAT-Troyo-38-6 (sin foliar): Memorándum de 7 de octubre de 1982 dirigido a Carlos Eduardo Garita como jefe del Archivo Eclesiástico.

132 122 AHABAT-Troyo-38-7.

133 AHABAT-Archivo-2-17-fs. 1 a 11.

134 Esta misma situación se encontró Ricardo Vargas Durán al iniciar sus labores en el Archivo en 1981 (AHABAT-Troyo-38-7: Informe de labores de 19 de diciembre de 1981).

135 Comunicación personal, 28 de abril de 2015.

136 AHABAT-Archivo-2-11 (Informes de labores 1982-1992).

137 Puede consultarse una síntesis de la trayectoria del archivo en estos años en Fournier (2004), p. 233, y en Vega (2002), pp. 397-398.

138 Consultado en el sitio web de la Asamblea Legislativa (agradezco la guía del personal del Archivo de esa institución): http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaLeyes.aspx

139 Fue docente de la citada escuela hasta 1983, según información aportada por el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.

140 Directora General del Archivo Nacional desde enero de 1981.

141 AHABAT-Troyo-38-7.

142 AHABAT-Archivo-2-11 (Informes de labores 1982-1992).

143 Su nombramiento tenía carácter temporal y se extendería “hasta el momento en que entre en vigencia el nuevo ordenamiento, de acuerdo con los planes de reestructuración del Archivo, que se elaboran conjuntamente entre esta Curia Metropolitana, la Dirección General de Archivos Nacionales y el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes” (AHABAT-TROYO-7).

144 Carlos Garita en 1982 y Marvin Vega en 1983.

145 AHABAT-Archivo-2-11 (Informes de labores 1982-1992, para la comisión formada en 1982); AHABAT-Archivo-2-17-fs. 8 y 30 a 34 (para la comisión que funcionó durante 1983). Una comisión de similar composición se formó en 1987, rindiendo su informe el 27 de octubre de 1987 (AHABAT-Archivo-2-15-fs. 3 y 4).

146 Por citar algunos ejemplos, entre 1993 y 1994 se restauraron en el Archivo Nacional el primer libro de bautismos de Cartago y el primero de San José; en junio de 2001 el Archivo Nacional formuló un Plan Estratégico de Desarrollo Archivístico para el Archivo Histórico Arquidiocesano en el periodo 2001-2004; y en octubre 2002 entregó su informe de asesoría para el desarrollo de un proceso de automatización de los instrumentos descriptivos del mismo archivo eclesiástico.

147 AHABAT-Archivo-2-1 (correspondencia 1968-1982).

148 AHABAT-Archivo-2-14-f. 14.

149 AHABAT-Archivo-2-15-fs. 1 y 2. Posteriormente, entre 1993 y 1996, la Sociedad Genealógica de Utah llevó a cabo un segundo proyecto, microfilmando expedientes matrimoniales, índices de libros sacramentales y algunos libros sacramentales que no fueron microfilmados en el primer proyecto (Balma, 1996, p. 2).

150 AHABAT-Archivo-2-16-fs. 19 a 21.

151 De izquierda a derecha: Carlos Pacheco Ureña, restaurador del Archivo Nacional; Marvin Vega Blanco, jefe del Archivo de la Curia Metropolitana; Antonio Troyo Calderón, obispo auxiliar; José Manuel Garita Herrera, vicecanciller de la Curia Metropolitana; Carlos Enrique Balma Alfaro, canciller de la Curia Metropolitana; y Cecilia Arce González, jefa del Departamento de Conservación del Archivo Nacional (de espaldas, en primer plano).

152 Consultado en la Biblioteca Especializada de Archivística y Ciencias Afines del Archivo Nacional de Costa Rica con el título de Crónica del gobierno eclesiástico de Monseñor Dr. Carlos Humberto Rodríguez Quirós (signatura BG-HIS 0658).

Artículo arbitrado, sección CIENCIAS AFINES

Pablo Durand Baquerizo

Licenciado en Historia (Universidad de Oviedo) y Máster en Archivística (Universidad Carlos III de Madrid). Jefe del Archivo Histórico Arquidiocesano y docente de la Carrera de Archivística de la Universidad de Costa Rica. pablodurandbaquerizo@gmail.com | COSTA RICA.

Fecha de recepción: 05/06/2020

Fecha de aprobación: 24/09/2020